Derecho humanitario: a pesar de los titulares, no todo son malas noticias
Se supone que el Derecho Internacional Humanitario protege a las personas en tiempos de guerra. Pero, tal y como las noticias dejan claro, a menudo se ignora. Los numerosos casos en que las partes en conflicto lo respetan —bien por temores legales o por cuestiones de reputación— son menos conocidos.
Las organizaciones humanitarias, ya sea en Ucrania, Sudán o Gaza, piden a las partes de manera reiterada que respeten el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Sin embargo, “todas las personas que trabajan en la ayuda humanitaria, por su trabajo diario, saben que el DIH no se respeta”. Es lo que ante el Consejo de Seguridad de la ONU ha declarado recientemente el alto comisionado de las Naciones Unidas para las personas refugiadas, Filippo Grandi. Las normas básicas de la guerra no se respetan, cada vez mueren más civiles, la violencia sexual se convierte en arma de guerra, se destruyen infraestructuras civiles y quienes trabajan en la ayuda humanitaria se convierten en objetivo.
“El fin del DIH es proteger a las personas afectadas por los conflictos armados”, explica Anne Quintin, jefa del Servicio de Asesoramiento Jurídico en DIH del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con sede en Ginebra.
El DIH se basa en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, que todos los Estados han ratificado y, por tanto, están obligados a respetar. El CICR, por su parte, tiene el mandato de velar por la correcta aplicación de las leyes internacionales de guerra, y trabaja con los Estados para asegurarse de que entienden sus obligaciones. El DIH, por ejemplo, debe integrarse en la legislación y la formación militar.
Una de sus disposiciones más importantes es que las partes en guerra deben proteger a la población civil y atacar solo objetivos militares. Además, las operaciones militares deben seguir siendo proporcionales, razón por la cual ha causado tanta preocupación el uso de grandes bombas en zonas urbanas densamente pobladas en Gaza y Ucrania.
Mecanismo de protección
Para Quintin otra norma básica es que los hospitales están protegidos. Si los combatientes utilizan un hospital, la primera pregunta para el otro bando es si entonces la institución pierde su condición de protegida y se convierte en un objetivo militar. Pero también hay que aclarar si se convierte en objetivo todo el hospital o solo una parte. De ser así, hay que advertirle al enemigo y pedirle que deje de utilizar el hospital con fines militares. Y para ello debe concedérsele un plazo razonable.
Hay que examinar también la proporcionalidad de una operación militar prevista. ¿Qué impacto tendrá sobre la población civil? Si se destruyen los generadores de electricidad, por ejemplo, ¿qué consecuencias tendrá a medio plazo para el tratamiento en los hospitales? Del mismo modo deben tomarse medidas de protección para minimizar el impacto. Y la población debe ser advertida de un ataque.
Christopher Lockyear, secretario general de Médicos Sin Fronteras (MSF), cree que en Gaza se han violado las medidas de protección y la proporcionalidad. “No me cabe duda de que el DIH se está incumpliendo deliberadamente”, afirma a SWI swissinfo. Se está utilizando el hambre como arma, cuenta, y, con más de 38.000 personas asesinadas, no se está respetando la proporcionalidad. Lockyear también dice que, en muchos casos, Israel no advierte a la población adecuadamente antes de los ataques. Las órdenes de evacuación se dan con muy poca antelación como para poder evacuar los hospitales con seguridad, explica.
Cuestión de percepción
¿Se respeta hoy el DIH menos que hace unos años? Responder a esta pregunta es imposible para Quintin, ya que no hay estudios científicos que se pronuncien sobre ello. Se trata, en su opinión, de una cuestión de percepción. A menudo los medios de comunicación informan sobre violaciones, pero casi nunca lo hacen cuando el DIH se respeta, dice. Y poder seguir —prácticamente en tiempo real— los acontecimientos en las redes sociales da la impresión de que hoy se cometen muchas más violaciones que hace años.
En muchos casos, sin embargo, según Quintin, las normas humanitarias se respetan —de hecho— a diario. Cada vez que una de las partes se abstiene de una acción militar porque hay demasiadas personas civiles afectadas, cada vez que el CICR puede visitar a prisioneros, hablar con las partes en conflicto o prestar ayuda humanitaria, se está respetando el DIH.
Amplia aceptación
¿Por qué merece la pena que las partes lo cumplan? El hecho de que todos los Estados hayan ratificado los Convenios de Ginebra demuestra el grado de aceptación de los mismos, afirma Quintin. Algunos Estados quieren cumplir el DIH por razones económicas, esto es, para evitar sanciones de otros Estados. Otros quieren posicionarse como defensores del DIH. Y es que una buena reputación puede aumentar el apoyo entre su electorado nacional. Y, por último, si un bando permite las visitas del CICR a los prisioneros de guerra y los trata con humanidad, el otro bando tenderá a hacer lo mismo.
