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El descontento sigue ardiendo en Irán, pese a menor número de manifestaciones

El presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi (I), con el flamante jefe de la la policía, el general Ahmad-RezaRadan, el 14 de enero de 2023 en Teherán afp_tickers

Las manifestaciones son menos frecuentes en Irán pero la oposición mantiene su pujanza después de cuatro meses de protestas, pese a la feroz represión que ha dejado centenas de muertos y la ejecución de cuatro condenados a muerte.

El estallido social fue provocado por la muerte, el 16 de septiembre, de Mahsa Amini, de 22 años, luego de ser detenida por infringir el estricto código indumentario de las mujeres en la República Islámica.

En las últimas semanas, el incendio pareció aplacarse pero la rebelión se expresa de otras formas.

«Los procesos revolucionarios suelen alternar fases de calma relativa y de tumulto», afirma Ali Fathollah-Nejad, politólogo del Instituto Issam Fares de políticas públicas y asuntos internacionales de la American University de Beirut.

Irán parece hallarse ahora «en un compás de espera, sin que el régimen ni los manifestantes consigan imponerse», agrega el especialista, que anticipa una nueva ola de protestas provocada esta vez por la grave crisis económica del país.

El portal enqelab.info, que registra los actos de disidencia, señala un aumento de pintadas con consignas y de destrucción de paneles del gobierno.

– Ciudadanos «más prudentes» –

«El levantamiento nacional se mantiene vivo, aunque las formas de expresión de la disidencia haya cambiado a causa de la letal represión», indicó enquelab.info en un comunicado enviado a la AFP.

Según la ONG noruega Iran Human Rights, al menos 476 personas murieron y un centenar es pasible de la pena de muerte por su implicación en las protestas. Cuatro ya fueron ejecutados en la horca.

En una tribuna difundida el domingo, 30 prisioneras políticas iraníes encarceladas en la prisión de Evin, cerca de Teherán, instaron al gobierno a poner fin a la ejecución de manifestantes.

En el texto, las mujeres — entre ellas la hija del expresidente Hashemi Rafsandjani –, subrayan que han sido condenadas por «procedimientos injustos y no transparentes».

Las autoridades iraníes reconocen que en las protestas hubo centenares de muertos, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad. La ONU contabilizó 14.000 detenciones.

Los manifestantes reivindicaban inicialmente el fin de la obligación de las mujeres de llevar el velo islámico. Pero pronto empezaron a exigir el fin de la República Islámica, instalado tras el derrocamiento del sah de Irán en 1979.

Ahora hay menos manifestaciones porque «los ciudadanos son más prudentes», pero las protestas «no acabaron», asegura Roya Boroumand, cofundadora de una oenegé iraní de defensa de los derechos humanos.

La sublevación popular de estos meses «modificó el relato que la República Islámica impuso durante décadas sobre lo que son y quieren los iraníes», añade.

Pero nada indica que el régimen esté dispuesto a hacer concesiones importantes.

La represión podría incluso intensificarse, como parece indicar el nombramiento como jefe de la policía nacional de Ahmad Reza Radan, cuya hoja de servicios incluye el aplastamiento de las protestas de 2009 contra los resultados de unas elecciones cuestionadas.

– ‘Desconfianza» en el seno del poder –

Esa vía podría acelerar la ruptura de puentes entre Irán y los países occidentales, en momentos en que las negociaciones para reactivar el acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear iraní se hallan en punto muerto.

El gobierno se enfureció además con la decisión de la ONU de investigar la represión.

Teherán se aproximó entre tanto de Rusia, otro estado sometido a fuertes sanciones occidentales, suministrándole centenas de drones usados para bombardear Ucrania.

Sin embargo, algunas fisuras parecen manifestarse en el seno del régimen.

Un ex vice ministro de Defensa, Alireza Akbari, que había obtenido la nacionalidad británica tras dejar el cargo, fue ejecutado este mes, acusado de actividades de espionaje para el Reino Unido.

Akbari era considerado como un allegado del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Shamkhani, y de otras personalidades que abogaron por ciertas reformas reclamadas por los manifestantes.

Esa ejecución muestra «que la desconfianza se instaló entre los adeptos del régimen», sostiene Ali Fathollah-Nejad.

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