Periodismo ambiental en Guatemala que conlleva recibir denuncias y amenazas

Lourdes Uquillas

Madrid, 2 may (EFE).- La práctica del periodismo ambiental le ha supuesto al periodista guatemalteco Carlos Ernesto Choc denuncias judiciales, amenazas, malos tratos y discriminación por informar sobre la contaminación del lago Izabal por parte de una empresa minera.

Choc, de Prensa Comunitaria, explicó en una entrevista con EFE que lleva cuatro años siendo criminalizado y sufriendo persecución y discriminación, tras denunciar y documentar en 2017 la contaminación del Izabal, el más grande de Guatemala, situado en el departamento del mismo nombre.

Según el periodista, de la etnia maya q’qechi, el ejercicio del periodismo en cualquiera de sus ramas en el país centroamericano no cuenta con garantías.

Actualmente es «muy peligroso» denunciar cualquier actividad ilícita ante la impunidad y la falta de un sistema judicial mermado por la salida del país de «muchos jueces y fiscales» que también han sido amenazados.

El lago Izabal, en el noreste de Guatemala, tiene casi 590 kilómetros de superficie y es la fuente de ingresos para cientos de pescadores, así como un lugar turístico del que dependen muchos negocios hosteleros, explica. Sin embargo, en 2017 sus aguas aparecieron teñidas de rojo.

Choc explica que realizó una investigación y recopiló documentación del caso para informar de la situación del lago y cómo estaba influyendo en la vida humana la actividad minera de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la empresa rusa Solway.

El periodista ha cubierto la información sobre la contaminación del lago, pero también las protestas de los vecinos que, al no obtener respaldo de las autoridades, decidieron quejarse cortando la carretera que da acceso a las instalaciones de la minera en la localidad de El Estor.

Con el corte de la vía, según Choc, solo se permitía el paso de los vehículos que no iban a la minera, mientras se restringía el acceso de camiones que trasladaban materiales y carbón para la producción.

«METALES MUY PESADOS»

Los vecinos, la mayoría del pueblo q’qechi, exigen una consulta previa sobre el proyecto, derecho recogido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que especifica que forma parte de los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas.

Según la OIT, la obligación de garantizar la puesta en marcha de la consulta previa a cualquier actividad que afecte a la vida de las personas recae en los gobiernos, y no en las empresas o ciudadanos. Debe hacerse independientemente de que los pueblos o comunidades tengan o no el título de los terrenos, ante la posibilidad de que esas acciones puedan afectar a sus derechos colectivos.

En este caso, es el derecho al acceso al agua, recogido además en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Guatemala es firmante, aunque no lo ha ratificado, del Acuerdo de Escazú, que impulsa el acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Sin embargo, advierte Choc, en el país centroamericano «hay muy pocas garantías para los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos» y la impunidad para los agresores «es la normalidad».

En los análisis del agua del lago realizados por las autoridades guatemaltecas no se encontraron contaminantes peligrosos; sin embargo, los resultados de un laboratorio alemán revelaron que el agua del Itzabal contiene «metales muy pesados, entre ellos, el níquel».

Revelar la contaminación del Izabal e informar de las protestas le ha valido a Choc una denuncia de CGN, que «restringe el derecho a informar», según su abogado. Libertad de prensa del periodista que está siendo restringida por una segunda orden de aprehensión, «por investigar, documentar e informar».

El periodista lleva más de 16 años en la profesión, siempre «trabajando por la comunidad», indica. En los últimos años, la situación es «cada vez más difícil», más aún después de denunciar la muerte a manos de la policía de uno de los manifestantes.

Ha sufrido «amenazas y allanamiento de su vivienda», que comparte con miembros del Consejo Ancestral de los q’qechi.

Carlos Ernesto Choc denuncia además discriminación por su «origen indígena», una situación «que no entiende», pero que existe en países de Latinoamérica y el Caribe.

No obstante, señala, ha contado con el apoyo de los colegas guatemaltecos y extranjeros como el Consorcio Forbiden Stories. EFE

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