Sacar a la luz las violaciones de los derechos humanos es cada vez más difícil

La guerra en Ucrania y Gaza ha hecho que el trabajo de quienes defienden los derechos humanos en estas regiones sea aún más difícil de lo que ya era. Keystone / AP

Las partes beligerantes hacen todo lo posible para evitar que se hagan públicos los informes sobre sus violaciones de los derechos humanos. Hablamos con activistas de Ucrania e Israel sobre cómo actúan en entornos tan duros.

Las principales tareas de quienes defienden los derechos humanos son investigar, recabar información y denunciar violaciones de derechos. Sensibilizan a la opinión pública para que se respeten los derechos humanos. Pero ¿cómo trabajan en una zona de guerra o en un entorno en el que gran parte de la opinión pública está en su contra? SWI swissinfo.ch se reunió con activistas de Ucrania e Israel en el Palacio de las Naciones de Ginebra, donde habían acudido para reunirse con delegaciones y asistir a actos paralelos durante una sesión del Consejo de Derechos HumanosEnlace externo.

Acceso a la información

Las personas que defienden los derechos humanos dependen de sus fuentes y de la información que puedan recabar. Sin embargo, eso es especialmente difícil en territorios devastados por la guerra u ocupados.

“Estamos documentando testimonios de víctimas de la guerra en Ucrania”, explica Lyubov Smachylo, analista de la organización ucraniana Iniciativa de Medios para los Derechos Humanos (MIHR).

La oficina principal de MIHR está en Kiev. Tiene acceso directo a víctimas y testigos de violaciones de derechos, como las que aportan las personas ucranianas que viven en el norte del país -antes bajo ocupación rusa y ahora de nuevo bajo dominio ucraniano- o antiguos presos en cárceles rusas.

Smachylo, que vive entre Kiev y París, analiza testimonios documentados de violaciones de derechos humanos cometidas por Rusia. Entre ellas, la impunidad generalizada con que actúan las fuerzas armadas rusas, la detención arbitraria de civiles -a menudo acompañada de torturas y malos tratos- y, en algunos casos, las desapariciones forzadas.

Lyubov Smachylo, de la Iniciativa Mediática Ucraniana por los Derechos Humanos. Courtesy of Lyubov Smachlyo

“No podemos ir a las regiones ocupadas por Rusia en el este y el sur de Ucrania, pero tenemos algunos contactos allí”, señala Smachylo a SWI swissinfo.ch

Para los habitantes de esas regiones es peligroso hablar de cómo se violan sus derechos, por ejemplo, que no pueden obtener un seguro médico sin pasaporte ruso. Las autoridades rusas hacen redadas periódicas en los domicilios y comprueban ordenadores y teléfonos.    

Por eso, la información que Smachylo y el MIHR reciben de los habitantes de las regiones ocupadas por Rusia no puede hacerse pública sin poner en peligro a sus informantes. “Sin embargo, esta información es importante para nuestro análisis, para comprender las pautas de las violaciones de los derechos humanos”, afirma Smachylo. 

El MIHR es una de las pocas ONG capaces de recabar información sobre el terreno. Prácticamente ninguna organización internacional puede entrar en las regiones ucranianas ocupadas, ni siquiera la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), por ejemplo, solo tiene acceso limitado a los prisioneros de guerra ucranianos. Esta ausencia de rendición de cuentas y el hecho de que no se denuncien todos los abusos aumentan el riesgo de que se produzcan malos tratos y de que los autores queden impunes.

Entre otras cosas, el MIHR se ocupa de prisioneros de guerra y civiles que han sido detenidos en las regiones de Ucrania ocupadas por Rusia o que están recluidos en lugares desconocidos. Las palizas y torturas son frecuentes, y algunos han muerto a causa de las malas condiciones de detención, añade Smachylo.

“Conocemos 55 lugares de detención en las regiones ocupadas de Ucrania y 40 en Rusia, donde están retenidos al menos 1.550 civiles ucranianos”, afirma Smachylo. SWI swissinfo.ch se puso en contacto con el CICR, no obstante, la Organización no comentó si tiene acceso a las regiones ocupadas.

Entorno cada vez más hostil

Tal Steiner es abogada de derechos humanos y directora del Comité Público contra la Tortura en Israel (PCATI). La ONG exige responsabilidades a Israel por su uso de tortura, que no es ilegal en el país, aunque existe una prohibición absoluta de la tortura consagrada en instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Steiner afirma que el trabajo de su ONG se ha vuelto especialmente difícil desde los atentados de Hamás del 7 de octubre y la guerra israelo-palestina. Israel ha restringido el acceso a los presos políticos, mientras que los defensores de los derechos se encuentran en un entorno cada vez más hostil en el que se les tacha regularmente de “defender a terroristas”. 

Entre los presos políticos a los que Steiner tiene acceso hay palestinos que viven en Israel y Cisjordania, así como ciudadanos judíos israelíes.  

“Trabajar en el tema de la tortura -o en cualquier tema en Israel que afecte a los derechos humanos en términos de seguridad- nunca ha sido fácil”, destaca. 

Tal Steiner, a la derecha, con Miriam Azem, asociada de defensa del Centro Jurídico para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel (ADALAH). Afp Or Licensors

La compasión por los presos palestinos y la idea de que los derechos humanos se aplican a todos han disminuido mucho desde la guerra, explica Steiner. “Eso significa que el círculo que apoya nuestro trabajo se ha reducido”.

