Meta aboga por la libertad de expresión total y amenaza los derechos humanos

A principios de enero, el jefe de Meta, Mark Zuckerberg, anunció que su empresa «se iba a deshacer» en Estados Unidos de los verificadores de hechos. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

Al acabar con la comprobación de hechos y relajar su política de moderación en Estados Unidos, el grupo Meta se arriesga —como ya ha hecho en el pasado— a perjudicar a personas ya de por sí marginadas. La ONU y la Unión Europea se erigen en baluarte.

«Es hora de volver a nuestros orígenes en lo que a la libertad de expresión se refiere», declaró Mark Zuckerberg, consejero delegado de Meta, en un vídeoEnlace externo que publicó el 7 de enero. Alegando años de «presión de gobiernos y medios de comunicación tradicionales» y el comienzo de una «nueva era» que marca un «punto de inflexión cultural», el tercer hombre más rico del mundo aprovechó la inminente toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos para anunciar medidas destinadas a combatir la «censura», sobre todo, en Facebook e Instagram.

Estos cambios solo afectan a Estados Unidos de momento, aunque ya están provocando fuertes reacciones a nivel internacional. Las organizaciones de derechos humanos, principalmente, están preocupadas por el impacto negativo que podrían tener en poblaciones ya de por sí vulnerables.   

Mark Zuckerberg ha declarado que su empresa va a «deshacerse» de los verificadores de datos —empresas de medios reconocidas, como la Agence France-Presse (AFP)—, que él considera «demasiado parciales». Los verificadores se sustituirán por un sistema de «calificaciones comunitarias» similar al de la plataforma X, dirigida por Elon Musk, empresario cercano a Donald Trump y partidario de la libertad de expresión total. En este sistema, quienes utilizan la plataforma son quienes ponen en contexto las publicaciones problemáticas.

La compañía californiana también cambiará el modo en que modera los contenidos en sus plataformas. A partir de ahora, se eliminarán automáticamente solo las publicaciones «ilegales» o que constituyan «violaciones graves» de las políticas del grupo —publicaciones vinculadas al terrorismo o a la explotación infantil, por ejemplo—. El resto de las infracciones tendrán que denunciarlas los internautas, mientras que algunas restricciones —como las relacionadas con la inmigración o el género— se suprimirán por estar «desconectadas del discurso dominante».

Riesgos reales

Para Deborah Brown, subdirectora de tecnología y derechos humanos de la ONG Human Rights Watch, con sede en Nueva York, «se trata de una decisión muy imprudente. Me preocupa mucho el impacto que este programa pueda tener en los derechos humanos en todo el mundo. Sabemos que la desinformación puede incitar a la violencia, el odio e incluso el genocidio», afirma.

La influencia de las plataformas del grupo Meta —que incluye Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads— es inmensa: casi 4.000 millones de personas —la mitad de la humanidad— se conectan al menos una vez al mes a alguno de sus servicios, según la empresa.

Varias investigaciones de las Naciones Unidas, ONG internacionales y gobiernos han hecho hincapié en el papel de Facebook a la hora de difundir desinformación y discursos de odio, en particular, durante las elecciones estadounidenses de 2016 y la pandemia de COVID-19.

Uno de los ejemplos más emblemáticos es la crisis de Myanmar en 2017. Para fomentar la violencia contra la comunidad rohingya se utilizó Facebook: para muchas personas, la única fuente de información en el país. Los equipos de investigación de la ONU calificaron como genocidio la persecución de esta minoría musulmana por parte del Ejército. La propia empresa californiana reconoció que había cometido errores.  

«Borrar discursos que no cumplen las normas de libertad de expresión no es censura», añade Deborah Brown, quien expresa su preocupación por la falta de transparencia de la nueva política de Meta y el impacto que va a tener en la proliferación del discurso del odio, así como en la ausencia de un plan detallado por parte de la empresa para gestionar los riesgos.

