El proceso constituyente chileno relanza cerca de 30 iniciativas populares para debatirlas

Santiago de Chile, 7 jul (EFE).- La fase de participación ciudadana del proceso constituyente chileno, que finaliza en la medianoche de este viernes, relanzó como mínimo 28 iniciativas populares de norma (IPN) que ahora se debatirán en el Consejo Constitucional, encargado de redactar el texto final que se plebiscita el próximo 17 de diciembre.

En una votación telemática que duró dos semanas, los chilenos escogieron entre cerca de 1.300 propuestas de entidades o personas físicas, de las que únicamente 28 superaron el umbral de 10.000 apoyos que les posibilita ser debatidos por los consejeros constitucionales.

«Ha sido un proceso desafiante por abrir espacios de participación en un proceso constitucional en curso, pero también muy enriquecedor, porque hemos integrado una muestra representativa del país», sostuvo este viernes el secretario ejecutivo de la Secretaría de Participación Ciudadana del proceso, Claudio Troncoso, en un acto en Santiago.

Este viernes, la participación se aceleró: lo que parecía que acabaría con una docena de proyectos aprobados, ligados sobre todo a fuerzas conservadoras, escaló hasta sobrepasar la veintena, entre las que se encuentran varias de marca progresista.

Entre las IPN de carácter conservador se destaca una que quiere constitucionalizar el «derecho a la vida del no nacido», restringiendo la posibilidad de un derecho universal de las mujeres a abortar, u otra propuesta que pide legalizar el uso de armas por parte de civiles como un «derecho a la legítima defensa».

Desde las IPN progresistas, triunfaron, entre otras, las que hacen referencia al derecho a la educación y a la salud, el derecho a una vivienda digna, derechos sexuales y reproductivos, o la garantía del acceso al agua para toda la población, cuyo uso está mayormente privatizado en Chile.

Las IPN buscan modificar el anteproyecto para una nueva constitución -que un grupo de expertos redactó antes de pasarlo al Consejo Constitucional-, para lograr así incorporar sus ideas a la nueva Carta Magna.

Unos 225.000 chilenos participaron en la votación telemática que, con un máximo de 10 votos por persona, emitieron más de 580.000 apoyos.

En el anterior proceso constitucional, que acabó en el rechazo a la propuesta el pasado septiembre, pasaron a debate 78 iniciativas populares, que necesitaban 15.000 firmas para ser aprobadas, si bien el plazo para votar fue de más de dos meses.

FALTA EL FILTRO DEL CONSEJO

El Consejo Constitucional será el encargado de aterrizar los contenidos de las IPN. La ultraderecha, con 22 de los 50 consejeros, es la primera fuerza en la cámara y tiene poder de veto sobre cualquier propuesta para el contenido de la nueva Constitución.

Entrevistado por EFE, el politólogo Danilo Herrera, que sigue el día a día del proceso constituyente, valoró que las iniciativas conservadoras son las vencedoras en la fase de participación ciudadana, tanto en el número de IPN aprobadas como en número de votos recibidos, y auguró que sus contenidos estarán en el texto definitivo, tal vez no de manera literal, pero sí «en su espíritu».

«Las iniciativas populares progresistas, salvo alguna excepción, no tienen posibilidades de entrar en la Constitución, atendiendo a la mayoría de derechas que tiene el Consejo. No hay ninguna opción para que entren en el texto final propuestas como la de la Central Unitaria de Trabajadores -el principal sindicato del país- o la de derechos sexuales y reproductivos», valoró Herrera.

Chile inició el proceso constituyente tras las intensas protestas que estallaron en 2019 pidiendo cambios profundos, en un país donde la mayoría de los servicios básicos están privatizados por mandato de la actual Constitución, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y una de las más neoliberales del mundo. EFE

ima/mfm/ics

© EFE 2023. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.