Exfiscal anticorrupción de Guatemala lleva un mes en prisión por recusar juez

Ciudad de Guatemala, 3 abr (EFE).- La exfiscal anticorrupción guatemalteca Virginia Laparra cumplió este domingo un mes en prisión por recusar a un juez en un expediente de 2019, según confirmó la Procuraduría de los Derechos Humanos, que verificó su situación en la cárcel donde se encuentra.

El ombudsman guatemalteco, Jordán Rodas, visitó a Laparra en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala, donde está sin libertad junto a otros 250 reos, algunos de ellos imputados por la misma exfiscal, según detalló la procuraduría guatemalteca a periodistas.

Laparra lamentó su situación en una «carta abierta al pueblo de Guatemala», divulgada por Rodas, donde explicó su inocencia y además añadió que «veo la luz del sol una vez al día».

La abogada fue parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, que entre 2014 y 2020 emprendió una histórica lucha contra la corrupción en el país centroamericano que imputó a más de 200 personas entre altos funcionarios y miembros de la élite empresarial.

Sin embargo, desde 2021 dicha fiscalía fue desarticulada por decisión de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y sus trabajadores han sido perseguidos de manera criminal, de acuerdo a la visión de expertos y diversos sectores sociales.

Es por ello que más de 15 operadores de justicia guatemaltecos entre exfiscales y exjueces se encuentran exiliados en el extranjero, la mayoría de ellos tras haber salido de Guatemala en las últimas semanas.

Laparra recordó que la acusación en su contra obedece a que presentó como fiscal en 2019 «una denuncia administrativa por un actuar de un juez» y «eso no es un delito».

La abogada añadió que se encuentra en prisión por «ser mujer» y haber pertenecido a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público.

«¿Hasta cuando mi amada Guatemala?», se preguntó la exfiscal anticorrupción al final de su carta abierta.

La acusación del Ministerio Público en contra de su extrabajadora es por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, de acuerdo a la misma entidad.

La jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, fue sancionada en septiembre pasado por Estados Unidos acusada de obstruir la justicia en casos de alto impacto.

La organización humanitaria Amnistía Internacional aseguró el pasado 28 de marzo en su informe anual que en Guatemala se utiliza «cada vez más» una «estrategia» de «criminalización» en contra de todos aquellos que luchan por la justicia en el país centroamericano.

El documento elaborado por Amnistía Internacional subrayó que en julio de 2021 Guatemala sufrió la salida del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval del Ministerio Público, por decisión de Porras. EFE

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