¿Son negociables los derechos de la mujer en Afganistán?
El régimen talibán no está reconocido internacionalmente. Eso dificulta que los organismos de la ONU puedan tratar con este gobierno de facto. Las organizaciones no gubernamentales critican a la ONU por hacer concesiones a los talibanes a costa de las mujeres.
En un correo electrónico anterior a nuestra entrevista programada, Nazifa Jalali dijo que posponía nuestra charla. «Tengo que ocuparme de un caso de lapidación», dijo la activista afgana de derechos humanos. Se trataba de una joven de 17 años, nos dijo unos días después. La chica había sido violada por su hermano, que también era comandante talibán. Los talibanes de esa provincia del centro de Afganistán habían decidido lapidar a la chica y no al hermano.
La tarea ahora consistía en movilizar a las figuras locales, incluidos los ancianos de las tribus, para negociar con los talibanes de modo que la niña pudiera ser llevada a otro lugar para su protección.
Jalali es miembro de la red de Defensores de los Derechos Humanos HRD-Plus y documenta violaciones de derechos humanos en Afganistán. Actualmente vive en Noruega. También participó en la sesión de otoño del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
Jalali critica que la comunidad internacional se haya limitado a redactar informes en los tres años transcurridos desde que los talibanes tomaron el poder, en lugar de actuar de forma proactiva para pedir cuentas a los talibanes. Con ello, ha debilitado a las mujeres afganas, afirma.
En esos tres años, los talibanes han promulgado más de 80 decretos y directivas que restringen los derechos de las mujeres y las niñas. Por ejemplo, a las niñas no se les permite asistir a la escuela secundaria y a las mujeres prácticamente no se les permite trabajar; no pueden permanecer en parques ni, más recientemente, hablar en público.
Los talibanes no son reconocidos internacionalmente, sobre todo porque niegan a niñas y mujeres sus derechos básicos y educativos. Esto dificulta el contacto político entre la ONU y el gobierno de facto.
Ninguna mujer en la mesa de negociaciones
A finales de junio, representantes del gobierno talibán participaron por primera vez en una reunión organizada por la ONU en Doha con diplomáticos de 25 países y organizaciones internacionales. Esperaban obtener el reconocimiento internacional.
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Sin embargo, las mujeres fueron excluidas de esta tercera reunión del llamado Proceso de Doha, que pretende abordar los retos de Afganistán. Los responsables de la ONU dijeron que habían aceptado las condiciones talibanes de una conferencia sin mujeres afganas para no poner en peligro el diálogo.
Los talibanes no fueron invitados a la primera reunión convocada por la ONU en mayo de 2023. Sin embargo, aunque fueron invitados a la segunda reunión el pasado febrero, la boicotearon porque también participaron representantes de la sociedad civil afgana, incluidas mujeres.
Se supone que las reuniones sirven para recordar a los talibanes las obligaciones que les impone el derecho internacional. En diciembre de 2023, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución (aunque sin el respaldo de Rusia y China) en la que se estipulaba que el reconocimiento internacional de los talibanes dependería de que respetaran los derechos fundamentales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de la que Afganistán es parte.
No habrá concesiones sin reformas
Rosemary DiCarlo, secretaria general adjunta de la ONU para Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz, presidió la tercera reunión en Doha. Posteriormente declaró a los medios de comunicación que, aunque los derechos de la mujer no figuraban en el orden del día oficial, quienes participaron plantearon la cuestión en varias ocasiones e insistieron en la necesidad de un gobierno integrador durante los dos días de conversaciones.
Los debates se centraron en el desarrollo de un sector económico privado y en el apoyo a los talibanes para que mantengan su éxito en la lucha contra las drogas. Desde que los talibanes tomaron el poder, el cultivo de opio se ha reducido en torno al 90%.
Sin embargo, DiCarlo descartó reconocer el régimen de facto de Kabul hasta que los talibanes levanten las restricciones a la educación de las mujeres y su participación en la vida pública.
