El Congreso salvadoreño respalda opacidad en la pandemia en medio de críticas

San Salvador, 5 may (EFE).- En medio de las críticas internacionales por la destitución de magistrados del Supremo y del fiscal general, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles una ley de inmunidad para el manejo de la pandemia, que para la oposición busca anular las investigaciones por corrupción.

La Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionada por la pandemia covid-19 fue aprobada en la segunda sesión plenaria del nuevo Congreso y contó con los votos de 63 diputados de los 84 en el órgano Legislativo.

El beneficio judicial incluye a las posibles irregularidades cometidas desde el inicio de la pandemia, dado que al ser considerada una materia de «orden público» es retroactiva.

La ley, presentada a petición del presidente Nayib Bukele, establece que la inmunidad se aplicará «ante cualquier reclamo» vinculado con la compra de tratamientos médicos para atender la covid-19.

De acuerdo con el articulo 4 de la iniciativa, gozarán de inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas los «proveedores de servicios en salud tales como médicos, farmacéuticos, enfermeras, organizaciones hospitalarias, y los que trabajan en el sector de la salud».

También incluye al «fabricante, el titular de la autorización de comercialización y/o el distribuidor del producto o servicio para tratamientos médicos, ya sea nacional o extranjero».

Estos sectores también «estarán exentos de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial u obligación de indemnizar».

«La inmunidad en virtud del artículo 4 aplicará ante cualquier reclamo que tenga como relación casual el desarrollo, la administración o el uso de un producto o servicio para tratamientos médicos para atender la pandemia», señala el artículo 5.

El diputado Johnny Wright, del partido opositor Nuestro Tiempo (NI), señaló que, a su juicio, parece que el decreto legislativo «busca ocultar, busca blindar, busca inmunidad para todos los procesos que tienen que ver con el manejo de la pandemia».

La diputada opositora Anabel Belloso señaló que la iniciativa aprobada también pretende «crear un fuero a los funcionarios que, en el marco de la atención de la pandemia, están fuertemente señalados por casos de corrupción por el uso abusivo de los fondos públicos».

La ley votada fue introducida por dispensa de trámite, lo que permite que los decretos sean aprobados sin pasar por un análisis en las respectivas comisiones integradas por diputados de cada partido político en Parlamento.

El Gobierno salvadoreño enfrentaba investigaciones, al menos hasta antes del 1 de mayo cuando se destituyó al fiscal Raúl Melara, por el supuesto uso irregular de fondos estatales destinados a la atención de la pandemia.

Estas investigaciones llevaron al Ministerio Público a allanar el Ministerio de Salud y otras «20 instituciones públicas y privadas», según lo informó en su momento la Fiscalía.

Uno de los fiscales que lideró la investigación en el Minsal dijo en una conferencia de prensa en noviembre del año pasado que dicha cartera de Estado habría hecho «desembolsos millonarios» para la compra de insumos para enfrentar la pandemia.

Esto se suma a las declaraciones de reserva del Ministerio de Salud sobre prácticamente toda la información relacionada con la pandemia.

CONTINÚAN LAS CRÍTICAS

Las críticas internacionales y nacionales por la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal Melara continuaron este miércoles, mientras Estados Unidos aún evalúa tomar opciones.

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, afirmó hoy que su país todavía está evaluando las opciones para responder a El Salvador por estas acciones, que son consideradas como un ataque a la separación de poderes.

«En lo relacionado con lo ocurrido con su tribunal, todavía estamos valorando a dónde ir», dijo Harris en respuesta a una pregunta sobre cómo piensa reaccionar EE.UU. a la situación en el país centroamericano.

La vicepresidenta subrayó que hay que «tomar en cuenta» a El Salvador, sobre todo, en lo que respecta a los desafíos que provienen del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras).

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha justificado la decisión del Parlamento y ha reclamado a los embajadores designados en el país por las condenas y críticas que se han generado.

La noche del martes se conoció que el mandatario se reunió el lunes con los representantes diplomáticos, excepto el de Estados Unidos, el encargado de negocios Brendan O’Brien.

La grabación de la reunión, a pesar de que era privada, fue transmitida la noche del martes en cadena nacional de medios de comunicación.

Al menos tres embajadores confirmaron públicamente que el cónclave se dio el lunes y que había un acuerdo de privacidad, el cual fue violado por el Gobierno.

APRUEBAN ENTREGAR 153 MILLONES A ALCALDÍAS

En la segunda sesión plenaria también se aprobó casi por unanimidad la entrega de 153 millones de dólares para abonar una deuda de casi un año con las 262 alcaldías, correspondiente al dinero que entrega el Ejecutivo contemplado en el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes).

Con los votos de 78 diputados de los 84 en el Congreso, 64 del oficialismo y 14 de la oposición, se aprobó la entrega del 50 % de la deuda que tiene el Gobierno con los municipios.

La suspensión de la entrega del fondo, que representa el 10 % de los ingresos corrientes del Gobierno, generó polémicas en el país y una investigación de la Fiscalía.

Dina Argueta, diputada del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aseguró en Twitter que la iniciativa fue hecha a «medida» del Ejecutivo y «con serias ilegalidades».

El decreto aprobado, también con dispensa de trámite, señala que las alcaldías, la mayoría dirigidas por Nuevas Ideas, tendrán una «libre disponibilidad» de los recursos.

En la víspera de la jornada se especulaba, a raíz de publicaciones del presidente Bukele y de diputados oficialistas, que el Congreso destituyera al procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar; a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Cuentas.

Estos, al igual que los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal Melara, han tenido enfrentamientos con el Ejecutivo de Bukele. EFE

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