Secreto bancario, entre el mito y la realidad

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Parte importante de la 'marca' de Suiza en el mundo, el secreto bancario es nuevamente trastocado por el conflicto entre UBS y EEUU. Sometido a múltiples ataques internacionales durante los últimos años, el esquema ha sido redefinido en diversas ocasiones.

Nacido jurídicamente en 1934 a raíz de las turbulencias internacionales que provocó el crac americano de 1929, ¿será capaz el secreto bancario suizo de resistir a la crisis de 2009, también llegada de EEUU?

Después de que el UBS y la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza (Finma) entregaran a la justicia estadounidense el nombre de alrededor de 300 clientes que defraudarían al fisco, el tema hace correr ríos de tinta.

Como en el pasado, Suiza enfrenta la presión internacional. En el mundo en crisis que antecedió a la Segunda Guerra Mundial, los estados europeos decidieron limitar la fuga de capitales al extranjero, y no se anduvieron por las ramas para lograrlo.

En 1932, por ejemplo, la policía francesa embargó un millar de nombres de clientes del Banco Comercial de Basilea en las instalaciones parisinas de esta institución.

Una violación a la legendaria discreción cultivada por siglos por los banqueros suizos que impulsó fuertemente a la Confederación Helvética a inscribir el secreto bancario en la Ley Federal de Bancos. Aún en vigor, este texto contribuye a formar, pero también a deformar, la imagen de Suiza en el extranjero.

Evasión y fraude, no es lo mismo

En el terreno práctico, el secreto bancario garantiza a los clientes de la banca helvética confidencialidad absoluta con respecto a su información, que no será retransmitida ni a instancias privadas ni a públicas, el fisco incluido.

Y los banqueros consideran que la obligación profesional que les impone el secreto bancario es comparable a la de abogados, médicos, e incluso, sacerdotes. De hecho, perseguida por oficio, su violación es castigada con una multa y prisión.

Con el paso de los años y, hay que decirlo, de las estocadas internacionales, el secreto bancario suizo ha tenido que limitarse, redefinirse y flexibilizar alcances. Hoy, por ejemplo, no puede ser invocado frente a la Finma y no aplica cuando el cliente es sujeto de un proceso penal.

Sin embargo, hasta ahora Suiza ha sabido mantener una distinción que ha hecho la diferencia de su secreto bancario con respecto al de otros países. Separar el no pago de impuestos (evasión fiscal) de la estafa (fraude fiscal).

Esto es, un contribuyente que de forma intencional, o por negligencia, no declara toda su fortuna y, en consecuencia, deja de pagar impuestos al fisco, incurre en evasión y debe cubrir una multa.

Pero aquel que hace uso de documentos falsos (falsificación de certificados de salario o de riqueza) cae en la categoría de defraudador y es sujeto de castigo penal (multas y/o prisión).

Cuando existe una demanda judicial, el secreto bancario puede anularse, y esto es lo que sucedió con los casi 300 clientes estadounidenses del UBS que son acusados de presunta defraudación fiscal en EEUU.

Ataque múltiple

Acusado regularmente por Washington de ser causante de todo tipo de males –como las «cuentas dormidas» de las víctimas del Holocausto en los 90s, o el posible encubrimiento de financiación para los atentados terroristas del 2001-, hoy el secreto bancario está en el podium de Bruselas porque contraviene la intención de la Unión Europea (UE) de armonizar su sistema impositivo.

El último incidente importante tuvo lugar en 2002. La UE quería echar a andar un intercambio automático de información entre autoridades fiscales nacionales. Pero tras negociar, Suiza mantuvo intacto su secreto bancario gracias a un Acuerdo Bilateral sobre Fiscalidad del Ahorro que firmó en 2004 con la UE, y que le comprometió a gravar directamente las ganancias de las inversiones de ciudadanos europeos en Suiza (sin revelar sus nombres).

Lo cierto es que el expediente de fiscalidad volverá a ocupar una plaza central en las relaciones entre Berna y Bruselas en el futuro inmediato, y algunos responsables políticos ya han dejado clara su posición. Por cierto, desfavorable para Suiza.

Tras una reunión consagrada el otoño pasado a la lucha contra los paraísos fiscales, el ministro de finanzas alemán, Peer Steinbrüuck, manifestó su deseo de ver a Suiza inscrita en la «lista negra de los paraísos fiscales» de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Un listado al que actualmente incluye a Liechtenstein, Andorra y Mónaco, y que será revisado antes de mediados de diciembre.

Conflictos económicos

En el plano económico, el conflicto es grande y está sujeto a múltiples ópticas.
En Estados Unidos, un comité del Senado estimó recientemente en 100 mil millones de dólares anuales el monto que escapa al fisco vía Suiza, Liechtenstein, Bahamas y las Islas Caimanes.

En Europa, la estimación de pérdidas para el fisco de países como Francia o Alemania, oscilan entre 20 y 50 mil millones de euros por año.

Actualmente, alrededor de un tercio del mercado del ahorro mundial administrado en el extranjero se concentra en Suiza. El resto del lucrativo y codiciado sector de la gestión de fortunas se reparte preponderantemente entre Gran Bretaña (24%) y Estados Unidos (19%).

De ahí que los renovados ataques contra el secreto bancario helvético deban entenderse también desde la perspectiva de la batalla competitiva que libran diversas plazas financieras.

Suiza no tiene ninguna estimación por el momento de las pérdidas financieras que le provocaría debilitar la distinción entre evasión y fraude fiscal, o más aún, abolir el secreto bancario.

Sin embargo, con un sector financiero que administra el 11,5% del Producto Interior Bruto (PIB), es claro porque Suiza está condenada a otorgarle a su secreto bancario un destino de perpetua redefinición.

swissinfo, Carole Wälti
(Traducción: Andrea Ornelas)

Contexto

El 18 de febrero, y como parte de una investigación iniciada contra clientes estadounidenses del UBS acusados de defraudar al fisco con la colaboración del banco suizo, las autoridades helvéticas anunciaron un acuerdo con el gobierno de EEUU que incluía una multa del orden de los 1.000 millones de francos suizos y la transmisión del nombre de un grupo de clientes.

Las primeras reacciones fueron esencialmente: Suiza había cedido a las presiones estadounidenses cuando un proceso jurídico estaba en curso, y a juicio de los detractores de la decisión, el secreto bancario había iniciado su agonía.

El ministro suizo de Finanzas, Hans-Rudolf Merz, confirmó un día después que el UBS transmitiría información sobre 250 o 300 clientes, pero garantizó que el «secreto bancario quedaría intacto».

La Unión Europea (UE), por su parte, se apresuró a reclamar el mismo tratamiento para los residentes de sus 27 países.


El acuerdo desembocó el 19 de febrero en una nueva demanda de la justicia estadounidense, que ahora exigía al UBS revelar al fisco la identidad de 52.000 clientes titulares de cuentas secretas ilegales con depósitos del orden de los 14.800 millones de dólares.

El 24 de febrero, los abogados de ocho clientes norteamericanos del UBS interpusieron una demanda contra el banco y contra la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros (Finma) ante el Ministerio Público de la Confederación Helvética.