Suiza debe garantizar que las sanciones por actos de corrupción transnacional sean efectivas, proporcionadas y disuasorias: OCDE.
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El Grupo de Trabajo sobre la Corrupción de la OCDE reconoce los avances suizos contra la corrupción trasnacional pero advierte que la lucha debería acompañarse de la aplicación de sanciones más severas y de una mayor protección a los denunciantes en el sector privado.
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OECD says Switzerland needs to step up the fight against ‘foreign bribery’
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En su más reciente informeEnlace externo, divulgado este martes, el grupo de la Organización para la cooperación y el Desarrollo (OCDE/con sede en París) “acoge con beneplácito los importantes esfuerzos de investigación y enjuiciamiento del Ministerio Público de la Confederación. Suiza ha estado trabajando para luchar más activamente contra la corrupción transnacional”, señala el organismo.
Los resultados del estudio sobre la aplicación suiza de la Convención para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros e instrumentos conexos, asienta que desde la última evaluación en 2012, seis personas físicas y cinco morales han sido declaradas culpables y un buen número de casos de soborno transnacional son investigados.
En 2016 estaban en curso 137 procedimientos por lavado de dinero y soborno transfronterizo, en comparación con 24 en 2011.
Sin embargo, el Grupo de Trabajo considera que Suiza debería perseguir a las empresas de manera más vigorosas y aplicar sanciones más severas. Establece asimismo que los denominados “lanzadores de alerta” del sector privado, expuestos a juicios penales, deberían recibir protección tras sus denuncias.
El estudio precisa que si bien hay decisiones en Suiza que favorecen la persecución de la corrupción transnacional, algunas muestran una interpretación restrictiva de ese delito y de la responsabilidad de personas morales.
Recomendaciones
Por lo tanto, el Grupo hace una serie de recomendaciones a Suiza, entre las cuales:
Adoptar a la brevedad posible un marco normativo apropiado destinado a proteger contra cualquier acción discriminatoria y disciplinaria a los lanzadores de alertas en el sector privado.
Garantizar que las sanciones impuestas a individuos y empresas por actos de corrupción transnacional sean efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Asegurarse, de conformidad con la ley, una publicidad más amplia y sistemática de los casos de corrupción transnacional concluidos.
Adoptar a la brevedad posible la revisión actual de la ley que enmarca la asistencia judicial recíproca con el objetivo de eliminar ciertos obstáculos de procedimiento y formalizar la asistencia mutua dinámica.
El informe destaca los aspectos positivos de los esfuerzos transnacionales anticorrupción de Suiza. El Grupo de Trabajo también acoge con beneplácito la fructífera política suiza de incautación y confiscación, y enfatiza la participación activa de Suiza en la asistencia legal mutua y el uso de prácticas que la hacen más eficiente. En términos de detección de sobornos transnacionales, el Grupo de Trabajo enfatiza el papel desempeñado por MROS, la Unidad Suiza de Inteligencia Financiera.
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