El caso jesuitas “debe reabrirse” en El Salvador, según impulsor de la causa

San Salvador, 13 nov (EFE).- El proceso penal por la masacre de 6 padres jesuitas y dos mujeres (1989) en El Salvador “debe reabrirse”, dijo este sábado a Efe José María Tojeira, uno de los principales impulsores de la causa.

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó en septiembre de 2020 el cierre del proceso tras resolver tres recursos de casación a favor de los vinculados al crimen, incluido el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994).

“Vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir insistiendo que fue un acto corrupto de un par de jueces de la Sala de lo Penal, a los que hemos denunciado por prevaricación, y creemos que el caso debe reabrirse”, dijo el religioso español.

Agregó que “vamos a seguir trabajando, porque eso no se olvida ni se deja quieto”.

Señaló que ha pasado más de un año desde que se presentó un recurso para reconsiderar el fallo y la denuncia contra los jueces y estas demandas no se han resuelto.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso para revocar la decisión y recusó a los jueces José Argueta y Juan Bolaños, para que no conocieran la petición.

Por su parte, la Universidad Centroamericana (UCA), en cuyo campus se dio la masacre, acusó a estos jueces ante la Fiscalía por el delito de prevaricación.

“El sistema judicial es un sistema en crisis que ha aumentado los niveles de corrupción muy fuertemente. El reclamo de la Fiscalía no lo han contestado, nosotros hemos denunciado por prevaricación a dos de los tres jueces de la Sala de lo Penal, eso está paralizado en la Fiscalía”, dijo Tojeira.

Añadió que la resolución que cerró el proceso fue “inconstitucional del todo” y que el recurso y la denuncia no han avanzado “por la ineficacia”.

Indicó que, a pesar que consideran inconstitucional la decisión de los jueces, no han acudido a la Sala de lo Constitucional por falta de confianza.

El pasado 1 de mayo, la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista cesó a los magistrados constitucionalistas y nombró reemplazos, que Estados Unidos y otros sectores consideran “leales” al Gobierno de Nayib Bukele.

“Nosotros no los hemos hecho, porque no confiamos ni queremos darle legitimidad a esta Sala de lo Constitucionalidad impuesta”, dijo el religioso, que también dirige el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca).

Añadió: “El asunto está paralizado por el sistema judicial del país y por todos aquellos que tienen influencia y no quieren que se haga nada al respecto”.

Tojeira dio estas declaraciones en el marco de la conmemoración del 32 aniversario de la masacre.

Decenas de personas se congregaron la noche del sábado para participar en una misa, un acto cultural y escuchar el mensaje del rector de la UCA, Andreu Oliva, quien destacó que el legado de los jesuitas sigue vigente.

El 16 de noviembre de 1989, cinco días después de que la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) lanzara la ofensiva “Hasta el tope” en la capital, un comando de élite del Ejército salvadoreño segó la vida de los jesuitas.

Las víctimas fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, la trabajadora de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos.

Ellacuría, entonces rector de la UCA, había denunciado las condiciones de explotación y miseria de la mayoría campesina del país, compromiso con en el que coincidió el arzobispo de San Salvador, san Óscar Arnulfo Romero.

Por este crimen únicamente está encarcelado en El Salvador el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991, mientras que la Audiencia Nacional de España condenó en 2020 al exviceministro de Seguridad Pública Inocente Montano a 133 años y cuatro meses de prisión.

La Corte Suprema ha negado a Benavides el indulto y la conmutación de la pena por considerar la masacre un delito de lesa humanidad y en junio pasado se le negó la libertad condicional anticipada. EFE

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