La Fiscalía salvadoreña acusa a 13 personas por masacre de jesuitas en 1989

San Salvador, 25 feb (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador presentó este viernes un requerimiento penal contra 13 personas, incluido el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), por la masacre de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres en 1989, informó el fiscal general, Rodolfo Delgado.

«Hace unos instantes se ha presentado requerimiento fiscal contra 13 personas vinculadas al asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, entre ellos, el expresidente Alfredo Cristiani», publicó Delgado en su cuenta de Twitter.

A comienzos de enero, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la reapertura del proceso y mandó a la Sala de lo Penal a modificar un fallo con el que había cerrado el caso a petición de la defensa de los militares señalados.

La publicación de Delgado fue acompañada con un video en el que agregó que este escrito se presentó ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, sin entrar en mayores detalles.

Además de Cristiani, son señalados los militares retirados Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López y Joaquín Arnildo Cerna Flores.

«La FGR está empeñada en llevar ante el banquillo de los acusados a los responsables de este lamentable y trágico hecho, ocurrido durante el conflicto armado (1980-1992)», añadió Delgado.

La Sala de lo Penal de la Corte Suprema dictó en 2020 el cierre del proceso penal y también ordenó «que no se investigue a los señalados como autores intelectuales de la masacre» en respuesta a recursos de casación presentados por la defensa.

Los jueces constitucionalistas admitieron un amparo presentado por el fiscal Delgado en noviembre de 2021 para que se revisara la resolución en la que se ordenó el cierre del proceso penal.

La Universidad Centroamericana (UCA), en nombre de la Compañía de Jesús, denunció ante la Fiscalía por posible prevaricación a los dos magistrados que firmaron el fallo de casación y que frenó el proceso por varios meses.

La Fiscalía no ha dado detalles de si abrió una investigación contra estos juzgadores.

«Vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir insistiendo que fue un acto corrupto de un par de jueces de la Sala de lo Penal, a los que hemos denunciado por prevaricación, y creemos que el caso debe reabrirse», dijo en noviembre pasado a Efe José María Tojeira, uno de los principales impulsores de la causa.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña, un comando élite del Ejército ejecutó a los religiosos y a dos mujeres en el campus de la UCA.

La anulación de una ley de amnistía de 1993, por un fallo constitucional de 2016, permitió que una corte de paz ordenará en 2017 la reapertura del proceso a petición de la UCA.

Diversos recursos presentados por la defensa retrasaron el comienzo de las diligencias de investigación.

Por este crimen únicamente está encarcelado en El Salvador el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991, mientras que la Audiencia Nacional de España condenó en 2020 al exviceministro de Seguridad Pública Inocente Montano a 133 años y cuatro meses de prisión.

Las víctimas fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López, la trabajadora de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos. EFE

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