Grupos antimineros de Ecuador rechazan consulta del Gobierno por proyecto en zona andina

Guayaquil (Ecuador), 13 ene (EFE).- Grupos antimineros y defensores del agua en Ecuador rechazaron este lunes la consulta ambiental que el Ministerio de Energía y Minas realizó el sábado sobre el proyecto minero Loma Larga que se prevé realizar en una zona andina del país.

El pasado sábado, el Ministerio informó que el proceso de consulta libre e informada que se realizaba en la comunidad de Escaleras, la más cercana al área de la concesión minera de Loma Larga y perteneciente al municipio Cuenca, capital de la provincia andina de Azuay, había sido interrumpido por «actores políticos con intereses contrarios», que «atentaron frente al espíritu de diálogo» del evento.

La realización de este proceso es parte del cumplimiento de una sentencia judicial emitida por la Corte Provincial de Justicia del Azuay, que en 2023 declaró una vulneración al derecho a la consulta previa de las comunidades cercanas al proyecto minero, ubicado en la zona andina de Quimsacocha, y ordenó su suspensión hasta obtener la aprobación de la población local.

Sin embargo, las organizaciones, que calificaron la consulta como «falsa» y fraudulenta», acusaron al Ministerio de organizar el evento «de manera oculta», porque «no se informó» a las comunidades sobre la realización del mismo.

Denunciaron que cerca de 200 policías y militares uniformados y armados controlaron el lugar y que «las Fuerzas Armadas estaban preparadas para reprimir, asustando a la población y las familias».

«Dentro del evento habían cerca de 20 personas, quienes no viven en ninguna de las comunidades indígenas. Eran personas ajenas a las comunidades afectadas por el proyecto minero», señalaron las organizaciones en un comunicado.

«Se impedía el acceso de los miembros de la comunidad. Policías armados y con escudos bloqueaban el paso de mujeres ancianas, jóvenes y pueblos indígenas», mencionaron.

También dijeron que lo realizado por el Gobierno no fue una consulta, sino más bien «una socialización» que se «limitaba a informar de manera incompleta sobre actividades mineras en los páramos» de Quimsacocha.

Los grupos recordaron que en la sentencia, la Corte de Azuay también ordenó que previo a la consulta se realicen estudios técnicos sobre hidrología y biodiversidad, pero que el Ministerio presenta supuestamente «estudios incompletos que omiten a la población de Cuenca» y a las comunidades cercanas al proyecto.

El Ministerio de Energía y Minas, por su parte, condenó «los actos de violencia» ocurridos el sábado y dijo que reafirmaba su intención de cumplir con la sentencia y «garantizar los derechos constitucionales de las comunidades a ser consultadas».

Quimsacocha se encuentra a unos 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cuenca, y en 2012 un sector de 3.217 hectáreas de las 12.000 dadas en concesión minera fueron recuperadas por el Ministerio del Ambiente para crear una Área Nacional de Recreación, en el sector conocido como Las Tres Lagunas.

En 2021, la minera canadiense Dundee Precious Metals (DPM) adquirió la concesión para extraer oro, plata y cobre, al estimar unas reservas entre probadas y probables de 2,2 millones de onzas de oro y 88 millones de libras de cobre. EFE

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