Comunidades indígenas de Guatemala rechazan iniciativa de ley sobre protestas

Ciudad de Guatemala, 17 ago (EFE).- Varias organizaciones indígenas rechazaron este miércoles en el Congreso de Guatemala una iniciativa de ley que avalaría la represión con violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra manifestantes durante una protesta.

Los representantes de las comunidades indígenas de los 48 cantones del departamento (provincia) de Totonicapán (oeste) se presentaron en las instalaciones del Parlamento guatemalteco para ratificar su desagrado con la iniciativa de ley 6076.

Dicha iniciativa, denominada Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Publica y del Ejercito de Guatemala, pone en riesgo derechos constitucionales, según expertos.

De acuerdo también con diputados opositores, la ley confunde en cuanto al uso de la fuerza por parte de diversas entidades de seguridad, como la Policía Nacional Civil y el Ejército, además de la guardia presidencial.

De igual forma, la normativa hace «legítimo» el derecho de defensa de las fuerzas de seguridad durante protestas y manifestaciones, como ha señalado el legislador de oposición Bernardo Arévalo.

Los representantes de los 48 cantones de Totonicapán exigieron este miércoles que la ley fuera archivada ante la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, diputada del partido Vamos, el que llevó al poder al actual mandatario guatemalteco, Alejandro Giammattei.

Rivera había prometido hace una semana a las comunidades indígenas que la ley no llegaría a ser aprobada cuando se presentaron en las afueras del Congreso para expresar su descontento por la normativa.

UNA APROBACIÓN EN VILO

La sesión plenaria del Congreso fue suspendida por Rivera poco después de que los representantes de las comunidades indígenas fueran alojados en el palco de prensa.

«Estamos casi sin democracia sin Guatemala. Estamos corrompiendo el Estado de Derecho», aseveró el diputado Julio Ixcamey, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, durante el inicio de la sesión plenaria, finalmente suspendida.

Por su parte, la también diputada opositora Sonia Gutiérrez, de la agrupación política Winaq, pidió «archivar» la ley como lo está exigiendo «el pueblo de Guatemala».

A la polémica normativa le falta aún una aprobación final por parte del Congreso, compuesto por 160 legisladores (la gran mayoría perteneciente al oficialismo) para convertirse en ley, siempre y cuando el presidente Giammattei no la vete. EFE

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