Anticorrupción: Suiza desciende al 7º puesto
En lo que a la corrupción en el sector público se refiere, Suiza se percibe como un país relativamente “íntegro”, aunque –según la organización de vigilancia financiera Transparencia Internacional– podría hacer más para erradicar esta práctica. El sector público suizo es especialmente vulnerable al favoritismo, mientras que se critica al sector privado por permitir la corrupción y el blanqueo de dinero.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional, el país alpino ha obtenido unos buenos resultados generales, pero, al obtener un punto menos que en 2020, ha pasado del tercero al séptimo puesto. “En la lucha contra la corrupción en el sector público, Suiza está, una vez más, lejos de ser intachable e incluso le superan otros países”, afirma Martin Hilti, director de Transparencia Internacional Suiza.
El índice –que se viene utilizando desde 1995– mide la “vulnerabilidad percibida a la corrupción” basándose en las opiniones de la comunidad empresarial y científica, en vez de medir los casos reales de corrupción. Los países que este año ocupan los primeros puestos, es decir, los que se perciben como menos predispuestos a la corrupción, son Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda. Noruega, Singapur y Suecia también están mejor clasificados que Suiza. El top 10 lo completan los Países Bajos, Luxemburgo y Alemania.
Las peores calificaciones las han obtenido países asolados por guerras, como Sudán del Sur, Siria y Somalia. Transparencia Internacional concluye que, en la última década, el control de la corrupción se ha estancado o empeorado en el 86 % de los países. Y señala que 27 países –entre ellos, Suiza– han recibido la puntuación más baja desde 2012, el primer año del que hay datos que se pueden comparar.
Durante el pasado año Suiza fue testigo de diversos escándalos en el sector público. Uno de los más notables, el relativo a contratos informáticos sobrevalorados, ha concluido con una condena de cuatro años de prisión para un antiguo funcionario de la Secretaría de Estado de Economía.
Conflictos de intereses
Lo que más preocupa a Martin Hilti es que el sector público es vulnerable al nepotismo y la frecuente falta de identificación de conflictos de intereses claros. Un caso representativo es el del municipio de Arosa, un popular destino de esquí en el cantón de los Grisones. Allí los políticos locales han venido recibiendo un pase de esquí gratis por valor de 550 francos y –a pesar de que dichas actuaciones son claramente discutibles– ellos han defendido públicamente esta práctica, explica Hilti.
“El principal problema que tenemos es el favoritismo. Suiza es un país pequeño, todos nos conocemos, hemos ido juntos a la escuela. Los hombres han hecho el servicio militar juntos, pertenecen a los mismos clubes deportivos y luego, de repente, se encuentran en el contexto profesional. Los suizos con demasiada frecuencia carecen de la sensibilidad y los conocimientos necesarios para hacer frente a estas situaciones. Y esto, a menudo, implica un conflicto de intereses”, señala Hilti a SWI swissinfo.ch.
Aunque la mayoría de estas situaciones –dice– no llegan al umbral de la responsabilidad penal, siguen siendo muy dudosas, ya que implican un abuso de poder y dañan la integridad de los funcionarios públicos.
Problemas del sector privado
Para Hilti las deficiencias más graves de Suiza recaen en ámbitos que el índice de transparencia no mide. Y subraya como áreas que necesitan una mejora urgente la lucha contra el blanqueo de dinero, la regulación y transparencia de los grupos de presión políticos y la protección de quienes se deciden a denunciar.
“Los principales problemas que tenemos en Suiza se sitúan en el sector privado”, afirma.
El reto en el sector privado –dominado por pequeñas y medianas empresas (pymes)– es que muchas no saben qué es la corrupción ni cómo afrontarla. Las grandes empresas, por su parte, disponen de códigos de conducta, pero les cuesta fijar una cultura de tolerancia cero en toda la empresa.
“Tenemos algunos sectores con mayor riesgo, como todo el sector financiero. Hay blanqueo de dinero, corrupción. Y junto al sector financiero tenemos toda la industria facilitadora de Suiza”, añade.
La industria facilitadora comprende a abogados, notarios y agentes inmobiliarios que ayudan a los delincuentes a invertir su dinero ilegal o a ocultarlo colocándolo en empresas ficticias. La Ley suiza contra el blanqueo de capitales no contempla el hecho de aconsejar a un cliente que invierta su dinero en una institución financiera o en un país concreto, siempre que quien asesora no tenga acceso directo a los fondos, expone.
Suiza también alberga a actores clave de la industria farmacéutica y extractiva, así como asociaciones deportivas internacionales. “Todos ellos están sujetos a mayores riesgos de corrupción”, cuenta el experto.
Algunos ejemplos recientes son el pago de 729 millones de dólares (688 millones de francos) que Novartis, con sede en Basilea, ha hecho para resolver casos de soborno en Estados Unidos y Grecia en 2020, o el banco Julius Baer, con sede en Zúrich, que el año pasado admitió haber blanqueado más de 36 millones de dólares en sobornos en un caso de la FIFA. En octubre de 2021, Credit Suisse –envuelto en un escándalo de corrupción por los “bonos de atún” de Mozambique– llegó a un acuerdo con Estados Unidos para resolver un procesamiento judicial.
Para el director de Transparencia Internacional Suiza, escándalos como los Papeles de Panamá o los Papeles de Pandora (Pandora Papers) han demostrado que Suiza necesita una estrategia más sólida contra el blanqueo de capitales y la corrupción. Pero los esfuerzos por reforzar las leyes se han encontrado con fuertes obstáculos. Y lo mismo ocurre con una mejor protección legal de quienes denuncian.
“Nuestras leyes contra el blanqueo de dinero solo se mejoran si la presión internacional es tan alta que nos obliga a actuar, pero entonces hacemos lo mínimo necesario”, afirma Martin Hilti, director de Transparencia Internacional Suiza.
Traducido del inglés por Lupe Calvo
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