Según su opinión, muchos israelíes han optado por la seguridad por encima de los derechos humanos. Muchos también albergan sentimientos de venganza hacia los palestinos. “Lo hemos visto, por ejemplo, en el Servicio de Prisiones Israelí (IPS)”, afirma Steiner. Allí, el hacinamiento extremo desde el 7 de octubre ha provocado un grave deterioro de las condiciones, incluido el acceso limitado a necesidades básicas como agua, electricidad, alimentos y atención médica. Los grupos de derechos humanos también han señalado casos de graves palizas a detenidos y presos, acoso sexual e intimidación.

Miriam Azem también participó en la entrevista de SWI swissinfo.ch junto con Steiner. Esta experta en defensa internacional trabaja para la organización palestina Adalah, que defiende ante los tribunales israelíes a la población palestina que vive en Israel y en los territorios ocupados.

“Desde el 7 de octubre, la actitud hacia nuestros abogados ha cambiado mucho”, señala. Esto se ha hecho patente en los comités disciplinarios, que se ocupan de los litigios en las universidades. “Desde el comienzo de la guerra, se han iniciado más de 120 procedimientos disciplinarios contra estudiantes palestinos -ciudadanos de Israel- por declaraciones realizadas en sus cuentas privadas en las redes sociales”, afirma. 

Cita el ejemplo de estudiantes palestinos con ciudadanía israelí que han sido acusados de incitación al terrorismo basándose en argumentos infundados. Los abogados de Adalah, que han representado a 95 estudiantes palestinos y palestinas que se enfrentaban a esta acusación, “fueron interrogados sobre su lealtad a Israel”, subraya Azem.

Según Azem, se ha producido un aumento de las detenciones e interrogatorios debido a publicaciones en las redes sociales.  “La gran mayoría de estas publicaciones no cumplen ningún requisito penal. Sin embargo, las acusaciones contra los activistas se basan en la Ley Antiterrorista de Israel, que conlleva severas penas de prisión”, añade.

Trabajar en condiciones difíciles

En febrero, PCATI y Adalah, junto con otras dos organizaciones israelíes, enviaron un llamamiento urgente a la relatora especial de la ONU sobre tortura, Alice Jill Edwards. Pedían a Edwards que interviniera inmediatamente para poner fin a la tortura y al maltrato sistemático de los presos palestinos en los centros de detención israelíes. Aparte de los abogados privados, estas son las cuatro únicas organizaciones que pueden visitar actualmente las prisiones israelíes -Israel ha denegado el acceso al CICR-. 

“Por tanto, somos los únicos que podemos informar de lo que hemos visto allí”, asegura Steiner. Alrededor de 10.000 prisioneros palestinos se encuentran actualmente bajo custodia israelí, muchos de ellos detenidos sin juicio. Sin embargo, no se permite a nadie visitar los campos militares israelíes para prisioneros de la Franja de Gaza. El PCATI teme que se esté creando allí un “nuevo Guantánamo”, en referencia a la instalación estadounidense de Cuba donde se recluyó a los presos indefinidamente sin juicio tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

En su llamamiento a la relatora de la ONU, las cuatro organizaciones también expresaron su preocupación por la retórica deshumanizadora utilizada por algunos miembros del gobierno israelí. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, responsable del IPS, se ha pronunciado en repetidas ocasiones a favor de someter a los palestinos a tratos degradantes e inhumanos. 

Mientras tanto, la relatora de la ONU, Edwards, ha exigido a Israel que investigue las numerosas denuncias de tortura contra las personas palestinas detenidas. Desde los ataques del 7 de octubre, se calcula que miles de palestinos, incluidos niños, han sido detenidos, ha escrito. Edwards afirma haber recibido denuncias de personas golpeadas, mantenidas con los ojos vendados en celdas, esposadas durante periodos excesivos, privadas de sueño y amenazadas con violencia física y sexual.

Agotamiento y amenazas de muerte

El agotamiento (o burn out) y las amenazas de muerte también forman parte del trabajo. Smachylo afirma que la guerra que se extiende por toda Ucrania es una carga añadida a un trabajo muy estresante. Los activistas y miembros del personal de su organización pasan horas redactando informes en los que se detallan las torturas y malos tratos infligidos a personas ucranianas por las autoridades rusas. Destaca especialmente el riesgo de agotamiento que corren quienes realizan misiones sobre el terreno con regularidad.

La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra, que coopera con la ONG, proporciona ayuda financiera para sus retiros psicológicos y terapéuticos. 

Steiner, por su parte, llama especialmente la atención sobre el enorme trabajo que supone. “En vista del dolor por las tragedias del 7 de octubre y la guerra en la Franja de Gaza, la cooperación entre israelíes y palestinos está resultando todo un reto en estos momentos”, afirma. Para ella, es fundamental que todas las personas detenidas tengan derecho a una defensa.

Su trabajo también ha sido objeto de campañas de desprestigio. Por ejemplo, la cadena de televisión israelí Channel14, equivalente a la cadena estadounidense de derechas Fox News, emitió un programa despectivo sobre PCATI y otras organizaciones que hacen campaña por los derechos de los palestinos. El título: ‘Desgracia: los activistas israelíes que se ocupan del trato a los terroristas de Hamás’. El programa provocó acoso y llamadas telefónicas amenazantes. Algunos de los correos electrónicos que recibió Steiner eran de violación y amenazas de muerte, otros iban dirigidos a su familia.

“Somos conscientes de que operamos en un entorno muy hostil hacia nuestro trabajo”, dice Azem. “Como ONG registrada en Israel, somos extremadamente cautelosos”. Steiner añade que la persecución de las ONG en Israel y Palestina tiene una larga historia. Seis organizaciones palestinas de derechos humanos han sido clasificadas como terroristas por Israel. Y varios proyectos de ley prevén actualmente un tipo impositivo más elevado para las ONG israelíes, con el fin de bloquear su labor.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff