El derecho a la protesta en España sufre una “tormenta perfecta”, según Amnistía

Lisboa, 9 jul (EFE).- El derecho a la protesta pacífica en España sufre una “tormenta perfecta”, con fallos tanto en la legislación existente como en su aplicación, denunció este martes Amnistía Internacional (AI), organización que asegura que las autoridades no les escuchan.

Así lo defendió la activista senior de la oficina regional de AI en Europa Catrinel Motoc en declaraciones a EFE tras presentar en Lisboa el informe ‘Infraprotegidos y excesivamente restringidos: El estado del derecho a la protesta en 21 países de Europa’, que se basa en entrevistas hechas entre diciembre de 2022 y septiembre de 2023 en una veintena de países, entre ellos España.

Tras realizar el estudio, Motoc recalcó que España está entre los países “que no tienen un buen registro en lo que se refiere a la violación de derechos humanos y en lo que respecta al derecho a la protesta”.

Puso como ejemplo la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como la ‘Ley Mordaza’, que autoriza realizar un cacheo a la fuerza, la infiltración de policías en movimientos sociales o la detención de manifestantes.

“Estos son todos síntomas de que las autoridades españolas no han parado ni empezado a invertir la tendencia”, alegó Motoc.

Sobre cuál es problema que debe ser atendido antes para solucionar esta situación, Motoc dijo que tanto la legislación, como la actuación policial, la Justicia y el discurso político deben ser vistos en su conjunto a la hora de analizar lo que se hace mal o bien.

“Cada uno de ellos tomado individualmente sería una preocupación, pero si los pones juntos son tóxicos”, resumió la activista, quien aseguró que en España hay una “tormenta perfecta desafortunada” que debe ser afrontada desde varios niveles.

El informe de AI documenta el uso de armas “menos letales” contra manifestantes en España, que les han causado lesiones graves y a veces permanentes, incluida la pérdida de un testículo y huesos dislocados, daños en los ojos y daño severo en la cabeza.

España está también entre los países que son señalados por la organización en lo que se refiere a impunidad policial o falta de rendición de cuentas.

El país se posiciona además entre los que no solo han calificado a los activistas climáticos de “ecoterroristas” o “criminales”, sino que han usado “procedimientos relacionados con el terrorismo” y leyes vinculadas con el combate al crimen organizado y la protección de la seguridad nacional.

Pese a estas observaciones, en el informe hay también espacio para el reconocimiento de buenas prácticas.

En ese sentido, la organización de derechos humanos menciona el trabajo parlamentario en la anterior legislatura para intentar reformar la ‘Ley Mordaza’, que incluía propuestas como el reconocimiento de las asambleas espontáneas y el desarrollo de protocolos para el uso de fuerza.

Celebra también la reforma del Código Penal español en diciembre de 2022, cuando se retiró el delito de sedición.

En el informe global, Amnistía Global alerta de que las autoridades europeas están impulsando “un retroceso sistemático” del derecho a la protesta, lo que ha provocado detenciones ilegales de menores y la “demonización” de los manifestantes, a los se trata como terroristas.

Motoc matizó hoy en la presentación que este fenómeno se está produciendo a nivel global y es reflejo también del aumento general de las protestas en todo el mundo. EFE

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