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Respuesta de Berna en el litigio Philip Morris-Uruguay

Campaña antitabaco en las calles de Montevideo, en noviembre de 2010. Reuters

Según el Gobierno suizo, la demanda que ha interpuesto Philip Morris contra Uruguay ante un tribunal del Banco Mundial debe seguir el canal propuesto por la multinacional y transitar las reglas del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

Así responde el Consejo Federal a la pregunta formulada por la diputada socialista Marina Carobbio durante la sesión del Parlamento en diciembre.

La interpelación de la legisladora nacional incluía dos puntos. Por una parte, conocer la opinión del Ejecutivo sobre la querella iniciada por Philip Morris contra Uruguay. Y por otra, saber si el Consejo Federal estaría de acuerdo en completar o modificar el Tratado bilateral de protección de inversiones que suscribieron en abril de 1991 los dos países, para apoyar a Uruguay en su lucha contra el tabaquismo.

“Las inversiones internacionales revisten una importancia considerable para la economía suiza”, según el mensaje que acaba de publicar el Ministerio helvético de Economía en nombre del Gobierno.

Y recuerda que, con un volumen de inversiones directas en el extranjero que ronda los 866.000 millones de francos (en 2009), Suiza “se encuentra entre los más grandes exportadores de capitales del mundo”.

Esta realidad hace que la Confederación Helvética sea fuertemente tributaria de la seguridad jurídica sobre los riesgos no comerciales que pesan en las inversiones realizadas en el extranjero.

Y es con el objetivo de aumentar esa seguridad jurídica, dice el enunciado oficial,  que Suiza ha impulsado “la tercera red mundial más grande de acuerdos bilaterales de protección de inversiones ( APPI en sus siglas en francés)” .

En cuanto a la eventualidad de modificar el acuerdo bilateral en la materia entre Suiza y Uruguay, opción que evocó en diciembre pasado el ex presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, en declaraciones a la prensa helvética, Berna considera que “no parece necesario adaptar dicho acuerdo en el sentido solicitado”.

Vázquez insinuó que los Gobiernos de Berna y Montevideo podrían evaluar la posibilidad de modificar, a mediano plazo, el acuerdo comercial bilateral actual, excluyendo del mismo aquellos productos, como los cigarrillos, que afectan a la salud de la población.

En su mensaje, el Consejo Federal afirma que excluir medidas reglamentarias que persigan un interés público o de sectores económicos enteros del campo de aplicación del Acuerdo se opondría al objetivo del mismo, que consiste en proteger las inversiones extranjeras en todos los ámbitos contra las prácticas contrarias al derecho internacional público.

“Oportunidad perdida”

 

“Es una oportunidad que ha perdido Suiza para demostrar su coherencia en la lucha contra el tabaquismo”, señaló a swissinfo.ch la diputada Marina Carobbio, al comentar la respuesta oficial que acaba de recibir.

Se priorizan mucho más “los intereses económicos de las grandes empresas que la salud de la población. Con el agravante de que Suiza impone medidas muy exigentes contra el tabaquismo en nuestro propio país, pero no respalda políticas similares en naciones del Sur”, precisó.

Marina Carobbio anticipó a swissinfo.ch que está analizando eventuales acciones para promover en el Parlamento un debate sobre el tema. “Pienso que la respuesta del Ministerio de Economía en nombre del Consejo Federal no fue un asunto de discusión profunda en el Ejecutivo”, dijo.

Solicitud uruguaya

 

En una entrevista concedida a swissinfo.ch en diciembre pasado, el ex presidente uruguayo y renombrado oncólogo, Tabaré Vázquez, solicitó el apoyo del Gobierno, Parlamento y sociedad civil suiza a Uruguay en el proceso abierto por Philip Morris, que tiene sede en Suiza.

La tabacalera presentó la demanda ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en Washington, por considerar que las medidas antitabaco adoptadas por las autoridades uruguayas dañan sus intereses económicos y le ocasionan enormes pérdidas.

El Gobierno uruguayo obliga a que el 80% de la superficie de cada cajetilla de cigarrillos contenga fotos y mensajes que advierten sobre la peligrosidad del producto. Además, no acepta el uso promocional de la distinción de ‘ligeros’ o ‘suaves’ en algunos tipos de tabaco.

Para Tabaré Vásquez, cada Estado del mundo tiene el derecho y la obligación constitucional de velar por la salud de sus habitantes. Entre intereses económicos y la salud de la población, para el ex mandatario hay que priorizar lo segundo. “En el conflicto con Philip Morris está en juego la misma soberanía uruguaya”, enfatizaba.

“La posición del Consejo Federal es cobarde y vergonzosa. Nuestro Gobierno se basa solamente en mezquinos intereses económicos a corto plazo y olvida la actividad homicida de grandes empresas tabacaleras, especialmente en países en vías de desarrollo”, declaró a swissinfo.ch el renombrado oncólogo suizo Franco Cavalli.

Decepcionado por la posición oficial de Berna, el ex presidente de la Unión Internacional de Lucha contra el Cáncer (UIC) recuerda que recientemente  la revista ‘The Lancet’ alificó de “repugnante” la política comercial de las empresas tabacaleras en los países pobres.

Según Cavalli, con su decisión, el Consejo Federal se va a confrontar con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que “no debemos olvidar, tiene su sede en Ginebra”.

En noviembre pasado, la 4ª Conferencia de los Estados Parte del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco,  realizada en Punta del Este (Uruguay), publicó una Declaración que fue interpretada como una muestra de solidaridad con la nación sudamericana en el litigio con Philip Morris.

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