Fiscalía tilda de inconstitucional el contrato de operador portuario hongkonés en Panamá

Ciudad de Panamá, 26 feb (EFE).- El Procurador General (fiscal general), Luis Carlos Gómez, calificó de «inconstitucional» el contrato ley mediante el cual una empresa de la trasnacional CK Hutchinson Holdings, con sede en Hong Kong, opera dos puertos a la entrada del Canal interoceánico, una situación que ha servido de argumento al presidente de EE.UU., Donald Trump, para denunciar un supuesto control chino de la vía y amenazar con recuperarla para su país.

Se trata de la empresa Panama Ports Company (PPC), que maneja los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en las entradas del Pacífico y del Atlántico del canal, respectivamente, desde 1997, cuando se le otorgó un contrato de concesión de 25 años que fue extendido de manera automática por igual término en junio de 2021, en medio de denuncias de supuesta corrupción y de condiciones desfavorables para el Estado panameño, que cuenta con el 10 % accionarial.

«Concluyo que la Ley No.5 del 16 de enero de 1997 ‘Por la cual se aprueba el contrato a celebrarse entre el Estado y la sociedad Panamá Ports Company, S.A. (…)’ es inconstitucional, por lo que solicito al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que así lo declare al momento de pronunciarse sobre la presente acción de inconstitucionalidad», afirmó el fiscal general.

Esta opinión de Gómez, solicitada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el marco del estudio de una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato de PPC presentada a inicios de este mes de febrero, está contenida en un documento de 54 páginas dirigido a la magistrada presidenta del máximo tribunal, María Eugenia López, que fue difundido este miércoles por la prensa local.

El fiscal general señala que el contrato ley de 1997 «contraviene los artículos 2, 19, 32, 50, 52, 109, 118, 119, 120, 159, 166, 258, 259, 266 y 298 de la Constitución Política» panameña, vigente desde 1972.

Los 15 artículos señalados por Gómez se refieren a asuntos como las garantías de que no habrá fueros o privilegios ni discriminación en Panamá, la utilidad pública o de interés social, el derecho a un ambiente sano, la aprobación legislativa de las leyes, el carácter de uso público del mar territorial, las concesiones y la libre competencia económica, entre otros.

Los abogados Julio Macías y Norman Castro presentaron el pasado 3 de febrero a título personal una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato ley que el Estado panameño y PPC firmaron en 1997, alegando, entre otros, que no se realizó la necesaria consulta previa a la sociedad panameña, o que a la empresa se le asignan una serie de fueros y privilegios, muchos de ellos en materia tributaria, en detrimento del erario público.

El pasado 20 de enero la Contraloría General inició una auditoría financiera y de cumplimento a PPC, una semana después que el titular de ese organismo, Anel Flores, afirmara que la concesionaria le está dando «muy poco rédito» a la República de Panamá.

PPC respondió en un comunicado que «el monto total pagado al Estado durante la concesión asciende a 658 millones de dólares, superando con creces las contribuciones de cualquier otra empresa portuaria en Panamá», y que ha acometido «inversiones en infraestructura y equipos por 1.695 millones de dólares» en los dos puertos que opera.

Los puertos de Balboa y Cristóbal están en el centro de la denuncia del presidente Trump, de que «China está operando el canal», por lo que su Gobierno va a «retomar» la vía que une el Atlántico con el Pacífico y por la que pasa el 3 % del comercio mundial.

El Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino, y la administración del autónomo Canal interoceánico han rechazado sostenidamente las declaraciones de Trump. EFE

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