El 1 de marzo, Ngozi Okonjo-Iweala asume la dirección general de la de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Su gestión marca el inicio de un periodo de fortalecimiento de la autoridad supervisora del comercio global. Uno de los desafíos que le esperan es restablecer el órgano de resolución de diferencias de la OMC.
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Nací en Yokohama, Japón. He vivido en Suiza desde 1999. Obtuve un máster en relaciones internacionales en Ginebra. Soy jefa de la redacción japonesa de swissinfo.ch desde 2016. Anteriormente, trabajé para Asahi Shimbun en Naciones Unidas, en Ginebra, durante 15 años y sigo estrechamente la actualidad multilateral y suiza.
El pasado 15 de febrero, los 164 miembros de la OMC eligieron por consenso a Ngozi Okonjo-Iweal, que posee la doble nacionalidad nigeriana y estadounidense. Un apoyo unánime que fue posible tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Su predecesor, Donald Trump, había hecho todo lo necesario para paralizar la organización y evitar que los otros miembros de la OMC apoyaran la candidatura de la primera mujer de origen africano para encabezar este organismo.
Sin embargo, aún deben renovarse los jueces del tribunal de apelaciones del órgano de solución de controversias -un tema bloqueado por Washington desde la presidencia ObamaEnlace externo –para que la OMC asegure su transformación interna y recupere plena capacidad de operación.
«Tener una OMC fuerte es vital» para que exista una recuperación económica real después de la pandemia, declaró la directora general de la OMC el día de su nombramiento. La Dra. Ngozi, como prefiere que la llamen, jamás ha ocultado su deseo de mejorar el acceso de los países en desarrollo a la vacuna contra la COVID-19 y a las tecnologías médicas que permitan contrarrestar los efectos de la actual pandemia. Una visión que aún está lejos de lograr el consenso en el seno de la OMC.
Muchos Estados están a favor de hacer excepciones con respecto al uso de algunas patentes que solicitan oenegés como Médicos Sin Fronteras (MSF), para que todo mundo tenga acceso a medicamentos de calidad a un menor costo. Pero hay países, entre ellos Suiza, que apoyan las empresas farmacéuticas y que consideran que el acuerdo de la OMC sobre el tema (ADPIC) es suficiente.
El acuerdo ADPIC se apoya en los sistemas multilaterales vigentes para proteger los derechos de propiedad intelectual de distintos sectores y contempla instrumentos internacionales para proteger la propiedad intelectual. Con ello, busca que las empresas privadas internacionales sigan invirtiendo en investigación, desarrollo e innovación de productos.
Antes de ser elegidaEnlace externo, Okonjo-Iweala citó un estudio académico reciente para advertir: Si los países ricos están completamente inmunizados para mediados de este año, mientras que los países pobres continúan privados de un amplio acceso a las vacunas, el costo para la economía global podría superar los 9 000 millones de dólares.
Para la nueva directora general, es imperativo reconstruir la OMC mientras todos los países se benefician de su experiencia. Propone superar los problemas que están debilitando el sistema del comercio multilateral, incluida la interrupción de las cadenas de suministro que ha provocado la crisis del coronavirus. Okonjo-Iweala también pretende contribuir a aliviar los conflictos entre países en desarrollo y países desarrollados, ya que la tensión global se ha agudizado con el estallido de la guerra comercial entre Pekín y Washington.
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Desde la creación de la OMC, en 1995, el desarrollo de las cadenas de valor globales ha permitido casi triplicar el volumen del comercio, que alcanzó los 18 billones de dólares en 2019.
Según las estadísticas y perspectivas comerciales publicadasEnlace externo por la OMC en octubre pasado, la caída del comercio mundial de mercancías en 2020 oscila entre el 13 y el 32%. Pero el volumen comercial podría repuntar al 7,2% en 2021, lo que se considera una «recuperación débil», según la OMC.
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Ante la proliferación de acuerdos bilaterales y regionales, la nueva directora general deberá relanzar un sistema comercial multilateral único con un sistema de solución de diferencias. Un desafío de envergadura en tiempos en los que muchos países se decantan por el «patriotismo económico».
Simon EvenettEnlace externo, profesor de comercio internacional y desarrollo económico en la Universidad de San Galo, explica a swissinfo.ch que Okonjo-Iweala está bien situada para defender un comercio abierto de vacunas y sustancias que las componen, así como para promover iniciativas comerciales y de salud a las que muchos miembros de la OMC probablemente querrán unirse: “Si tiene éxito en este tema, los Estados miembros verán el valor de la institución. Esto ayudará a reformar otras áreas de la OMC que también requieren cambios».
