El Gobierno espera que en dos semanas haya una sentencia por la crisis de 2019 en Bolivia

La Paz, 29 oct (EFE).- El Gobierno de Bolivia expresó este martes su confianza en que dentro de dos semanas se emitirá una «sentencia condenatoria» dentro del juicio que se lleva adelante por la crisis social y política que en 2019 derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019).

El subprocurador de Supervisión e Intervención de la Procuraduría General del Estado, Ricardo Condori, explicó a los medios sobre el desarrollo del juicio que se lleva adelante en el Tribunal Sexto de Sentencia Penal Anticorrupción de La Paz, dentro del llamado caso ‘golpe de Estado I’.

«Estamos avanzando en el proceso, estimamos que en unas dos semanas más ya podemos tener (…) una sentencia condenatoria en contra de los ahora acusados», señaló.

Condori explicó que en esta jornada el tribunal rechazó los incidentes presentados por los abogados defensores del gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y del exlíder cívico o ciudadano del departamento andino de Potosí Marco Pumari, dos de los principales acusados en el proceso.

Según el subprocurador, el tribunal ya definió «consecutivamente audiencias para la próxima semana» en las que se prevén las presentaciones de pruebas documentales y testificales, «tanto de cargo como de descargo», la conclusión del debate y la fase final «que es la deliberación y la emisión de la sentencia».

También mencionó que la Fiscalía boliviana presentó la acusación enmendada, como lo había requerido el juzgado la semana pasada, y que las «observaciones» a la misma eran «de forma y no de fondo».

El juicio se reanudará este miércoles en la mañana.

El caso se inició por una denuncia de una exdiputada del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) en 2020 sobre los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia en 2019.

El Gobierno de Luis Arce y el MAS sostienen que la dimisión de Morales fue por un golpe de Estado, mientras que sus detractores afirman que las protestas que derivaron en su renuncia fueron consecuencia de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de 2019.

Luis Fernando Camacho fue imputado por delitos como «terrorismo, cohecho activo, seducción de tropa, asociación delictuosa», por haber liderado las protestas poselectorales contra Morales en 2019, cuando aun era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, la mayor región del país.

La expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) estaba acusada en este caso en calidad de «cómplice», pero en la audiencia inicial del caso ‘golpe de Estado I’ realizada la semana pasada, el tribunal decidió apartarla del proceso al determinar que ya fue juzgada y sentenciada por los mismos hechos en otro proceso conocido como ‘golpe de Estado II’.

En el juicio por ese otro caso, la exmandataria transitoria fue sentenciada en junio de 2022 a 10 años de cárcel, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.

Condori indicó que la apelación presentada para que Áñez sea incluida nuevamente en el proceso todavía no se ha resuelto y que esperan las «notificaciones» al respecto.

La defensa de Áñez y la oposición insisten en que se le debe procesar en un juicio de responsabilidades por ser una expresidenta y no por la vía ordinaria, algo que rechazan el Gobierno y el oficialismo.

Si la sentencia se emite en el tiempo esperado por la Procuraduría, coincidirá con las fechas en que se recordarán los cinco años de la renuncia de Morales, registrada el 10 de noviembre de 2019, y la sucesión de Áñez, ocurrida dos días después. EFE

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