Entra en vigor en Japón una reforma sobre inmigración que limita las solicitudes de asilo

(Actualiza con declaración de abogados voluntarios en defensa de los derechos de migrantes)

Tokio, 10 jun (EFE).- Una polémica reforma de la ley de inmigración entró en vigor este lunes en Japón, que establece un límite en el número de ocasiones en las que se puede solicitar asilo en el país y permite la deportación de aquellos que las excedan.

La revisión de la Ley sobre el Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados hace que los ciudadanos extranjeros que hayan solicitado asilo tres veces o más puedan ser deportados por las autoridades si no existen motivos «razonables» para no hacerlo.

Antes de su enmienda, la ley impedía la deportación de aquellos cuya solicitud como refugiado estuviera en trámite, un hecho que protegía al refugiado y que las autoridades japonesas criticaban como un posible abuso del sistema para permanecer en el territorio.

Otro de los cambios que entra en vigor es el de permitir que los solicitantes de asilo que se enfrentan a órdenes de deportación residan fuera de los centros de detención de inmigrantes en los que debían permanecer hasta ahora, siempre que lo hagan bajo la supervisión de familiares o ciudadanos cercanos autorizados.

La Agencia de Servicios de Inmigración asegura que ha sido testigo de detenciones y controles prolongados causados por la negativa a salir de Japón de los solicitantes de asilo sujetos a deportación y añade que esa situación dificultaba la tarea de proteger a aquellos que sí necesitaban protección.

Coincidiendo con la entrada en vigor de la normativa, un grupo de abogados voluntarios en defensa de los derechos de los migrantes aseguró este lunes que desde la agrupación harán todo lo posible para que el Gobierno japonés e Inmigración respete el derecho internacional de asilo a través de cualquier medida jurídica.

«Actualmente, en Japón hay un ratio de aprobación del 0,85 % de las solicitudes de asilo», si se excluyen las concesiones del estatus de refugiado a afganos a raíz de la vuelta al poder de los talibanes, afirmó en un vídeo una representante de este grupo, que aseguró, además, que no se están llevando de manera adecuada las investigaciones de los casos de los solicitantes.

La ley se aprobó con el apoyo del Partido Liberal Democrático (PLD), la formación gobernante en el país, que lidera el primer ministro Fumio Kishida, con el visto bueno de su socio de coalición, el budista Komeito, junto a otras fuerzas conservadoras en el país.

La oposición critica duramente esta nueva medida porque puede causar la deportación de personas que corren riesgo de ser perseguidas en sus países de origen y señalan la poca transparencia y equidad de las posibles devoluciones.

Los críticos con esta legislación también señalan la posible expulsión de menores que han nacido o se han criado en Japón y la existencia de numerosos casos de solicitantes de asilo que han conseguido el estatus de refugiado tras múltiples intentos.

Japón es uno de los países más estrictos a la hora de conceder el estatus de refugiado. En 2023, 303 personas consiguieron asilo, una cifra récord para el país, entre 13.823 solicitudes. EFE

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