El intento de secesión en Cataluña «fue un golpe de Estado», según el fiscal

Una multitud celebra la aprobación de la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña, el 27 de octubre del año 2017 en Barcelona afp_tickers

El intento de secesión unilateral de Cataluña en 2017 fue «un golpe de Estado» destinado a «liquidar la Constitución española» por medios «ilegales», afirmó este martes el fiscal en las conclusiones del histórico juicio a 12 líderes separatistas catalanes.

«Fue un golpe de Estado», que intentó «la sustitución de un orden jurídico por otro, por medios ilegales», sostuvo el fiscal Javier Zaragoza al presentar sus conclusiones, cuando se aproxima el fin de este juicio iniciado el 12 de febrero en el Tribunal Supremo, en Madrid.

El juicio debe concluir el 12 de junio, aunque el veredicto no se espera hasta el otoño (boreal). El asunto es extremadamente sensible, en una Cataluña gobernada por el independentismo, volcado en la denuncia del proceso.

«Hoy más que nunca, ante este escrito de la fiscalía, acusamos al Estado, lo acusamos de esta venganza, de esta persecución política», dijo este martes el presidente catalán, Quim Torra.

En el banquillo se sientan 12 separatistas catalanes por su papel en el proceso político, que tuvo como hitos el referendo ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de secesión el 27 de ese mismo mes en el Parlamento regional catalán.

Los separatistas presentan como «presos políticos» a los nueve acusados que se encuentran en prisión preventiva, una versión a la que el fiscal respondió contundente nada más iniciar su intervención.

«No se persiguen opiniones políticas»; la razón del juicio es «haber intentado liquidar la Constitución española de 1978», recurriendo además a «la violencia en aquellos momentos en que ha sido necesaria».

En un documento publicado la semana pasada, la fiscalía mantuvo contra nueve de los acusados el cargo de rebelión, que incluye la noción de alzamiento violento.

Entre ellos está el ex vicepresidente regional Oriol Junqueras, al que señala como uno de los principales motores del intento secesionista y para el que pide 25 años de reclusión por rebelión y malversación de fondos públicos.

Además, el ministerio público pide 17 años de cárcel por rebelión contra la ex presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de dos asociaciones independentistas muy movilizadas en las calles a favor de la celebración efectiva del referendo.

– «Hubo violencia» –

Precisamente la rebelión es la gran controversia en este juicio, y focalizó los esfuerzos de la fiscalía este martes.

Los procesados y sus defensas destacan que los independentistas no usaron armas en ningún momento, y acusan de violencia a la policía, por golpear con porras, disparar balas de goma y propinar empujones a los manifestantes que masivamente protegieron los colegios electorales el día del referendo, para que se pudiera celebrar la consulta.

El fiscal Zaragoza argumentó que sí que hubo violencia en el clima «insurreccional» creado por el independentismo para celebrar el referendo, pese a su ilegalidad y al despliegue excepcional de 6.000 policías encargados de impedirlo.

«La rebelión no necesita ni violencia grave ni violencia armada», apostilló, acusando a los procesados de «enfrentar a miles de ciudadanos contra servidores del orden público, cuando estaban actuando legítimamente y en mandato de una orden judicial».

Desarrollando este argumento, su colega de la fiscalía, Jaime Moreno, recordó los actos hostiles a los policías desplegados: ‘escraches’ frente a sus hoteles, patadas en la cabeza y los testículos, puñetazos, empujones…

Y tachó de «intimidación» a que los independentistas se concentraran ante los colegios para que se pudiera votar.

«Fue claramente una conducta violenta»; «hubo violencia física», concluyó el fiscal, recordando el saldo de la jornada del referendo: 93 agentes lesionados, y unas mil personas atendidas por médicos a raíz de la intervención policial.

Tras la fiscalía será el turno de la Abogacía del Estado, que en lugar de la rebelión optó por el cargo de sedición, de menor gravedad, y pide entre 7 y 12 años en función del acusado.

Una posición por cierto contestada por el fiscal Zaragoza: «era un ataque contra el orden constitucional, no un ataque contra el orden público, por eso no puede ser una sedición».

El gran ausente del juicio es el ex presidente regional Carles Puigdemont, huido a Bélgica poco después de la declaración unilateral de independencia.

Junto con Junqueras fue electo eurodiputado, aunque parece difícil que ejerza porque en teoría debe recoger sus credenciales en Madrid, donde la policía lo detendría de inmediato.