El Gobierno de Bolivia anuncia acciones contra la minería ilegal en las áreas protegidas
La Paz, 5 feb (EFE).- El Gobierno de Luis Arce anunció este miércoles que coordina acciones para frenar la minería ilegal en áreas protegidas, ante las recurrentes denuncias de esas actividades ilícitas, incluida una que se conoció la semana pasada en una reserva nacional en el norte de Bolivia.
El ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos, dijo a los medios que su despacho «está coordinando» estas acciones con los ministerios de Defensa y de Gobierno (Interior), y con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
«Como cabeza del sector, como ministro de Minería, no vamos a dejar que (esto) pase por un lado, no vamos a mirar de palco (…) Se está trabajando en equipo, no estamos descuidando», aseguró.
El ministro se refirió al tema ante una consulta sobre las acciones que se tomarán respecto a las recientes denuncias de que hay actividad minera en la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, en la región amazónica de Pando que colinda con Perú y Brasil.
«Sabemos muy bien que no está permitido que los actores mineros estén trabajando en áreas restringidas, en parques nacionales, o dentro de los cinturones de seguridad. No va eso. Como cabeza del sector, vamos a trabajar respetando las normativas vigentes del país», agregó.
El ministro no especificó qué acciones se tomarán y tampoco quiso dar fechas, alegando que lo que se haga «tiene que ser estratégico».
La semana pasada, el gobernador de Pando, Regis Richter, confirmó las denuncias sobre la actividad minera ilegal en la reserva Manuripi que circularon antes en redes sociales, tras una verificación realizada por funcionarios de la Secretaría de la Madre Tierra del Gobierno regional.
«Durante la inspección, se constató la existencia de balsas en el área protegida, por lo que se presentó la denuncia correspondiente en cumplimiento de la normativa ambiental vigente», indicó Richter.
En coincidencia con las denuncias, también se supo que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) despidió a dos guardaparques, Luke López e Ignacio Huari, quienes habían iniciado procesos administrativos contra los mineros auríferos que operaban ilegalmente en Manuripi.
No es el único caso, pues a finales de diciembre también fue destituido el jefe de Protección de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, Marcos Uzquiano, quien ha denunciado varias veces públicamente la minería ilegal y la caza furtiva en parques nacionales, además de irregularidades en la administración del Sernap.
La Defensoría del Pueblo logró recientemente un fallo judicial para que Uzquiano sea restituido a su puesto laboral y el Sernap anuló un proceso sumario iniciado en contra del guardaparques tras su destitución.
A mediados de enero fue destituido el director del Sernap por una denuncia de presunto uso indebido de bienes del Estado y días después el Gobierno de Arce destituyó al entonces ministro de Medio Ambiente y Agua Alan Lisperguer, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.
En los últimos años, la minería aurífera se intensificó sobre todo en la Amazonía de Bolivia, incluidas las regiones de Pando y Beni y el norte de La Paz, en medio de constantes denuncias de que varias de esas actividades son ilegales e ingresaron a importantes reservas naturales como el parque Madidi, uno de los más biodiversos del mundo.
Entre las consecuencias que ha dejado hasta el momento esta actividad ilegal están la contaminación del agua que nutre a las comunidades indígenas que habitan en las áreas protegidas bolivianas y los desbordamientos de ríos e inundaciones en las localidades aledañas durante la época de lluvias en el país. EFE
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