El Parlamento «lee la cartilla» a UBS y al Gobierno
El periodo de sesiones de invierno del Poder Legislativo suizo esclarece el futuro del banco número uno de suiza y del gobierno federal de cara al 2011.
Los legisladores dan sustento legal al compromiso de UBS de indemnizar con CHF 40 CHF millones al Gobierno por el escándalo fiscal que protagonizó en EEUU. Y le advierten que su autonomía será acotada.
UBS se apresta a desembolsar 40 millones de francos suizos para indemnizar a la Confederación Helvética por los gastos en los que incurrió el Gobierno federal al defender al gigante bancario (2009 y 2010) tras haber protagonizado una red de evasión fiscal en territorio estadounidense.
El Consejo de los Estados (cámara alta) del Parlamento helvético se sumó ayer (01.12) a la determinación del Consejo Nacional (cámara baja) de aprobar el decreto que dará sustento legal al desembolso a favor del Ejecutivo.
“Aun cuando UBS había aceptado realizar dicha indemnización por los gastos que generó su defensa por parte del Gobierno suizo durante el debate legal que mantuvo con Washington, la Confederación Helvética no podía aceptar dichos recursos porque comprometía legalmente su independencia”, explicó ayer a la prensa Fabio Abate, PLR, miembro de la Comisión de Finanzas y uno de los defensores de esta iniciativa.
Sentar precedente
Si bien el decreto autorizado por el Legislativo suizo atañe exclusivamente al caso UBS, para evitar que una situación parecida se reproduzca, la cámara baja pidió también ayer que esta sea la ocasión para sentar bases legales que eviten que el problema se repita en el futuro.
Por ello, con 149 votos a favor y 10 en contra, fue aceptada una moción de la Comisión de Finanzas del Consejo Nacional para crear una ley expresa que permita “facturar los gastos que provoquen al Gobierno, por representación y eventual defensa de sus intereses, aquellas empresas que pongan en riesgo a la economía suiza o a su plaza financiera”.
Un tema sobre el que el Consejo de los Estados habrá de pronunciarse antes del 17 de diciembre próximo.
Consultado al respecto por swissinfo.ch, el Ministerio de Finanzas (DFF) reiteró la posición esgrimida por su titular, Eveline Widmer-Schlumpf, en el sentido de que Suiza necesita ante todo medidas para luchar contra los riesgos que entrañan las empresas too big to fail (demasiado grandes para quebrar), no legislaciones particulares como la que propone el Parlamento.
La meta del DFF es imponer criterios de constitución de reservas para las grandes compañías que sean tan elevados y estrictos que garanticen que el Estado no deba intervenir en caso de quiebra potencial de una compañía.
Cuentas claras
La Comisión de Finanzas del Consejo Nacional detalla que el Internal Revenue Service (IRS), fisco estadounidense, interpuso dos demandas de asistencia administrativa (julio del 2008 y agosto del 2009) ante la Administración Federal de Contribuciones (AFC) de Suiza. Recordó también que se pretendía dar con el paradero de millares de contribuyentes de EEUU con cuentas ocultas en el UBC.
Tras un complejo acuerdo, la AFC ha tenido que trabajar en el suministro de información, costos de gestión y tratamiento que debe cubrir el UBS. “Atender a la primera demanda le costó al AFC 1,5 millones de francos suizos, pero la segunda, mucho más ambiciosa y severa en sus alcances, entrañó gastos del orden de los 37 millones de francos suizos”.
Gobierno, bajo la lupa
El Parlamento decidió simultáneamente poner bajo supervisión el ejercicio discrecional del poder por parte del Gobierno suizo.
Esto es, dado el daño que generó a la plaza financiera suiza el riesgo de quiebra del UBS durante la crisis de los subprime, a lo que se sumó el escándalo que encabezó el banco en Washington –producto de la red de evasión que cobijó a principios de la década-, se puso en entredicho la credibilidad del Gobierno y de sus miembros.
Concretamente, Hans-Rudolf Merz, ministro de Finanzas hasta el pasado 31 de octubre, fue cuestionado por tomar decisiones de trascendencia nacional sin haber comunicado a cabalidad al resto del gabinete y al Parlamento, la magnitud de los riesgos que asumía con el rescate del UBS.
Por esta razón, las dos cámaras decidieron (01.12) aplicar una serie de medidas que buscarán acotar el poder extraordinario que goza el Gobierno suizo –avalado por la Constitución- para tomar medidas sin consulta cuando estime que los “intereses superiores del país están en riesgo”.
Las nuevas medidas habrán de definirse en comisión para luego ser votadas en el pleno en 2011.
Mayor comunicación
Por su parte, el Senado suizo también decidió obligar al gobierno a comunicar cada una de las decisiones que toma.
No todas las intervenciones de los ministros deben seguir un protocolo, pero no queremos que el gobierno vuelva a tratar un dossier omitiendo información vital para la toma de decisiones, como sucedió en el caso UBS, citó finalmente por escrito la Comisión de Finanzas del Consejo de los Estados.
Y dejó claro que la crisis del UBS obligó a Suiza a realizar una auto evaluación sobre los poderes del Ejecutivo, cuyos alcances deben reducirse a favor del fortalecimiento de aquellos que corresponden al Parlamento, especialmente por parte de las comisiones de gestión.
Gracias al Acuerdo UBS que el Gobierno suizo negoció con Washington, se pactó que:
UBS no pagaría multa a EEUU por haber promovido y encubierto la evasión entre millares de sus clientes estadounidenses.
El fisco de EEUU abandonaría todo intento de proceso (civil o judicial) para obligar a UBS a entregarle información sobre 52.000 titulares de cuentas del UBS, como lo había solicitado en febrero del 2009.
UBS entregaría información confidencial sobre 4.450 cuentas sospechosas de evasión en el transcurso del 2010.
El Periodo de Sesiones de Invierno del Parlamento suizo inició el lunes 29 de noviembre y concluirá el 17 de diciembre.
UBS, antes Unión de Bancos Suizos, es el grupo bancario más grande de Suiza. Actualmente concentra alrededor de 30% de la actividad financiera nacional y tiene sedes en Basilea y Zúrich.
Y 40% de la actividad del UBS se desarrolla en Estados Unidos, razón por la que es fundamental mantener una buena relación con este mercado.
En febrero de 2009, el fisco estadounidense (IRS) interpuso una demanda contra el UBS ante el Tribunal Federal de Miami para obligarle a entregar información privada sobre 52.000 cuentas de presuntos evasores.
Suiza expresó de inmediato que dicha petición violaba el acuerdo para evitar la doble imposición vigente entre los dos países, e inició un largo proceso de negociación técnica y política entre Washington y Berna.
El Acuerdo UBS vio la luz el 19 de agosto de 2009. Pero cinco meses más tarde, el Tribunal Administrativo Federal (TAF) de Suiza lo juzgó inconstitucional. Fue necesaria la aprobación del Parlamento, durante la primavera pasada, para que el acuerdo cobrara validez jurídica.
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