La presidenta del Supremo de Etiopía: no debería haber impunidad en el Tigray

Maribel Arenas

Madrid, 22 may. (EFE).- La presidenta del Tribunal Supremo de la República Democrática Federal de Etiopía, Meaza Ashenafi, se mantiene cauta al hablar de la norteña región del Tigray, con aspiraciones soberanistas y en guerra desde 2020 con el Ejército etíope, pero asegura que los crímenes cometidos contra la población no deberían quedar «en la impunidad».

En una entrevista con EFE en Madrid durante el foro «Los puentes de las Mujeres», de la fundación Mujeres por África, la jurista etíope confiesa no poder hablar en profundidad sobre el conflicto, por su posición en el Tribunal Supremo, pero sí se refiere a la situación en la región.

«Cuando la guerra empieza, afecta a todo el mundo, mujeres y niños, sea donde sea que ocurra, van a verse afectados. Todos aquellos que deliberadamente estén implicados en ataques a las vidas y propiedades de los civiles deberán rendir cuentas», afirma al respecto.

Tiene claro que «cualquier cosa es una mejor opción a la guerra, ya sea en Etiopía o en Ucrania», no solo porque tiene «un coste muy elevado en las personas», sino porque, además, «sabes cuándo empieza pero nunca cuándo termina».

En términos legales, Ashenafi explica que la justicia dispone de fórmulas distintas para hacer justicia como el enjuiciamiento o las comisiones para la verdad y la reconciliación (como sucedió en Sudáfrica).

«Como presidenta del Tribunal Supremo, no me limitaré a decir que es lamentable, sino que pediré responsabilidades», adelanta.

GRUPOS ÉTNICOS Y MUJERES

Ashenafi trabajó durante el proceso de redacción de la Constitución de Etiopía para que se reconociera la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley, un derecho que se recoge en el artículo 25 de la Carta Magna.

Para ella, esto fue un «gran primer paso» ya que «el resto de leyes deben estar en consonancia con la Constitución», aunque reconoce que el problema es su aplicación al implicar la existencia de unas «instituciones eficientes y responsables».

Sobre la igualdad de derechos de los distintos grupos étnicos que moran el país, la presidenta se escuda en que están reconocidos en dicho artículo de la Carta Magna, pero lamenta que, «especialmente en los últimos trece años», el hecho de que la política nacional se basara en cuestiones étnicas «le ha costado al país muchos problemas».

«Los derechos de los grupos deben ser reconocidos, es muy importante, se deben rectificar las desventajas que enfrentan los grupos culturales, pero cuando basas la agenda política, social y económica en la identidad, es muy peligroso para un país», reflexiona.

Pese a ello, indica que el país está «intentando salir de ahí, neutralizar la situación y seguir adelante”.

LA CORRUPCIÓN, UN DESAFÍO PARA LA JUSTICIA

Cuando Ashenafi se convirtió en la primera presidenta del Tribunal Supremo de su país, en 2018, llegó con el propósito de recuperar la falta de credibilidad de la sociedad en la justicia.

«La corrupción es un gran problema, especialmente en los países en vías de desarrollo porque no tenemos un sistema muy eficiente», lamenta, al tiempo que precisa que la justicia también se ve afectada por ella.

«Cuando la gente viene a un tribunal, como no confía en la institución intenta sobornar al juez», agrega mientras reivindica la necesidad de poner en marcha investigaciones que desvelen la verdadera magnitud de la corrupción en el sector.

En este sentido, el pasado 12 de mayo el país lanzó una «Estrategia de prevención y control de la corrupción en los tribunales federales» donde se pone de manifiesto la situación actual de los tribunales, las formas en que puede proliferar la corrupción y los mecanismos de prevención y control para evitarla.

«Lo que yo defiendo es una tolerancia cero, no me importa si es un uno o un cinco por ciento porque cuando la gente viene a un tribunal, lo hace buscando justicia, no quiero que tengan que pagar por ella», defiende. EFE

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