Mark Zuckerberg y los fundadores y directivos de los principales gigantes tecnológicos —Amazon, Google y X, entre ellos—estuvieron el 20 de enero en la toma de posesión de Donald Trump. EPA/Julia Demaree Nikhinson / POOL

Las voces minoritarias, más aisladas

Stefania Di Stefano, doctorada del Instituto de Posgrado de Ginebra y experta en libertad de expresión en la era de las redes sociales teme que «la decisión de Meta haga que sus plataformas sean peligrosas para muchas personas».

Tras nombrar —a principios de enero— responsable de la política de moderación de Meta a Joel Kaplan, próximo al Partido Republicano, el 7 de enero el grupo modificó sus normas sobre «discurso de odio», que ahora denomina «contenido de odio».

Estas nuevas disposiciones, más vagas, significan —según la investigadora Di Stefano— que «si el “discurso dominante” difunde insultos contra determinadas categorías de personas, Meta los tolerará en sus plataformas. Esto equivale a eliminar la protección a personas que ya están marginadas». Las personas LGBT+, inmigrantes y refugiadas, entre ellas.

Diálogo continuo

La Organización de las Naciones Unidas lleva años intentando concienciar a los gigantes de las redes sociales de la responsabilidad que tienen con los contenidos que difunden. Estos esfuerzos se realizan en el marco del programa «B-Tech» de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra.

Para Scott Campbell, responsable del equipo de derechos humanos y tecnología digital, «en la comunidad de derechos humanos estamos acostumbrados, por desgracia, a los altibajos. Meta ha invertido muchos recursos en reflexionar sobre su responsabilidad en materia de derechos humanos y se han logrado algunos avances tangibles. Pero estamos muy preocupados por su decisión reciente».

En 2016, en respuesta a los escándalos de desinformación a los que se enfrentaba, Meta puso en marcha su sistema de comprobación de hechos. Posteriormente creó un consejo de supervisión (lo que en inglés denominan Oversight Board) para revisar de manera independiente las decisiones de moderación en las plataformas de la empresa, que desde entonces también ha publicado un informe sobre derechos humanos.

«Nuestro enfoque es continuar el diálogo», añade Scott Campbell, que asegura que, desde el 7 de enero, ya ha mantenido una reunión con Meta. «Hemos expresado nuestras serias preocupaciones», dice al respecto.

Facebook contra Bruselas

Pero el marco internacional de derechos humanos no es vinculante para las empresas, por lo que compete a los Estados legislar.

«Abogamos por que los Estados introduzcan normativas acordes a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Pero no es fácil. Las leyes deben permitir que todo el mundo participe con total seguridad, sin silenciar opiniones que se dicen horribles, pero que son legales», explica Scott Campbell.

En este ámbito, Europa es pionera: la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea —aprobada en 2022— obliga a las plataformas de redes sociales a combatir la desinformación y los contenidos ilegales.

2020: una persona aboga ante la Comisión Europea en Bruselas en favor de regular las empresas digitales. Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved

Jérôme Duberry, director del Tech Hub y codirector de formación continua del Geneva Graduate Institute, por su parte, considera que «la decisión del jefe de Meta es sobre todo política. Es un acuerdo tácito con la Administración Trump de alinearse en materia de moderación con un enfoque de laissez-faire, el presidente estadounidense, a cambio, luchará contra cualquier forma de regulación que proceda de Europa».   

Para la empresa, el programa de verificación de hechos de Meta —que seguirá existiendo fuera de Estados Unidos— es caro. Así que podría intentar armonizar sus prácticas a escala mundial para ahorrar. En ese caso, el grupo podría chocar con los límites del marco europeo, que prevé fuertes multas si esos límites no se respetan.   

«La prueba será ver si la Unión Europea aplica su normativa con firmeza o, por el contrario, muestra flexibilidad», afirma Stefania Di Stefano. En un contexto político tenso en Europa y frente a un Donald Trump proteccionista e imprevisible, no es seguro que los países europeos se enzarcen en un pulso con uno de los pesos pesados de la economía estadounidense.

Texto revisado por Virginie Mangin. Adaptado del francés por Lupe Calvo / CW