La impunidad paraliza los esfuerzos de paz en Sudán
La guerra en Sudán ha provocado la mayor crisis humanitaria que hoy se vive en el mundo. Y, hasta ahora, ha prevalecido la impunidad por los crímenes de guerra. Llevar a sus responsables ante la justicia será difícil.
“La crisis de Sudán es una tragedia que parece haberse deslizado en la niebla de la amnesia global”. Así se expresó el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra la primavera pasada.
Se cumplía justo un año desde que había estallado la guerra entre el Ejército sudanés [las SAF] y el ejército paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF (por sus siglas en inglés). Tal y como dio a conocer Volker Türk, ambos bandos han matado a miles de personas y han creado un clima de terror que ha desplazado a millones. Asimismo, han bloqueado el suministro médico y la ayuda humanitaria a quienes se niegan a abandonar sus hogares.
Sudán vive en estos momentos la mayor crisis humanitaria del mundo. En los últimos 16 meses, 10 millones de personas se han visto desplazadas, 25 millones padecen hambre y un millón está en peligro de morir de inanición.
De momento nadie ha sido juzgado por estos crímenes de guerra y humanitarios, que incluyen violencia sexual documentada, tortura y detención arbitraria.
Y la rendición de cuentas tardará, porque el conflicto de intereses entre los aliados de las partes enfrentadas obstaculiza las conversaciones de paz. Las armas, mientras tanto, no faltan en ambos ejércitos. Y es que los suministros llegan de todo el mundo.
“La total impunidad de los crímenes de guerra en Sudán ha hecho que durante mucho tiempo los señores de la guerra, los líderes de las milicias y los generales se hayan salido con la suya”, reconoce a SWI swissinfo.ch el secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados y ex subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Jan Egeland.
Dos generales y un genocidio impune
En el centro de esta guerra que comenzó en abril de 2023 están dos generales y antiguos aliados que luchan por el poder, así como por los recursos del país (oro y petróleo incluidos). Al mando del Ejército regular (SAF) está Abdelfattah Burhan, jefe de Estado de facto, quien en octubre de 2021 dio un golpe de Estado con el apoyo de su adjunto y líder de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti.
En aquel momento, todos los civiles fueron destituidos del gobierno de transición que se había instalado dos años antes tras el levantamiento popular que derrocó al dictador Omar al-Bashir.
En la guerra civil de la región occidental sudanesa de Darfur, Burhan y Hemeti ya desempeñaron un papel clave en la lucha contra los rebeldes entre 2003 y 2005. Burhan era jefe del Ejército sudanés en Darfur; y Hemeti, comandante de una de las milicias Janjaweed desplegadas por el Gobierno para combatir a los rebeldes.
Darfur —con 300.000 personas asesinadas— ha sido descrito como el primer genocidio del siglo XXI y miembros de la comunidad internacional han acusado a los Janjaweed de limpieza étnica y de utilizar violaciones masivas como arma de guerra.
Pero Hemeti —dueño ahora de un enorme imperio empresarial, que incluye intereses en minas de oro— y los miembros de su milicia nunca han sido juzgados. La Corte Penal Internacional (CPI) no ha acusado a Burhan ni a Hemeti.
En marzo de 2009, la CPI dictó una orden de detención contra el entonces presidente Omar al Bashir por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y en julio de 2010, una orden de detención por genocidio. “El Ejército y las RSF han actuado sistemáticamente con impunidad, por lo que las negociaciones encaminadas a llevar al pueblo sudanés la tan necesaria paz, seguridad y dignidad han seguido estancadas”, dijo Türk al Consejo de Derechos Humanos.
A partir de mediados de agosto y bajo el liderazgo de Estados Unidos se, celebraron en la región de Ginebra, las últimas conversaciones internacionales con la participación de ambas partes enfrentadas. La reunión duró diez días y la copatrocinó Suiza junto con Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, la Unión Africana y la ONU. El Ejército sudanés —aunque no asistió en persona— participó virtualmente desde El Cairo. Las conversaciones de Ginebra se centraron inicialmente en la entrega de ayuda humanitaria. Y aún es pronto para saber si esta ronda realmente conducirá a un acceso adecuado de la ayuda humanitaria.
Suministro ilimitado de armas
“Como en todas las zonas de guerra —desde Gaza hasta Myanmar y Ucrania—, la razón de que la impunidad continúe es que quienes tienen influencia, quienes suministran armas y quienes echan leña al fuego solo se centran en las atrocidades del ‘otro bando’ y no en lo que hacen sus aliados”, afirma Egeland. El de Sudán —igual que otros conflictos— se ve exacerbado por injerencias a menudo encubiertas.
Tanto las SAF [el Ejército sudanés] como las RSF [ejército paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido] disponen de un gran suministro de armas y reciben apoyo financiero, político y militar de otros países, como los Emiratos Arábes Unidos, China, Rusia, Serbia, Turquía y Yemen.
