El Consejo de Europa pide reformar el aforamiento en la Constitución

Estrasburgo (Francia), 29 mar (EFE).- El Grupo de expertos contra la corrupción (Greco) del Consejo de Europa pidió este martes a España la reforma del aforamiento gubernamental, a pesar del «desafío constitucional» que supone, en el informe sobre el cumplimiento de la lucha anticorrupción en el Ejecutivo y la Policía.

El organismo europeo pidió en 2019 modificar el aforamiento para «no obstaculizar el proceso de justicia penal a los miembros del Gobierno sospechosos de corrupción».

España defiende el actual aforamiento para proteger a altos funcionarios de «ataques arbitrarios» y que sea la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo quien lleve estos casos y no «tribunales inferiores».

Hay iniciativas y estudios para una posible reforma, según el Gobierno, que señala «la dificultad» de lograr «un acuerdo parlamentario muy amplio» para una posible enmienda del artículo 102 de la Constitución.

El Greco «entiende el desafío constitucional», pero pide a las autoridades españolas que «presionen para que se tomen medidas efectivas».

Esta es una de las 19 recomendaciones que hizo el Greco en 2019 que no se ha aplicado. En conjunto, hay 12 no cumplidas y 7 cumplidas parcialmente.

A pesar de «algunos avances prometedores» del IV Plan de Gobierno Abierto (2020-2024), como la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en el sector público, España «no ha implementado satisfactoriamente ninguna de las 19 recomendaciones hechas».

La organización paneuropea pide mayor atención para los poderes y recursos de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), la regulación del cabildeo y que se detallen los asuntos abordados en las reuniones con grupos de presión.

No se ha aplicado la recomendación de que un órgano independiente revise las «puertas giratorias». Lamenta el informe que no se haya abordado el núcleo de la recomendación y que no haya novedades sobre el examen independiente requerido.

Entre los incumplimientos, destaca el régimen de transparencia para los asesores, ya que el trámite parlamentario de la Ley de prevención de conflictos de intereses de los empleados públicos está previsto en mayo.

En cuanto a las fuerzas del orden, el Greco «deplora» que ni Policía ni Guardia Civil hayan fortalecido la protección de la identidad de denunciantes internos, «un área sensible y crucial para la prevención y detección de la corrupción».

El informe pide un mecanismo para los códigos de conducta de ambos cuerpos y evaluar los riesgos de actividades propensas a la corrupción,

También aplaude las medidas para la igualdad de género. En 2021, había un 15,59 % de mujeres policía, mientras que, en 2020, había un 24,74 % de nuevas cabos y guardias en la Benemérita. EFE

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