Fiscalía General acusa al presidente de Costa Rica por un delito contra la función pública

San José, 7 abr (EFE).- La Fiscalía General de Costa Rica presentó este lunes una acusación contra el presidente del país, Rodrigo Chaves, por presunta concusión (un delito contra los deberes de la función pública), en relación a contrataciones de servicios de comunicación para el Gobierno con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

«Este delito sanciona con penas de 2 a 8 años al funcionario público que, abusando de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial», explicó la Fiscalía General en un comunicado.

La acusación fue presentada este lunes por el fiscal general, Carlo Díaz, ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá analizarla y decidir, en un plazo no determinado, si traslada el asunto al Congreso para que discuta el levantamiento de la inmunidad del mandatario.

La Fiscalía General explicó que «investigó la contratación aparentemente a la medida para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, correspondiente al período 2022-2026».

La acusación también involucra al actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien en el momento de los hechos investigados ejercía el çargo de jefe de Despacho del presidente Chaves.

El caso se refiere a aparentes irregularidades en la contratación de la empresa de comunicación RMC La Productora, propiedad de Cristian Bulgarelli, quien habría sido la persona que redactó los requisitos de contratación del concurso que realizó el BCIE para la adjudicación por unos 405.000 dólares en 2022.

En junio de 2024 el BCIE sancionó con un veto de 7 años a Bulgarelli y la empresa por «la comisión de las prácticas prohibidas de fraude y colusión», pues «el proveedor aceptó públicamente haber elaborado los términos de referencia del proceso en coordinación y acuerdo con ex funcionaria del Ministerio de Comunicación de la República de Costa Rica».

El caso salió a la luz pública en diciembre de 2023, cuando el diario La Nación realizó una serie de publicaciones basadas en audios que le facilitó la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien ejerció ese cargo por 4 meses desde el inicio del Gobierno del presidente, Rodrigo Chaves, en mayo de 2022.

La exministra Navarro dijo que grabó los audios para documentar «hechos que podrían ir contra la ley o la ética» y que los suministró a ese diario para «hacer lo correcto».

Según el Gobierno, fue la exministra Navarro quien llevó a Bulgarelli a Casa Presidencial y el presidente no lo conocía.

El Gobierno presentó una denuncia penal contra Navarro y también contra el diario La Nación por la divulgación de los audios, pues los considera ilegales. EFE

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