El problema de los malos abogados frente a la justicia en EEUU

La policía rodea a unos opositores a la pena de muerte que protestan en la escalinata del Tribunal Supremo de EEUU, en Washington, el 17 de enero de 2017 afp_tickers

La pena de muerte en Estados Unidos se aplica «no a los peores asesinos, sino a los que tienen los peores abogados», dice la penalista Stephen Bright, mientras el Tribuanl Supremo examina un caso que ilustra la desviación del principio de igualdad de los ciudadanos ante la justicia.

Carlos Ayestas, un hombre de origen hondureño, fue condenado a la pena capital por haber atado y golpeado de muerte, junto con dos cómplices, a un hombre de 67 años cuando asaltaban su domicilio en 1995.

Según sus defensores, el asesino llevaba una pesada carga: era alcohólico desde adolescente, toxicómano, víctima de traumatismo craneal y sufría de graves problemas psíquicos.

Fue juzgado en un tribunal de Harris, en Texas, un condado que tiene el récord absoluto de ejecuciones en Estados Unidos. Este condado ha ejecutado a más personas que cualquier otro de Estados Unidos.

Esta es la tercera vez en un año que un caso de Harris, con reputación de ultra represivo, llega ante el Tribuanl Supremo de Estados Unidos, un país con 3.000 condados.

«Esto demuestra que hay un problema ahí», comenta el jurista Robert Dunham. «Es un condado en un estado de excepción, o está en camino a ser un condado fuera de la ley», destaca.

El código penal de Estados Unidos estipula que un acusado sin recursos tiene derecho a un abogado y a los medios «razonablemente necesarios» para su defensa, especialmente para financiar las pesquisas que sean susceptibles de establecer las circunstancias que atenúen la gravedad de sus actos.

En el caso de Ayestas, «el abogado en su caso no hizo nada durante un año y medio, hasta aproximadamente un mes antes de la audiencia», señaló Lee Kovarsky, encargado de apelar por los prisioneros ante el el Tribuanl Supremo.

– Sin peritos en salud mental –

«Un abogado serio debería verificar la historia de su cliente en el plano social, obtener una opinión especializada de su salud mental e investigar cuál es la mejor circunstancia atenuante para explotar. Nada de todo eso se ha producido», critica.

Una vez que se estableció la culpabilidad de Carlos Ayestas, agregó, él tendría que haberse hecho la pregunta siguiente frente a la pena: ¿Es parte de lo peor entre lo peor, merece la pena de muerte al ver las circunstancias de su vida?».

Brandon Garrett, profesor de la facultad de leyes de Virginia, recuerda que «el primer papel de un abogado de un acusado que es objeto de la pena capital es presentar al jurado una razón para que no sea condenado a muerte».

Pero para Ayestas, «solo hicieron falta 12 minutos para que un jurado decidiera condenarlo a muerte, no había ninguna razón para no hacerlo».

Para reparar las deficiencias de los abogados defensores existe en Estados Unidos el procedimiento de habeas corpus, que permite a la persona condenada apelar la condena bajo el argumento de que esta condena le fue impuesta violando sus derechos constitucionales.

Pero, en Texas, la ley complica las cosas para los detenidos, imponiendo a los abogados probar de manera preliminar que la sentencia habría sido diferente si el acusado hubiera estado mejor representando.

– Defender bien cuesta dinero –

«Para defender a los condenados a muerte, hay que formar un equipo. Un abogado para todo no es suficiente», especialmente sin medios financieros, explica la experta Emily Olson-Gault.

Se requiere que los asistentes sociales establezcan una relación de confianza con el detenido, por el traumatismo que éste ha sufrido, que los investigadores tengan el dinero para pagar los peritos médicos y claramente son elementos que Texas negó en el caso de Ayestas.

Sus abogados esperan por lo tanto que el Tribuanl Supremo en Washington reafirme de manera enérgica los argumentos de la defensa de que Carlos Ayestas fue privado de lo «necesariamente razonable» para contar con posibles circunstancias atenuantes.

Las experiencia muestra que los jueces son sensibles a los argumentos de salud mental, incluso frente a los crímenes más violentos.