El profesor se refiere, sobre todo, a la regulación de la economía digital y a la integración de esfuerzos de orden climático en el trabajo cotidiano de la OMC. Simon Evenett añade que la experiencia africana de la directora será «muy valiosa» para un sistema comercial que ha sido predominantemente liderado por Occidente: «Los intereses de los países africanos atraerán más la atención».
Este enorme mercado, cuyo PIB regional ronda 2,5 billones de dólares, según cálculos de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (CEA), tiene un Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano (AFCFTAEnlace externo) desde mayo del 2019, que busca eliminar el 90% de los derechos de aduana sobre las mercancías. «Este acuerdo también contribuirá al comercio mundial si los países africanos integran sus economías y desarrollan su comercio», considera Simon Evenett. «Y la OMC puede brindar asistencia técnica a los países africanos para instrumentar sus políticas comerciales».
El presidente de la Confederación y responsable de la cartera de Economía, Guy Parmelin ha “felicitado a la nueva directora general por su elección al frente de la OMC. La Sra. Okonjo-Iweala cuenta con el apoyo de SuizaEnlace externo para mejorar el sistema comercial multilateral y reforzar la OMC como autoridad de referencia en política comercial”.
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Suiza gana uno de cada dos francos en el extranjero. De ahí su claro compromiso internacional por eliminar las barreras comerciales. Sin embargo, protege su sector agrícola con subvenciones y derechos de aduana a la importación de productos. Hasta ahora ha conseguido aplicar con habilidad las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y evitar una posible demanda.
Suiza es uno de los países que más apoyan su agricultura, una política que es fuente de controversia en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La ley Federal para la Importación y Exportación de Productos Agrícolas Transformados, conocida como ‘ley chocolatera’ –que reglamenta las subvenciones a la industria alimentaria exportadora– es un buen ejemplo de ello.
Suiza debe adecuar dicha ley al Acuerdo de Agricultura de la OMC, que prohíbe todo tipo de subsidios a las exportaciones para el año 2020. Actualmente, la Confederación Helvética subvenciona con 100 millones de francos a los exportadores de productos agrícolas transformados para asegurar que sean competitivos en el extranjero. Dichos fondos permiten compensar la diferencia que hay entre los precios de la leche y los cereales suizos, y los que prevalecen en el mercado internacional.
Oficialmente, el Gobierno helvético dice que está dispuesto a ceñirse a las nuevas reglas de la OMC, sabiendo que esto supone eliminar las subvenciones que hoy concede. Pero tiene claro que si estas ayudas desaparecen, más de un exportador de productos agrícolas transformados abandonará Suiza para establecerse en otro país. Por ello y para evitar un éxodo sin vulnerar las reglas del libre comercio, el ministro suizo de Economía Johann Schneider-Ammann ha propuesto una solución.
El reto del Gobierno es respetar el Acuerdo Agrícola de la OMC, pero apoyando al mismo tiempo a los agricultores y exportadores helvéticos. ¿Cómo? Suiza ha decidido exentar del pago de derechos aduaneros a las empresas que importan leche y cereales que serán transformados en Suiza para luego exportarlos. Y para ayudar a los campesinos, reemplazará las subvenciones por 100 millones de francos actuales a los exportadores por subsidios directos a los agricultores por 70 millones de francos, equivalentes a 3 centavos por litro de leche y kilo de cereal.
Y el Gobierno piensa ir más lejos aún porque ya hizo un llamamiento a las industrias concernidas a tomar medidas de “derecho privado”, como las llama, para financiar la brecha que existe entre los precios suizos y los internacionales con objeto de que los exportadores adquieran materias primas suizas a precios competitivos, en vez de buscarlas en el exterior.
¿Respetando las exigencias de la OMC?
Markus Ritter, presidente de la Unión de Agricultores Suizos, agricultor orgánico y diputado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), apoya la iniciativa del gobierno, pero exige que los campesinos reciban fondos por valor de 100 millones de francos y no de 70 millones.
Sin embargo, hay actores económicos que critican férreamente la propuesta del Ejecutivo por considerarla una nueva forma de ‘subvención encubierta’ a la agricultura. El diario ‘Neue Zürcher Zeitung’ (NZZ) denunció recientemente en sus páginas la “impostura suiza”. Una percepción que comparte Christian Häberli, investigador del Instituto de Comercio Mundial de la Universidad de Berna, y árbitro de la OMC en casos de controversias. Este especialista considera que la solución helvética viola las reglas de la OMC. Pero Markus Ritter le contradice: “No creo que se contravenga a la OMC. Más bien creo que el profesor Häberli no ha entendido la solución propuesta”.
Esencialmente, Ritter y Häberli están en desacuerdo sobre la naturaleza “privada” del mecanismo ideado por el Gobierno para apuntalar la industria lechera. Dicho de otra forma: ¿No se está obligado a los agricultores a ceder 3 centavos de subvenciones a los exportadores?, como opinan algunos expertos.
