Alertan en Ecuador de problemas ambientales por aumento producción de crudo

Quito, 13 sep (EFE).- Ecologistas ecuatorianos alertaron este lunes sobre los peligros para el medioambiente y los derechos humanos de un decreto emitido por el Gobierno con el que abre el camino para aumentar la producción de petróleo, una de las principales fuentes de ingresos para el fisco.

En el foro «Decreto 95: Petróleo o Amazonía», los ecologistas señalaron que el decreto 95 «es un aperturismo al capital financiero y a las empresas trasnacionales», así como una exacerbación del modelo extractivo.

Asimismo, criticaron el cambio de la modalidad de contratos desde una figura de prestación de servicios a una de participación, que regía antes de la administración de Rafael Correa (2007-2017).

DECRETO EJECUTIVO

Ecuador, que salió de la OPEP en enero de 2020 para eludir las limitaciones de cuota y pagos de membresía, produce en estos momentos unos 500.000 barriles, pero el Gobierno liderado por Guillermo Lasso se propone duplicar la producción hasta un millón de barriles diarios.

El decreto 95 emitido por el gobernante, el pasado 7 de julio, apunta a que el sector hidrocarburífero debe ser eficiente, competitivo, sostenible, ambientalmente responsable, basado en la innovación garantizando la seguridad jurídica y potenciando la inversión nacional y extranjera y las exportaciones.

Anota que el objetivo central del Plan de Acción Inmediato es optimizar los ingresos estatales para lo cual debe, entre otras acciones, incrementarse la producción de hidrocarburos «de una manera racional y ambientalmente sustentable».

Con el decreto, Lasso busca reducir la exposición del Estado a los riesgos financieros, geológicos y ambientales que podrían surgir de las actividades de exploración y explotación de petróleo.

Ordena una auditoría al proceso de fusión de las estatales Petroecuador y Petroamazonas y genera las condiciones tanto técnicas como profesionales como de seguridad jurídica que eviten la proliferación de conflictos y controversias, para lo cual se emplearán los mecanismos de resolución de conflictos amistosos y, de esta manera, resolver en la fase de conversaciones directas y asistidas, siempre velando por los intereses del Estado.

ECOLOGISTAS EN ALERTA

Más allá de las disposiciones del decreto 95, los ecologistas criticaron también el decreto 165 promulgado por Lasso el pasado 18 de agosto y que trata sobre el arbitraje internacional.

Pedro Bermeo, representante del colectivo Yasunidos, consideró que los centros de arbitraje internacional «son empresas conformadas por árbitros y no por jueces, que responden a las garantías exigidas por sus inversionistas; es decir, tienen sus propios intereses».

«Son fácilmente presionadas por las grandes trasnacionales, no garantizan los derechos humanos de colectivos y la naturaleza, sino de la empresa», apuntó en el foro.

Y se refirió a la reciente reincorporación de Ecuador al Centro Internacional de Arbitraje de arreglo de diferencias relativas a inversiones (Ciadi), algo que «está muy vinculado con la política de hidrocarburos y el decreto 95».

Para Bermeo, las acciones gubernamentales buscan «brindar más beneficios a las petroleras, reformar la normativa existente y reglamentos para que el proceso sea legal. Se pretende privatizar gran parte de los bienes públicos, incluida la petrolera estatal y, básicamente, se busca garantizar la impunidad jurídica».

Según la ecologista Alexandra Almeida, de la organización no gubernamental Acción Ecológica, el decreto 95 solo toma en cuenta el asunto económico y no atiende aspectos relacionados con los «graves» impactos al medioambiente, sociales y culturales que han provocado en los 54 años de extracción petrolera en la Amazonía.

Almeida dijo a Efe que el Gobierno formó una coalición con expertos petroleros para saber de dónde y cuándo se puede extraer el petróleo a fin de ampliar la producción.

Dicha coalición elaboró un cuadro donde explica cada sitio y la estimación del aumento de producción por años, y en este figuran campos que están «en zonas intangibles y en territorios indígenas que han rechazado la actividad petrolera por años», alertó Almeida. EFE

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