Exigen una investigación «imparcial» sobre la muerte violenta de un indígena en Bolivia

La Paz, 17 feb (EFE).- Activistas y comunidades originarias de la Amazonía de Bolivia pidieron este lunes una investigación «imparcial» e «independiente» sobre la muerte violenta del indígena Francisco Marupa, a quien sus compañeros recordaron como «un defensor incansable» del parque Madidi, una de las áreas más biodiversas del mundo.

El Tribunal de Justicia Indígena de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (TJI Cidob) expresó en un comunicado su «más profundo repudio ante el asesinato» de Marupa, que era dirigente de la comunidad Torewa, perteneciente al pueblo originario leco.

«Este atroz crimen no solo arrebata la vida de un defensor incansable de su territorio y del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, sino que constituye un grave atentado contra los derechos de las naciones y pueblos indígenas de Bolivia», indicó la entidad.

También exigió a la Fiscalía que disponga «de manera inmediata una investigación exhaustiva, transparente e imparcial» para aclarar el suceso.

La Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) también demandaron una investigación «técnica, responsable e imparcial» ante el asesinato de Marupa que ocurrió «en condiciones poco claras».

La «urgencia» en las indagaciones «no implica la vulneración de derechos de los presuntos responsables e implicados», indicaron estos sectores, que también cuestionaron la «supuesta confesión» del asesinato hecha por un joven indígena «que apenas habla el idioma español y tal vez no comprenda la magnitud de lo que declaraba o de lo que se le acusa».

La Contiocap y la mancomunidad indicaron que se desconoce si el joven declaró su supuesta culpabilidad con su abogado presente, por lo que «tampoco hay garantías de que sus declaraciones se hayan desarrollado sin presión o coacción».

Estos sectores condenaron «de manera rotunda la violencia» en sus territorios y demandaron que se investiguen «de manera profunda» los «verdaderos móviles de este hecho, para identificar a los verdaderos responsables» y que no se lo use para criminalizar a los habitantes de esas comunidades que sufren la «amenaza latente» de la minería aurífera «legal e ilegal».

Además exigieron que se cumpla «el debido proceso» en todo el proceso de investigación «y no sea el ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo) quien dicte sentencia».

Marupa, de 67 años, estaba reportado como desaparecido desde el 12 de febrero y fue hallado muerto dos días después cerca de un río en la Tierra Comunitaria de Origen TCO) Leco en el norte del departamento de La Paz, donde está el parque Madidi.

Los líderes de la TCO denunciaron que esta muerte violenta se registra en medio de un constante asedio contra el pueblo Leco de personas que se dedican a la minería ilegal y a la caza hace varios años y sus acciones derivaron en desalojos forzados, amenazas e incluso quema de casas, informaron medios locales.

La Delegación de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros presentes en Bolivia condenaron el sábado la muerte violenta de Marupa y consideraron que «este trágico suceso es una alarmante muestra de los riesgos y amenazas que enfrentan los pueblos indígenas» en el país suramericano.

En las últimas horas, el ministro Del Castillo informó en sus redes sociales sobre la detención de un joven de 20 años «quien reconoció ser el autor del asesinato porque tenía problemas personales con la víctima».

«Por lo que se descarta muerte por ajuste de cuentas, temas territoriales o minería ilegal, como se especuló», señaló Del Castillo, aunque también reconoció que el caso «continúa en investigación».

El presidente boliviano, Luis Arce, manifestó en sus redes sociales su «profunda consternación» por la muerte de Marupa y aseguró que «Bolivia es un Estado Plurinacional que defiende los derechos de los pueblos indígenas y no tolerará la impunidad», por lo que instruyó «una investigación para esclarecer los hechos y se haga justicia». EFE

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