Markus Ritter lo niega: “La rama [exportadora de productos transformados] no recibirá dinero de los campesinos. Para cubrir agujeros, los compradores de leche se financiarán con sus propios ingresos, un fondo que les permitirá seguir vendiendo sus productos de exportación a precios competitivos. Pero la rama exportadora no tendrá subvención del Estado y tampoco será obligatorio participar en una solución de derecho privado. Es decir, la financiación de este sector será cubierto con recursos privados y voluntarios.
Contradicción
La ‘Interprofession du Lait (IP Lait)’, que aglutina a los productores, transformadores y comercializadores de leche en Suiza, publicó un comunicado en el que precisa que prevé la creación de dos fondos que serán financiados con contribuciones de los socios por un monto máximo equivalente a las aportaciones del Estado para apoyar a los agricultores.
Interrogado sobre las afirmaciones de Ritter y la contradicción que existe [ya que muchos campesinos son miembros de IP Lait y se verían obligados a aportar fondos], Stephan Kohler, de IP Lait, aclara que no existirá ningún vínculo automático entre el apoyo gubernamental y los fondos previstos por IP Lait.
Y añade: “Los agricultores serán libres de decidir si aportan o no dinero a estos fondos”. Sin embargo, los críticos de la medida aseguran que en la práctica no hay tal elección. El 80% de los productores de leche son miembros de asociaciones profesionales en donde también participa la industria transformadora de lácteos, así que se verán obligados a cumplir con los acuerdos que firmen estas asociaciones.
Para Christian Häberli, el reemplazo de la ‘ley chocolatera’ contraviene claramente a los principios de la OMC, según la cual “a partir de 2021, toda forma de subvención a la exportación respaldada por un gobierno queda prohibida, sin importar si los recursos provienen, o no, de los contribuyentes”.
Sin demanda, no hay persecución
Aún es una incógnita cómo reaccionará la OMC a la propuesta helvética. Pero es probable que Suiza no tenga mucho que perder, porque “sin demanda, ningún juez se ocupará de este asunto ante la OMC”, dice Häberli.
“Suiza podría pues seguir apoyando a los exportadores como en los tiempos de la ley chocolatera”, añade Häberli y refiere que esto ya sucede en la industria de la mantequilla. Este sector siempre ha intentado comercializar sus excedentes. Actualmente, el principal grupo productor de mantequilla en Suiza es Cremo, con sede en Villars-sur-Glâne (Friburgo). Y la compañía vende sus sobrantes gracias a la vigencia de un mecanismo parecido al que ahora propone el gobierno para rescatar a la industria lechera.
“El problema”, según el árbitro de la OMC, es que las víctimas de este tipo de políticas compensatorias no son solo los consumidores o los contribuyentes suizos, sino también los productores de leche de los países en desarrollo.
“Como la Unión Europea rechaza cualquier tipo de competencia desleal [dumping], Suiza ha buscado mercados en Turquía y Egipto, en donde los habitantes de las principales ciudades pueden disfrutar de mantequilla barata, mientras en el campo, los productores locales de mantequilla sufren al no poder competir con esos precios. Este es solo un ejemplo de las graves contradicciones que hay entre la política agrícola suiza y las políticas de países en desarrollo”, explica Häberli.
El presidente de la Unión de Campesinos Suizos, Markus Ritter, contraataca argumentando que en Suiza son los propios productores de mantequilla los que financian el fondo que abarata este producto en el extranjero. “Durante años hemos sido nosotros, los agricultores, los que hemos transferido recursos voluntariamente al fondo que apoya la exportación de mantequilla. Y no hay país en el mundo donde esté prohibido vender algo a bajo precio si es financiado de manera privada”.¿Adhesión obligatoria?
Felix Schläpfer, profesor de la Escuela Superior Especializada Kalaidos y miembro del consejo directivo de Vision Landwirtschaft –laboratorio de ideas que siempre ha sido crítico respecto a la política agrícola suiza– no es partidario de la solución presentada por Suiza. Considera que la ley chocolatera simplemente debe desaparecer. “Ya es tiempo de que los estadounidenses, los chinos y los rusos compren los productos suizos a su precio real. No son los contribuyentes suizos quienes deben subvencionar el consumo de bienes en el extranjero”.
El economista se dice sorprendido de que el Gobierno participe en una solución que, a su juicio, es “una medida de corporativismo autoritario”. Critica también la cercanía del Ejecutivo con las asociaciones agrícolas que suelen obligar a los campesinos a adherirse a sus filas. Y, en consecuencia, los presionarán para aportar recursos al fondo que busca proteger el sector lechero y las exportaciones de productos lácteos transformados.
Esta solución perjudica a Suiza en varios niveles porque golpea a los contribuyentes, pero también la imagen de la su agricultura y el medioambiente.
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