Un informe encargado por el Consejo de Seguridad de la ONU y publicado en enero denunció que no se cumple el embargo de armas sobre Darfur, en vigor desde 2004. El documento se refería a varios países, entre ellos los Emiratos Arábes Unidos, acusados de enviar armas a los paramilitares de las RSF. Desde su capital, Abu Dabi, niegan las acusaciones.
Jalel Harchaoui, investigador del Royal United Services Institute británico, en una entrevista concedida a la agencia de noticias AFP a mediados de agosto, dijo que Egipto —que había estado alineado políticamente con los Emiratos Arábes Unidos— había sido el apoyo más importante del Ejército de Sudán hasta julio de 2023.
Harchaoui también mencionó que, desde 2023, Irán había estado vendiendo drones al Ejército sudanés.
Rusia, a través de su grupo paramilitar Wagner, en un principio apoyó a las RSF. Ahora, a cambio de una base naval en el Mar Rojo, ha reorientado su apoyo militar hacia el Ejército sudanés.
Según Harchaoui, el hombre fuerte del este de Libia, el mariscal Jalifa Haftar —que también cuenta con el apoyo de los Emiratos Arábes Unidos— ha facilitado generosos suministros de combustible y armas a las RSF.
En el pasado las RSF también recibieron el apoyo indirecto de la Unión Europea (UE) y, por tanto, se vieron reforzadas. Así, para combatir la migración irregular a Europa desde la región del Cuerno de África —que llega a través de Sudán y Libia— como parte de lo que se denomina el “Proceso de Jartum”, de 2016 a 2019 la UE financió con 40 millones de euros (37,5 millones de francos suizos) un programa de “Mejor gestión de la migración”. En el mismo participaron dieciséis países, entre ellos Sudán. Las RSF de Hemeti se encargaron de los controles fronterizos.
¿Justicia internacional?
Mientras tanto, a principios de agosto, el fiscal jefe de la CPI pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que buscara “formas imaginativas” para poner fin a la espiral de violencia en Sudán. En la sesión informativa semestral del Consejo afirmó que “el terror se ha convertido en moneda común”.
El representante estadounidense, por su parte, indicó que dos décadas antes el Consejo de Seguridad había sido testigo de atrocidades similares y que ahora algunos de los mismos actores están victimizando de nuevo a personas vulnerables y esto es posible porque sus responsables nunca fueron juzgados. Asimismo, pidió a los actores externos que dejen de apoyar a las partes en guerra.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en octubre de 2023, estableció una misión de investigación de un año de duración para exigir responsabilidades a los autores y reunir pruebas de los crímenes. Alegando que ya cuenta con una comisión nacional de investigación, Sudán rechazó la misión. La comisión sudanesa, sin embargo, solo investiga las violaciones cometidas por las RSF. Las RSF, por su parte, han aceptado cooperar con la misión de la ONU.
El trabajo de la misión de investigación inicialmente se retrasó por falta de fondos de la ONU y de acceso a las víctimas en Sudán. Entre enero y agosto la misión pudo reunirse con víctimas y testigos en Chad, Kenia y Uganda y también pudo acceder, de primera mano, al testimonio de 182 supervivientes y testigos de violaciones de derechos humanos. Así lo reconoció, a principios de septiembre, el jefe de la misión, Mohamed Chande Othman, cuando se publicó el informe.
Del mismo modo, la misión consultó a defensores de los derechos humanos sudaneses y a expertos en derechos de la infancia y violencia sexual de género. Según el informe, las partes en lucha han llevado a cabo ataques aéreos y bombardeos contra civiles a quienes han atacado mediante violaciones, detenciones arbitrarias y torturas.
“Dada la incapacidad de las partes beligerantes para proteger a las personas civiles, es imperativo que se despliegue sin demora una fuerza independiente e imparcial con el mandato de salvaguardar a estas personas”, declaró Othman. El informe también recomienda que, para frenar el suministro de armas, el embargo impuesto en Darfur se amplíe a todo Sudán.
Asimismo, exige que la jurisdicción de la CPI, derivada de una resolución del Consejo de Seguridad de 2005 relativa a la situación en Darfur, se amplíe a todo Sudán y pide que se cree un mecanismo judicial internacional independiente que trabaje de forma paralela y complementaria a la CPI.
“La paz sostenible solo es posible si hay verdad, reparación y rendición de cuentas para todas las comunidades que están sufriendo”, afirma Egeland. Para quien la organización de este proceso debería ser tarea de la ONU y de la Unión Africana. Y añade que, para lograr justicia, los vecinos de Sudán y las potencias regionales e internacionales deben apoyar este proceso.
Selección de imágenes: Helen James; edición: Virginie Mangin; adaptación al español: Lupe Calvo y Carla Wolff
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