Suiza vota sobre pesticidas, lucha antiterrorista y cambio climático

El 13 de junio, las ciudadanas y ciudadanos votan el futuro de la política suiza para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Keystone / Maxime Schmid

Las votaciones federales de este domingo son importantes para la política medioambiental de Suiza. La ciudadanía se pronuncia sobre dos iniciativas contra el uso de pesticidas y una ley para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los suizos y suizas también votan la estrategia de lucha contra el terrorismo y la ley COVID-19.  

A pocas horas del veredicto en las urnas, el suspenso crece en torno a la votación de la revisión de la Ley sobre el CO₂. El electorado debe aprobar o rechazar la estrategia elaborada por el Gobierno y el Parlamento para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La ley, que al inicio contaba con una cómoda ventaja a favor, perdió respaldo durante la campaña. Sin embargo, en el último sondeo sobre intención de voto de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SRG SSR), el 54% de los encuestados mostraba su apoyo a la revisión de la ley. Aun así, es difícil saber si esta ventaja le permitirá pasar la prueba de las urnas.

El resultado de la votación determinará el rumbo de la política climática de Suiza. La revisión de la Ley de CO₂ es el instrumento que debería permitir a Suiza cumplir sus compromisos en el marco del Acuerdo Climático de París, es decir, reducir a la mitad sus emisiones para 2030 respecto a los niveles de 1990. Para ello, el texto prevé una serie de medidas en los ámbitos del transporte por carretera y aéreo, las emisiones industriales y la renovación de edificios. 

Un comité económico lanzó el referéndum en contra de la ley aprobada por el Parlamento en septiembre de 2020 tras tres años de debates, al considerarla ineficaz y demasiado costosa para las empresas y los hogares. Un segundo comité, formado por activistas del clima, también participó en la colecta de firmas. Opina que la ley no va lo suficientemente lejos para responder a la emergencia climática.

El derecho de veto sobre una decisión del Parlamento forma parte del sistema suizo de democracia directa.

Otra preocupación medioambiental está en el orden del día de las votaciones federales de este domingo: el uso de pesticidas sintéticos. Dos iniciativas populares pretenden prohibir los productos fitosanitarios, lo que implica una reforma radical de los sectores agrícola y alimentario del país. 

Ambas iniciativas tienen el mismo objetivo, pero proponen mecanismos diferentes para lograrlo. La iniciativa popular ‘Por una Suiza sin pesticidas sintéticos’ pide la prohibición total del uso de herbicidas, insecticidas y fungicidas sintéticos en la agricultura suiza para uso privado y comercial. También busca prohibir las importaciones de estos agentes.

La otra propuesta se centra en la calidad del agua potable. Quiere acabar con todas las subvenciones públicas a los agricultores que no apliquen métodos de producción sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

La campaña muy activa de algunas organizaciones de agricultores ha ganado puntos para el campo de la oposición. Según la última encuesta de la SSR SRG, la mayoría de la ciudadanía tiene la intención de rechazar las dos iniciativas antiplaguicidas.  

También se decide otro asunto que ha atraído la atención más allá de sus fronteras nacionales: la nueva ley sobre el terrorismo. La nueva ley, elaborada a raíz de los atentados contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo en París en 2015, pretende que la policía pueda actuar de forma preventiva contra los presuntos terroristas.

El comité interpartidista ‘No a las detenciones arbitrarias’, formado principalmente por militantes de partidos de izquierda, lanzó con éxito un referéndum contra este proyecto de ley. La comisión considera que la reforma es abusiva. Los opositores también han recibido el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que denuncian que el proyecto abre la puerta a la privación arbitraria de libertad.

Según la última encuesta elaborada por el instituto gfs.bern por encargo de la SSR SRG, más del 60% de la población apoya el proyecto de ley y debería ser aprobado por el electorado. 

El quinto y último punto que se someterá a votación el domingo es la ley que otorga poderes especiales al gobierno para hacer frente a la pandemia de coronavirus. La mayoría de los ciudadanos y ciudadanas tiene intención de votar sí, según el último sondeo del instituto gfs.bern. 

El objetivo de la llamada ‘Ley Covid’ es dotar de una sólida base jurídica a unas 18 decisiones adoptadas por el Gobierno entre mediados de marzo y mediados de junio de 2020, sin la habitual participación del Parlamento, debido a la situación de emergencia.

A los detractores de la ‘Ley Covid’ les preocupa el papel dominante del gobierno en el sistema federalista y de democracia directa del país. La política de vacunación del gobierno suscita también escepticismo.

La ley está en vigor -e incluso ha sido modificada- desde el año pasado.