El enfrentamiento entre el Gobierno Meloni y la justicia italiana, en su punto más alto

Marta Rullán

Roma, 29 ene (EFE).- El enfrentamiento entre Giorgia Meloni y la justicia italiana ha llegado a un punto clave tras el anuncio de que la primera ministra y otros miembros de su Gobierno están siendo investigados por la liberación del jefe de la policía judicial libia, Osama al Masri, buscado por la Corte Penal Internacional (CPI).

Se trata del último choque del pulso que desde hace meses Meloni mantiene con una parte de la magistratura, que se ha opuesto a varias de sus medidas estrella y que ahora critica con dureza la reforma judicial que ha iniciado su Ejecutivo, y, según coinciden expertos y analistas, más que causarle problemas, puede reforzar el liderazgo de la primera ministra.

Y no solo en el plano interno, pues su imagen de «puño de hierro» en la lucha contra la inmigración irregular puede incluso impulsarla aún más al frente de los países europeos que apoyan su política migratoria.

Fue la propia Meloni la que anunció este martes en un vídeo en sus redes sociales que estaba siendo investigada por el caso de Osama al Masri por el fiscal general de Roma, Francesco Lo Voi, junto al ministro de Justicia, Carlo Nordio; el de Interior, Matteo Piantedosi, y el subsecretario de Gobierno, Alfredo Mantovano.

La Justicia busca esclarecer los hechos que llevaron a la liberación y repatriación de Al Masri, que había sido detenido en la ciudad italiana de Turín (noroeste), y si los investigados incurrieron en los delitos de encubrimiento y de malversación, ya que el buscado por la CPI fue llevado a Trípoli a bordo de un avión estatal italiano.

Un bumerán para la magistratura

Aunque parece evidente que la oposición usará la notificación de investigación para intentar dañar la imagen de Meloni, «si el Gobierno lo sabe utilizar bien, puede convertirse en un bumerán para la magistratura», y lograr impulsar la reforma a la que se oponen los jueces, asegura EFE Gabriele Natalizia, profesor en la Universidad de la Sapienza de Roma.

«Todo esto terminará por reforzar el Ejecutivo», afirma por su parte Alberto Vannucci, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Pisa, para quien «Meloni podrá reivindicar» lo que ella considera «el intento de una magistratura politizada» y «venderse como paladina de los intereses nacionales».

Ni siquiera tendrá una repercusión relevante en el electorado, como tampoco en la imagen internacional de Meloni, según el politólogo de la Universidad de Estudios de Milán Paolo Natale, que destaca que la notificación a la primera ministra y sus ministros es un «acto debido» para avisar de su inscripción en la investigación, más que una imputación.

En cualquier caso, representa «una escalada» en el enfrentamiento «ya muy conflictivo» entre una parte de la magistratura y el Ejecutivo en distintos planos, pero que ha alcanzado límites insospechados con la aprobación parlamentaria en primera lectura de la reforma constitucional para separar las carreras de juez y fiscal.

Un pulso ‘durísimo’

Buena parte de la magistratura la considera un inevitable aumento del control político sobre la justicia, mientras varios jueces se han opuesto a iniciativas importantes del Gobierno Meloni, y en particular han parado en dos ocasiones la posible repatriación de migrantes desde los centros levantados por el Ejecutivo en Albania para acelerar los procesos fronterizos y limitar la llegada de migrantes a las costas italianas.

El tercer intento está ahora mismo sobre la mesa, con 45 migrantes que esperan en territorio albanés saber si el Tribunal de Apelación de Roma convalidará su detención en las próximas horas o si, como en las ocasiones anteriores, obligará a vaciar los centros de retención a la espera de que se pronuncie la Justicia europea.

En ese contexto, Meloni podrá reivindicar, al más puro estilo de Silvio Berlusconi (el ex primer ministro fallecido que tuvo numerosos escándalos judiciales durante su carrera política), «el intento de la magistratura politizada de poner palos en las ruedas de la gestión de un Gobierno que defiende los interese nacionales», según Vannuci.

También «tratará de representar ante la opinión publica la imagen de un Ejecutivo que resiste y mantiene alto el orgullo nacional», pues «la ideología soberanista requiere que frente a peticiones externas, como las de la CPI, prevalga la razón de Estado, como ha sucedido con la repatriación de Al Masri», que el Gobierno justificó por ser una amenaza para la seguridad nacional.

El enfrentamiento entre el Ejecutivo y la justicia es «durisimo, como no lo ha habido antes», explica Natalizia, que tiene claro que si Meloni sabe «imponer su narración de la politización de la justicia» no se dañará su imagen tampoco internacionalmente, entre otros motivos por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su puño duro en materia de inmigración. EFE

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