Gobierno peruano condena ataque a comisaría y precisa que hay 27 heridos

Lima, 4 mar (EFE).- Los ministerios peruanos de Defensa y del Interior condenaron enérgicamente el ataque e incendio de la comisaría del distrito de Juli, en la surandina región Puno, cometido este sábado por manifestantes antigubernamentales y señaló que hay 27 heridos, a raíz de los enfrentamientos en esa localidad.

En un comunicado conjunto, ambos ministerios señalaron que «aproximadamente 300 violentistas» atacaron la comisaría de Juli con piedras y objetos contundentes por varias horas, a pesar de los intentos del oficial a cargo de dialogar con los manifestantes.

Los efectivos intentaron repeler el ataque pero fueron rebasados en número por los «extremistas», quienes incendiaron diversos ambientes de la comisaría con bombas tipo molotov, añadió la fuente oficial.

A raíz del ataque resultaron heridos 10 policías, que fueron evacuados en helicóptero, y también siete civiles que fueron atendidos en el hospital Rafael Ortiz Ravines.

En forma paralela, agregó el comunicado, otro grupo atacó la base militar de Juli, establecida temporalmente en un hotel, lo que provocó lesiones a diez efectivos del Ejército, que presentan contusiones y cortes en cabeza y brazos.

Además, se produjo otro «condenable» ataque contra la sede del Poder Judicial y se quemaron vehículos de la comisaría, del personal de la Policía y de la patrulla militar.

«La violencia contra instalaciones estatales, así como contra el personal policial y el servicio militar que se encuentra al interior de las mismas, no tiene justificación alguna», razón por lo cual se han iniciado las investigaciones para identificar a los responsables y entablar las acciones legales correspondientes, agregó el Ejecutivo.

PROTESTAS SE MANTIENEN EN EL SUR

La región de Puno, en la que se encuentra Juli, mantiene los bloqueos de caminos y paros de actividades desde enero pasado en que sus pobladores salieron a las calles a exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y una dura represión provocó la muerte de 18 personas en la vecina ciudad de Juliaca.

Esta semana una delegación de sus pobladores llegó a Lima para insistir en la demanda de elecciones generales anticipadas, pero un grupo de mujeres con sus pequeños hijos cargados fueron reprimidas por la policía con gases lacrimógenos, lo que enervó a sus paisanos.

La Defensoría del Pueblo hizo un «llamado urgente a la calma y la no violencia en Juli» y añadió que corresponde a la Fiscalía investigar los hechos de violencia ocurridos este sábado y las causas de las lesiones ocasionadas a los heridos.

LESIONES POR ARMA DE FUEGO

Por su parte, la Red de Salud de Chucuito, en Puno, detalló que siete de los heridos son atendidos en el hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli, entre los cuales hay un menor de 13 años por intoxicación por gas lacrimógeno, y un hombre de 48 años con herida de bala en el brazo derecho.

El alcalde provincial de Chucuito-Juli, Víctor Raúl Anchapuri, pidió al gobierno y las fuerzas armadas y policiales a no reprimir a su pueblo, y «no utilizar armas de fuego u otros objetos que puedan herir a la población que se encuentra en pie de lucha», según un comunicado compartido en las redes sociales.

Por otro lado, en Lima, la marcha convocada en el centro de la capital se dividió en varios grupos porque la Policía impidió que avanzaran hacia el Palacio de Gobierno o el Congreso, y también recurrió a los gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, muchos de los cuales llegaron desde las regiones sureñas de Puno o Apurímac.

Desde diciembre pasado, cuando estallaron las protestas después del fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, han muerto 70 personas a raíz de las manifestantes.EFE

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