Greenpeace afronta juicio de 300 millones de dólares que hace peligrar su futuro en EE.UU.

Redacción Medioambiente, 21 feb (EFE).- Greenpeace afronta a partir del lunes un juicio en Estados Unidos a raíz de una demanda de Energy Transfer (ET) que exige 300 millones de dólares por unas protestas contra un oleoducto, un litigio que pone en peligro la continuidad de la organización ecologista en el país.

ET, dedicada al transporte de gas natural y propano, reclama a Greenpeace los daños causados por «incitar» a las protestas de la tribu sioux de Standing Rock en 2016 contra la construcción del oleoducto Dakota Access, en el norte de Estados Unidos.

El Gobierno de Barack Obama suspendió las obras de este proyecto por los posibles efectos medioambientales adversos. Sin embargo, en 2017, tras asumir por primera vez la presidencia estadounidense, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para permitir su construcción.

Ahora, ET reclama a Greenpeace los daños causados por supuestamente haber orquestado aquella ola de manifestaciones.

La organización ecologista niega las acusaciones y alega que «lo único que hizo fue apoyar una protesta encabezada por las tribus sioux en defensa de su territorio», asegura a EFE su asesora jurídica en España, Inés Díez.

«Evidentemente estamos muy preocupados. Esta es probablemente la demanda más seria que enfrenta, desde luego, Greenpeace y probablemente cualquier organización social», afirma Díez.

Los 300 millones de dólares que solicita ET -cuyo fundador y CEO, Kelcy Warren, es uno de los donantes de Trump- ponen en peligro la continuidad de la oficina de Greenpeace en ese país.

Pero, además, podría suponer una limitación «todavía mayor» del derecho a la libertad de protesta, de manifestación y de opinión, según la organización ecologista.

«Esto se podría convertir en un arma en manos de las grandes corporaciones, como un intento de silenciar no solamente al movimiento ecologista, sino a cualquier movimiento o persona que pueda protestar contra lo que están haciendo. Es una forma de callar a las organizaciones sociales y a todo aquel que apoya los derechos humanos», defiende Díez.

El caso se ha denunciado como un ejemplo de Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), un tipo de litigio civil cada vez más utilizado por corporaciones, políticos y otros grupos poderosos contra activistas, opositores o periodistas, entre otros.

En el caso de Greenpeace, denuncian acciones judiciales como la de la petrolera ENI contra su oficina en Italia, la demanda multimillonaria que Shell terminó retirando contra ellos en el Reino Unido o la que enfrentó a la organización con TotalEnergies en Francia, donde la justicia dio la razón a los ecologistas.

La Unión Europea aprobó el año pasado una ley anti-SLAPP para proteger a periodistas y activistas contra demandas abusivas destinadas a silenciarlos.

Pero con el regreso de Trump a la Casa Blanca, la organización ecologista teme que este tipo de demandas gane fuerza.

«El derecho a la protesta estaba en peligro antes de la llegada de Trump. En este momento está prácticamente moribundo», refiere Díez, que recuerda que plataformas como Meta han relajado sus políticas contra el discurso del odio.

La portavoz de Greenpeace asegura que, aunque el juicio acabe con la desaparición de la oficina en Estados Unidos, ellos van a seguir allí.

«Lo que no vamos a hacer es desaparecer las personas, no nos van a callar (…) Porque más allá de lo que suceda con la organización, seguiremos estando presentes», concluye. EFE

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