Gobierno chileno por destitución de senadora Allende: «Generaría un precedente grave»

Santiago de Chile, 3 abr (EFE).- La vocera chilena de Gobierno, Aysén Etcheverry, afirmó este jueves que de confirmarse el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que cesa de su cargo a la senadora Isabel Allende, difundido durante la jornada por la prensa local e internacional, «generaría un precedente grave».

«Como Ejecutivo nos corresponde por supuesto respetar los fallos del TC, pero no podemos sino lamentar una decisión que, tratándose de una senadora democráticamente electa y de acuerdo a los antecedentes que tenemos a la vista, generaría un precedente grave», subrayó la ministra.

«La senadora Isabel Allende representa una trayectoria política, profesional y personal de compromiso democrático que ha marcado profundamente la historia de nuestro país. Tenemos la convicción de que ella y su familia actuaron de buena fe», agregó.

Según medios locales que accedieron al fallo, la decisión del organismo se adoptó por amplia mayoría de sus miembros, poniendo fin a la carrera parlamentaria ininterrumpida que Allende extendió por tres décadas como parte del Congreso Nacional, medida que tendrá efecto una vez se notifique oficialmente a la histórica militante del Partido Socialista (PS).

«La memoria del Presidente Allende permanecerá intacta. El fallo no la mancilla. Hoy no habrá museo, pero seguirán las calles y plazas con su nombre a lo largo de todo Chile y el mundo, así como su legado político y el cariño de millones de compatriotas», señaló la socióloga a través de un comunicado, a la espera de la sentencia oficial.

«En mis más 30 años de servidora pública jamás usé mi cargo para beneficio personal y siempre he respetado la Constitución y las leyes» agregó Allende quien finalizó afirmando que tiene «la certeza de haber actuado siempre con total integridad», agregó.

El requerimiento que dio origen al fallo fue interpuesto por diputados de oposición, particularmente militantes del ultraderechista Partido Republicano y miembros de la coalición Chile Vamos, que aglutina a Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI).

La controversia empezó a fines de 2024, cuando el Gobierno anunció la compra por 933 millones de pesos (unos 950.000 euros) de la residencia de Allende con el objetivo de convertirla en un museo.

Esta operación consideraba la firma de contratos con la nieta y exministra de Defensa, Maya Fernández, y una de las hijas de Salvador Allende, la senadora socialista Isabel Allende, ambas impedidas constitucionalmente para celebrar contratos con el Estado por sus cargos públicos.

Además de la casa de la familia Allende, el Ejecutivo anunció la compra de la casa del expresidente Patricio Aylwin (1990-1994) para transformarla en un museo, propuesta que no tuvo buena recepción y sufrió múltiples críticas por parte de la oposición.

A las pocas semanas, Boric, que declaró en el marcó de la causa judicial abierta por este caso, cesó a la entonces ministra de Bienes Naciones, Marcela Sandoval, y a principios de marzo dimitió la exjefa de la cartera de Defensa Maya Fernández, después de que la oposición ultraconservadora presentara una Acusación Constitucional contra ella, que fue desestimada. EFE

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