UBS rescinde voluntariamente el acuerdo de garantía con el Gobierno suizo
El Gobierno suizo y los contribuyentes ya no asumirán ningún riesgo derivado de las garantías concedidas para preservar la estabilidad financiera tras la quiebra de Credit Suisse.
El viernes, UBS rescindió voluntariamente el acuerdo de garantía de pérdidas con el Gobierno suizo y el Banco Nacional Suizo (BNS).
El acuerdo finalizará con efecto inmediato, ya que UBS afirma que ya no necesita la garantía de 9.000 millones de francos suizos (10.200 millones de dólares). No obstante, el Gobierno ha manifestado su intención de presentar un proyecto de ley al Parlamento para introducir un mecanismo de respaldo de liquidez pública con arreglo al Derecho común, y sigue llevando a cabo una revisión exhaustiva del marco regulador de las entidades demasiado grandes para quebrar.
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El contrato se firmó oficialmente el 9 de junio, cuando el Gobierno suizo destinó 9.000 millones de francos suizos de los fondos de los contribuyentes a cubrir las posibles pérdidas derivadas de la adquisición de Credit Suisse por UBS.
Estas medidas se crearon en virtud de una ley de emergencia, para facilitar la adquisición negociada por el Gobierno en marzo, cuando Credit Suisse se precipitaba hacia la quiebra. Según las condiciones, UBS debía asumir los primeros 5.000 millones de CHF de pérdidas, y el Estado los siguientes 9.000 millones.
Pero, «toda la ayuda extraordinaria de liquidez basada en la ley de emergencia del 19 de marzo ha sido reembolsada», dijo UBS en un comunicado. Credit Suisse también ha reembolsado íntegramente los préstamos de 50.000 millones de francos suizos concedidos al SNB a partir del 10 de agosto, prosigue el banco.
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El Ministerio de Hacienda añadió que las garantías no han supuesto pérdidas para el Estado, sino que han aportado unos ingresos de unos 200.000 millones de francos suizos.
En total, UBS pagó unos 730 millones de francos suizos en concepto de comisiones de compromiso y primas de riesgo a las autoridades suizas, de los cuales 200 millones correspondieron al Gobierno y 530 millones al Banco Nacional Suizo.
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