Partidos políticos: una financiación opaca
La financiación de los partidos políticos en Suiza no es transparente. Es lo que constata Transparency Internacional.
Aún así la organización de lucha contra la corrupción destaca los esfuerzos emprendidos por el país contra el blanqueo de dinero.
Los autores del informe anual sobre la corrupción en el mundo han comparado las normas que contemplan las diferentes legislaciones en materia de financiación de los partidos políticos.
Unas 7.741 empresas de 102 países respondieron a un cuestionario sobre el pago irregular de fondos a gobiernos y partidos.
De forma general, Suiza es una buena alumna. El informe reconoce que el grado de corrupción política en el país es mínimo y, además, en todos los ámbitos.
Pero la situación cambia, cuando se habla de las donaciones a los partidos, aspecto en el que Suiza se sitúa en la zona media de la lista de países analizados.
E incluso saca malas notas en una asignatura concreta: la obligatoriedad de declarar la proveniencia y utilización de los fondos que reciben los partidos políticos.
Malas notas
Esto no es una casualidad. Al igual que Albania, El Salvador, Madagascar o Sri Lanka, Suiza forma parte de los países en cuyas legislaciones no se contemplan la obligatoriedad de declarar las fuentes de financiación de los partidos políticos.
“Existen normas en tres cuartas partes de los países del mundo. La semana pasada, en cambio, el Parlamento suizo rechazó una propuesta destinada a obtener más información sobre cómo se financian las campañas para las votaciones”, explica Philippe Lévy.
Según el presidente de Transparency Suiza, más que establecer un límite a las sumas que se pagan, se trata de incrementar la transparencia para esclarecer de dónde provienen los fondos y qué se financia con ellos.
Suiza tiene la gran suerte de no haber sido escenario de grandes escándalos de corrupción, opina Philippe Lévy.
“Pero aquí tenemos una corrupción en un grado menor que sin duda alguna tiene una influencia, especialmente en la atribución de mandatos de oferta pública”.
“Es la razón por la que hemos propuesto la introducción de una cláusula de integridad que existe en muchos países. Las partes implicadas firman una declaración en la que se comprometen a evitar toda práctica corrupta. Es un primer paso en la buena dirección.”
Sistema ejemplar
Durante muchos años señalada con el dedo, Suiza obtiene hoy excelentes notas en la lucha anticorrupción.
Las cuentas que tenían en bancos helvéticos jefes de Estado corruptos, como el filipino Marcos, el zaireño Mobutu o el nigeriano Abacha, tuvieron repercusiones sobre el sistema financiero y judicial. Hoy la legislación suiza en la materia sirve de ejemplo a muchos países en el mundo.
“En el ámbito del blanqueo de dinero hemos mejorado nuestra eficacia. Hoy formamos parte del grupo de países, cuyos sistemas legislativos son una referencia a escala mundial. Los americanos y británicos, por ejemplo, han estudiado el modelo helvético”, puntualiza Philippe Lévy.
Pero más allá de los casos Marcos, Mobutu y Abacha, Suiza se vio implicada en escándalos económicos y políticos internacionales como fueron el de Elf, en Francia, y el de Enron, en Estados Unidos.
“Creo que hemos conseguido concienciar a la opinión pública contra la corrupción, tanto en la administración pública como en la empresa privada y quizás también en las ONG”.
No obstante, queda mucho camino por recorrer para que esa concienciación se traduzca en acciones concretas contra todo lo que pueda derivar en corrupción, concluye el presidente de Transparency Suiza.
swissinfo y agencias
Transparency International es una organización no gubernamental que lucha contra la corrupción. Trabaja a escala mundial y tiene sede en Berlín.
Desde 1995 publica estudios sobre la corrupción. El informe de este año, presentado este jueves en Londres, TI traza un balance de los esfuerzos recientes emprendidos contra la corrupción política.
Suiza ha ratificado la Convención de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE) contra la corrupción en los asuntos internacionales, así como la Convención contra la corrupción de Naciones Unidas (diciembre del 2003).
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