Nueva ley de ONGs en Guatemala pone al país en riesgo de Estado «autoritario»

Ciudad de Guatemala, 6 jul (EFE).- Una reforma de ley para fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales en Guatemala, en vigor desde el pasado 21 de junio, da la pauta para un Estado «autoritario» y «no respeta principios internacionales», argumentaron este martes varios analistas durante un foro en línea.

La abogada María Isabel Carroscosa, representante de la Fundación 2020, aseguró durante el encuentro en línea que la reforma a la normativa denominada «Ley de Organizaciones No Gubernamentales» busca controlar con «discrecionalidad y arbitrariedad» a las entidades sociales.

De acuerdo a la jurista, la reforma promovida por el Congreso guatemalteco pone «en riesgo» al país » de caer en un «Estado autoritario» al respecto.

Por su parte, el abogado y representante de la Fundación Libertad y Desarrollo, Édgar Ortiz, aseveró que la reforma de ley hace ver como «enemigo» a las organizaciones no gubernamentales y además no «respeta principios internacionales».

El foro, que se llevó a cabo de manera virtual, fue organizado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) con la participación de Carrascosa y Ortiz, además de Carlos Cerezo, de Fundaeco y Mynor Alvarado, del Grupo de Apoyo Mutuo.

Cerezo argumentó durante los casi 90 minutos de encuentro que la nueva ley ahora vigente se «enfoca» en cancelar organizaciones sociales a discrecionalidad.

OBJETADAS DESDE EL EXTRANJERO

Las reformas a la normativa habían sido objetadas en su momento por organizaciones sociales locales y también por altas autoridades tanto en Estados Unidos como en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El origen del cambio de la ley es, según diversas fuentes, un intento de varios diputados de la anterior legislatura (2016-2020) de contrarrestar la lucha anticorrupción emprendida desde 2015 por el Ministerio Público guatemalteco y la ya desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Las reformas de ley, originadas en 2017 con el anterior período legislativo, ordenan el «control» de las organizaciones no gubernamentales en el país y su «fiscalización» aún cuando no manejen fondos públicos, entre otras medidas.

«Ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público», establece la reforma de ley. «Si una ONG utiliza donaciones o financiamiento externo para alterar el orden público, será inmediatamente cancelada», reza la normativa.

VIGENTE DESDE EL 21 DE JUNIO

La modificación a la ley fue aprobada en febrero de 2020 por el Congreso pero entró en vigencia el pasado 21 de junio después de ser avalada por el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, tras descartar un recurso legal en contra de la normativa.

La reforma de ley había sido sancionada el 27 de febrero de 2020 por el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, después de que el Congreso de mayoría oficialista la aprobara el 11 de febrero de dicho año en una extensa jornada parlamentaria.

El pasado 10 de junio, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, manifestó su oposición a la reforma de ley en declaraciones en Estados Unidos, tras una gira por Guatemala en la que dijo haberle pedido al presidente Giammattei que dejen «hacer su trabajo» sin obstáculos a las ONGs.

«Este es un tema que me preocupa profundamente, porque queremos asegurarnos de que hay independencia: un sistema judicial independiente, una prensa independiente, y que las organizaciones sin ánimo de lucro, las ONG, puedan hacer su trabajo sin interferencias. Eso lo dejé muy claro», afirmó Harris. EFE

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