Añadió que reconocer el gobierno talibán no era responsabilidad de la ONU, sino decisión de cada país. Hasta ahora, ningún país ha reconocido al gobierno talibán, pero 16 países tienen embajada en Afganistán, entre ellos Japón, China e India.
La tercera ronda de conversaciones de Doha concluyó sin que los talibanes hicieran promesas de reforma ni recibieran concesiones de la comunidad internacional. Los países participantes acordaron provisionalmente crear grupos de trabajo sobre los temas del desarrollo económico, la lucha contra las drogas y el terrorismo.
Un precio demasiado alto
Richard Bennett, relator especial de la ONU sobre Afganistán para el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, calificó la exclusión de las mujeres de «precio demasiado alto». Organizaciones afganas de mujeres y de exiliados, así como organizaciones internacionales de derechos humanos, también criticaron a la ONU.
«Los derechos de las mujeres y las niñas en Afganistán no son negociables», afirmó la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, en una declaración previa a la conferencia.
«Me entristece hablar de la tercera conferencia de Doha sabiendo que se ha excluido a las mujeres», afirma Fereshta Abbasi, activista afgana de derechos humanos que trabaja para Human Rights Watch en el Reino Unido.
Se refiere a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, que obliga al organismo a garantizar la participación de las mujeres en la mesa de negociaciones. Esta resolución del año 2000 obliga a los Estados miembros de la ONU a proteger los derechos de las mujeres y a incluirlas en pie de igualdad en las negociaciones de paz, la resolución de conflictos y la reconstrucción.
Nazifa Jalali afirmaba que tras la tercera conferencia de Doha, sin mujeres en la mesa de negociaciones, el pueblo de Afganistán había perdido completamente la esperanza en la comunidad internacional. «La consecuencia de esta reunión es que los talibanes pueden seguir cometiendo sus crímenes sabiendo que no serán procesados», afirmó.
Apartheid de género
El relator de la ONU Bennett y otros organismos de la ONU han descrito la situación de los derechos humanos de las mujeres y niñas en Afganistán como un apartheid de género institucionalizado. La persecución por motivos de género está reconocida actualmente como crimen contra la humanidad.
Organizaciones afganas e internacionales de derechos humanos piden que se incluya el término apartheid de género en las negociaciones en curso de la Asamblea General de la ONU sobre una nueva convención para la prevención y el castigo de los crímenes contra la humanidad. Algunos diplomáticos occidentales son reacios a utilizar el término porque recuerda a la antigua segregación racial en Sudáfrica y por las estrictas sanciones impuestas al régimen del apartheid.
Antiguos embajadores de la ONU
Dado que el gobierno talibán aún no ha sido reconocido internacionalmente, Afganistán sigue estando representado por su embajador anterior a los talibanes ante la ONU en Ginebra, Nasir Ahmad Andisha. Este año representó a su país en el Examen Periódico Universal (EPU) de la situación de los derechos humanos en Afganistán, durante el cual Afganistán recibió 243 recomendaciones de los Estados de la ONU para mejorar su situación en materia de derechos humanos.
Afganistán, o mejor dicho, la delegación afgana del embajador Andisha, aceptó 215 de ellas, entre ellas el fin de castigos corporales como la flagelación y el levantamiento de restricciones draconianas a la educación y el empleo de niñas y mujeres. La Misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) es responsable del seguimiento de la aplicación de las recomendaciones del EPU por parte de las autoridades talibanes.
En octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra prorrogó por un año el mandato del relator Bennett. Sin embargo, en la resolución del Consejo no se incluyó la petición de las ONG de que se creara un órgano suplementario encargado de reunir pruebas de las violaciones de derechos humanos con el objetivo de llevar a los responsables ante la justicia.
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Editado por Imogen Foulkes. Adaptado del inglés por Carla Wolff
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