Además, muchos grupos armados no estatales son sensibles a la reputación. Los grupos que aspiran a formar un gobierno algún día quieren que se les considere creíbles y —según Quintin— esa credibilidad, en la escena internacional, depende del respeto del DIH.
Conforme al artículo primero común de los Convenios de Ginebra, los terceros Estados también tienen el deber de no contribuir a las violaciones del DIH, no vendiendo armas a gobiernos o grupos que las utilizan para cometer crímenes de guerra, por ejemplo. Este es el motivo por el que algunos Estados occidentales — el Reino Unido, por ejemplo— están examinando la legalidad de las exportaciones de armas a Israel.
El DIH también ha evolucionado. El uso de minas antipersona, por ejemplo, solo está prohibido para los Estados miembros ratificantes desde la Convención de Ottawa de 1997, mientras que desde 2008 están prohibidas las bombas de racimo. Del mismo modo, desde 2014 el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) prohíbe exportar armas convencionales a países en guerra, si con ellas pueden cometerse crímenes de guerra o genocidio.
Evitar violaciones
A las partes en conflicto el DIH les ofrece la oportunidad de evitar posibles violaciones y el riesgo de convertirse en criminales de guerra, tal y como indica Andrew Clapham, profesor de Derecho Internacional en el Geneva Graduate Institute. “Los acontecimientos de los últimos meses han hecho que la gente se dé cuenta de que llamar a alguien criminal de guerra en potencia tiene un impacto enorme”, ha señalado a SWI swissinfo.ch en su pódcast Inside Geneva [en inglés].
Si políticos, como el presidente ruso, Vladímir Putin, o el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, son calificados como criminales de guerra, quienes los apoyan técnicamente son cómplices de posibles crímenes de guerra, afirma Clapham (el Tribunal Penal Internacional ha dictado una orden de detención contra Putin; el fiscal del tribunal también ha solicitado una orden de detención contra Netanyahu).
Panorama cambiante
Si los tribunales llegan a la conclusión de que existe el riesgo de que las armas exportadas se utilicen para cometer crímenes de guerra, los Estados, tal y como explica Clapham, también podrían ser considerados responsables de dicha cooperación.
En los Países Bajos, por ejemplo, el Tribunal de Apelación de La Haya recientemente ha ordenado al Gobierno neerlandés que bloquee la entrega a Israel de piezas para aviones de combate F-35. ¿La razón? El temor a que las piezas pudieran utilizarse para cometer violaciones del DIH. España —que también ha firmado el TCA— en mayo intentó bloquear la entrega de armas a Israel negándose a permitir que un barco que transportaba armas desde India atracara en un puerto español. Entonces, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, declaró que Oriente Medio no necesitaba más armas, sino más paz.
Mientras tanto, el fondo de pensiones privado noruego KLP, que gestiona unos 90.000 millones de dólares (80.900 millones de francos suizos), a finales de junio anunció que iba a dejar de invertir en la empresa estadounidense Caterpillar, porque existía el riesgo de que el equipamiento de la empresa en Gaza y Cisjordania pudiera contribuir a violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional, reconoció KLP.
Hace mucho tiempo que Caterpillar suministra a Israel excavadoras que han utilizado en Cisjordania para derribar viviendas palestinas y abrir paso a asentamientos israelíes (violando así el derecho internacional), escribió KLP. Al parecer, el Ejército israelí también ha utilizado máquinas Caterpillar en la guerra de Gaza.
En última instancia, a pesar de los titulares diarios sobre violaciones y atrocidades, las normas del derecho internacional y los Convenios de Ginebra a menudo se respetan en silencio. A veces —si no siempre— pueden impedir que las partes en conflicto y sus aliados cometan o apoyen crímenes de guerra.
Texto adaptado del inglés por Lupe Calvo / Carla Wolff
Mostrar más
Nuestra mirada a las informaciones de la prensa suiza sobre España e Hispanoamérica
Mostrar más
“El régimen de Maduro sabe que no tiene el respaldo de la mayoría”
Mostrar más
Reforma de las pensiones de vejez en Suiza, detalles de la votación
Mostrar más
La democracia directa suiza, el último reto de Eurovisión
Mostrar más
La prensa suiza se hace eco de las acusaciones de fraude electoral en Venezuela
Mostrar más
Maduro y Puigdemont capturan la atención de la prensa suiza
En cumplimiento de los estándares JTI
Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.