El segundo partido del Gobierno sudafricano demanda la controvertida Ley de Expropiación

Johannesburgo, 10 feb (EFE).- La Alianza Democrática (DA, en inglés), el segundo partido del Gobierno de coalición de Sudáfrica y principal fuerza de la oposición hasta las elecciones del pasado mayo, presentó este lunes una demanda ante el Tribunal Superior del Cabo Occidental para impugnar la nueva y controvertida Ley de Expropiación sudafricana.

«La DA se opone fundamentalmente a la ley (…), por el hecho de que abre la puerta al abuso de poder al quitar la propiedad de las personas sin compensación de manera indefinida, lo cual es totalmente contrario a lo que creemos que son los principios de la Constitución, y ciertamente opuesto a nuestras políticas y principios», dijo la presidenta del Consejo Federal de la DA, Helen Zille, en un vídeo difundido en la cuenta de X del partido.

La nueva Ley de Expropiación, adoptada por el Gobierno sudafricano el pasado 23 de enero después de cinco años de deliberaciones parlamentarias y consultas públicas, facilitará a los organismos del Estado expropiar tierras por interés público.

En un comunicado, Zille afirmó que la Ley de Expropiación es inconstitucional tanto en su contenido como en su procedimiento y anunció que la DA, partido de mayoría blanca, ha pedido al tribunal sudafricano una orden que anule la normativa «en su forma actual».

El partido argumenta que ningún Gobierno democrático debería tener poderes «tan amplios» para confiscar propiedades sin compensación.

«Más allá de sus fallos legales, la DA se opone firmemente al contenido de la Ley, que busca cumplir el mandato de la conferencia electoral del CNA (Congreso Nacional Africano) de 2017, que ordenó incluir la expropiación sin compensación como un instrumento legal», aseveró.

Asimismo, aseguró que «el Gobierno del ‘apartheid’ (régimen de segregación racial que rigió en Sudáfrica entre 1948 y 1994) utilizó poderes similares para desalojar por la fuerza a comunidades de sus tierras, a menudo con una compensación insuficiente o inexistente».

En esta línea, Zille afirmó que, con la normativa, el gobernante CNA «busca ampliar drásticamente el alcance de la expropiación y mantener indefinidamente abierta la ventana de restitución de tierras».

La expropiación de tierras es un tema de alta sensibilidad en Sudáfrica, donde todavía hay un reparto desigual del suelo que es herencia del ‘apartheid’.

De hecho, según un informe gubernamental de 2017, más del 72 % de las tierras de cultivo de propiedad privada del país pertenecen a población blanca, que representa menos del 8 % del total de sudafricanos.

La nueva normativa llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a ordenar el pasado viernes el cese indefinido de la ayuda que recibía Sudáfrica desde Washington, ya que acusó a Pretoria de confiscar las tierras de la minoría afrikáner (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses) sin compensación y de violar los derechos humanos.

Tras esta decisión, el Gobierno sudafricano denunció «lo que parece ser una campaña de desinformación y propaganda», al destacar que los motivos de la medida no tienen «rigor factual» y que la iniciativa «no reconoce la profunda y dolorosa historia de colonialismo y ‘apartheid'» que atravesó su país.

De hecho, el CNA -partido del presidente del país africano, Cyril Ramaphosa- aseguró que no se ha confiscado ningún terreno sin compensación y añadió que esto solo ocurriría en circunstancias excepcionales, por ejemplo, si fuera necesario para uso público y se hubieran agotado todas las vías para adquirirlo.

Aunque el mandatario estadounidense ya suspendió la ayuda humanitaria en todo el mundo por un período de 90 días, la sanción contra Sudáfrica tiene un plazo indefinido. EFE

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