La SIP advierte del peligro de la ley de agentes extranjeros de El Salvador

Miami, 12 nov (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió este viernes de los efectos negativos para las libertades de expresión y de prensa que tendría la aprobación de la llamada «ley de agentes extranjeros» en El Salvador.

Jorge Canahuati, presidente de la SIP, y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, expresaron que la propuesta del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, «imita y profundiza» una ley que el gobierno de Nicaragua «utiliza para amordazar a las voces críticas e independientes».

Canahuati, presidente del grupo OPSA, de Honduras, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, dijeron que «se trata de una severa limitación para el funcionamiento de medios críticos al gobierno y de organizaciones que respaldan temas sociales y de derechos humanos que dependen del respaldo internacional para cumplir su labor».

Presentada al poder legislativo en abril pasado a iniciativa del presidente Bukele, la ley establece un impuesto adicional del 40 % a otras obligaciones fiscales para cada transacción financiera que las organizaciones y medios reciban del extranjero.

Especialmente, pone en el blanco a aquellas instituciones que transmiten «cualquier material informativo físico, electrónico o digital».

La SIP dijo que los argumentos de la iniciativa se basan en principios de «no injerencia» y «soberanía nacional», «una forma que los gobiernos utilizan para amordazar a medios críticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos que reciben donaciones y aportes desde el extranjero».

Al respecto, y citando a Nicaragua, México y Venezuela, entre otros países, la SIP alertó este año sobre «el resurgimiento de la tendencia a crear leyes y/o desacreditar la credibilidad de las organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos, con el ánimo de limitar sus operaciones y actividades».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que «los Estados deben abstenerse de restringir los medios de financiación de las organizaciones de derechos humanos y deben además permitir y facilitar el acceso de las organizaciones de derechos humanos a fondos extranjeros en el marco de la cooperación internacional, en condiciones de transparencia».

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, compuesta por más de 1.300 publicaciones y con sede en Miami. EFE

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