Secreto bancario, privilegio exclusivo de «no evasores»
En 2011, la confidencialidad bancaria se mantiene intacta para los suizos y accesible para los europeos, pero sólo para aquellos que estén dispuestos a tributar a su país –de forma anónima y puntual- por las ganancias que generan en Suiza.
La discreción se esfumó de forma irreversible para políticos, empresarios y dueños de fortunas opacas. Suiza ha devuelto en 15 años un total de 1.700 millones de francos suizos a ocho gobiernos.
La discreción financiera helvética tenía un sólido sustento jurídico y proclamarse enemigo del secreto bancario en Suiza era sinónimo de falta de patriotismo.
Un titán que se derrumbó en marzo del 2009, cuando Suiza cedió ante la presión de Estados Unidos y Europa, y aceptó plegarse a las reglas fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que le exigían intercambiar información bancaria confidencial con otros gobiernos cuando éstos sospechen la evasión de sus contribuyentes.
Un paso que Suiza dio, obligada por la presión internacional.
De forma unilateral y libremente, no obstante, emprendió desde hace 15 años el camino para cerrar las puertas a haberes de políticos obtenidos de forma turbia.
En 2011, como nunca antes, Suiza se ve confrontada a traducir sus compromisos en hechos.
Intacto, para los suizos
¿Sobrevive aún el secreto bancario suizo?
La Asociación Suiza de Banqueros (ASB) afirma que sí.
Para los clientes suizos de la banca, de hecho, nada ha cambiado; sus derechos se mantienen intactos desde hace más de siete décadas y tienen sustento en el Artículo 47 de la Ley Federal de Bancos y Cajas de Ahorro, que considera pena de prisión para todo empleado del sistema financiero que ventile información sobre la identidad o inversiones de sus clientes.
Están sólo dos excepciones:
El secreto bancario no opera cuando un cliente ha cometido un crimen grave (tráfico de armas o drogas); o está sometido a un juicio civil, por herencia o divorcio, y estén en juego los haberes que el secreto bancario protege.
La ASB aclara a swissinfo.ch que lo que cambió claramente en Suiza es que cada vez busca administrar activos más transparentes y fácilmente gravables.
Una claridad que nada tiene que ver con el robo de coordenadas bancarias y su posterior exhibición ante la opinión pública.
La ASB destaca que éste es “un delito penado y perseguido por oficio en Suiza” y rechazado por los banqueros.
La asociación de banqueros declina opinar sobre el caso concreto de Rudolf Elmer -ex directivo del banco suizo Julius Bàr, quien decidió entregar al sitio WikiLeaks información confidencial sobre muchos de sus clientes del pasado-, pero la ASB aclara que es tan fácil como entender que “existen nuevas normas y principios en la gestión de la asistencia administrativa fiscal entre gobiernos, y deben respetarse”.
Fin de la indiferencia
Durante los últimos 15 años, Suiza ha modificado el escrutinio que realiza de los fondos que recibe, producto de una serie de compromisos que ha asumido a nivel internacional (ver CLAVES DEL SECRETO BANCARIO SUIZO).
Durante mucho tiempo, Suiza y sus banqueros se rehusaron a conocer el origen del dinero que recibían, y si los recursos estaban declarados, o no, en el país de origen, denuncia Sylvain Besson, autor del libro La plaza financiera suiza está bajo presión.
Un texto en el que dilucida el futuro de la banca helvética tras la crisis del 2008 y refiere que la caída del secreto bancario lo cambió todo para la plaza financiera helvética.
En dicho diagnóstico sobre la banca agrega que si fue tan bien recibida la decisión del gobierno suizo por las potencias extranjeras es porque Suiza envió una señal de progreso a la transparencia y gobernanza (rendición de cuentas) internacionales al sumarse a la “moralización de las finanzas del mundo”.
Confidencialidad o cumplimiento
La ASB afirma que confidencialidad para el cliente y cumplimiento fiscal son compatibles, razón por la que Suiza incentiva acuerdos bilaterales con gobiernos como el de Alemania y Gran Bretaña.
Cabe recordar que desde el 1° de julio del 2005, el Ministerio de Finanzas tiene en marcha un pacto con Bruselas -parte del Acuerdo para la Fiscalidad del Ahorro entre los dos socio comerciales- que permite la retención parcial de los dividendos para clientes europeos con cuentas bancarias suizas, para luego transferirlos a su país de origen sin revelar su identidad.
Una alternativa que, sobre la marcha, ha sido poco rentable para la UE.
De acuerdo con cifras preliminares del Ministerio de Finanzas, Suiza habrá pagado unos 600 millones de francos suizos a la Unión Europea en 2010, vía dichas retenciones.
El problema central radica en que es el cliente extranjero quien debe pedir expresamente a su banco la retención y transferencia de impuestos a la hacienda de su país. Un acto de responsabilidad tributaria que pocos contribuyentes ejercen.
A este respecto, Sylvain Besson afirma que según estimaciones del Deutsche Bank al 2007 –el año previo a la crisis-, hasta 70% de los fondos extranjeros invertidos en Suiza no estaban declarados.
Para atajar este problema, Suiza negocia acuerdos bilaterales. Concretamente, negocia desde otoño del 2010 con Berlín y Londres un nuevo “impuesto liberatorio”, de carácter obligatorio y aplicable a todo tipo de inversiones, que permitiría cumplir con el fisco de Londres y Berlín sin revelar el nombre de los clientes de la banca suiza.
Las controvertidas fortunas políticas
La presidenta de Suiza, Micheline Calmy-Rey, anunció (19.01) la decisión de congelar todo fondo administrado en la banca suiza que pudiese pertenecer al ex presidente de Túnez, Ben Ali y a sus allegados; o al presidente saliente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo.
Una decisión que la presidenta suiza calificó en línea con la política que ha mantenido durante los últimos 15 años, periodo en el que ha restituido unos 1.700 millones de francos suizos a otros gobiernos por tratarse de fondos de políticos cuyo origen no era claro (ver FONDOS RESTITUIDOS POR SUIZA).
Una cruzada que se intensificará a partir del 1° de febrero del 2011, cuando entre en vigor la nueva Ley Federal para la Restitución de Valores Patrimoniales de Origen Ilícito de Personas Políticamente Expuestas (LRAI), también llamada Duvalier, porque diseñada para paliar las lagunas jurídicas que existían y que impidieron a Suiza devolver sin contratiempos al gobierno de Haití fondos congelados del dictador Jean-Claude Duvalier y su familia.
Un tema abierto, que exige la flexibilidad de Suiza, quien según la Universidad de Johannes Kepler y el Instituto de Investigación Coyuntural de Zúrich (KOF) podría ver partir hasta 700 millones de francos suizos de extranjeros durante los próximos cuatro años si no es capaz de adecuar paulatinamente su sistema financiero a las reglas de fiscalidad del ahorro que operan en la UE.
FILIPINAS. (2003). Marcos: 864 millones de dólares.
NIGERIA (2005). Abacha: 700 millones de dólares.
PERÚ (2006). Montesinos: 92 millones de dólares.
ANGOLA (2005). Angolagate: 21 millones de dólares.
KAZAKSTÁN (2007): 84 millones de dólares.
MÉXICO. (2008). Salinas: 74 millones de dólares.
CONGO (2009). Mobutu: 6,7 millones de dólares.
HAITÍ (2010). Duvalier: 5,7 millones de dólares.
La plaza financiera suiza emplea a casi 200.000 personas y genera 6% del empleo nacional. Y los bancos helvéticos administraron en 2010 alrededor de 6.000 millones de francos suizos, unas 13 veces la talla dela economía suiza íntegra.
El 60% de esos recursos viene del extranjero.
internacionales, éste se ha transformado con los años para evitar se cobijo de delitos fiscales y penales.
1929: Durante la gran depresión muchas fortunas se refugian en Suiza.
1934: El secreto bancario suizo adquiere estatus jurídico y se inscribe en la Ley Bancaria. Se aplica a fortunas nacionales y extranjeras.
1977. Los bancos suizos comienzan a indagar la proveniencia de los fondos que reciben.
1998. Suiza adopta formalmente una Ley contra el Lavado de Dinero (tras una serie de casos de fondos cuestionables de dictadores africanos como Mobutu, Abacha o Taylor).
2002. Suiza acepta ayudar a EEUU a rastrear fondos de terroristas sin debilitar el secreto bancario.
2004. Suiza pacta con la UE un acuerdo de Fiscalidad del Ahorro que busca luchar contra en fraude fiscal, al tiempo que defiende la confidencialidad de los clientes.
2008. El escándalo UBS, desatado debido a que este banco promovió una red de evasión en EEUU acrecienta la presión internacional para que Suiza desaparezca el secreto bancario.
2009. Para salir de la “lista gris” de la OCDE de paraísos fiscales, Suiza acepta flexibilizar su secreto bancario. Ahora considerará también la “evasión” como delito y no sólo el fraude fiscal, pero se rehúsa al intercambio automático de información fiscal con otros países.
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