HRW: Ortega ha intensificado represión en Nicaragua y ampliado el uso del exilio forzado

San José, 16 ene (EFE).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el poder desde 2007, ha intensificado la represión contra opositores y ha ampliado el uso del exilio forzado y la revocación de la ciudadanía como formas de atacar a sus críticos, señala el informe de Human Rights Watch (HRW) publicado este jueves.

El mandatario, de 79 años y que desde 2017 gobierna junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, también sigue cerrando organizaciones no gubernamentales (ONG) y universidades, y aplicando otros métodos sistemáticos de censura y persecución contra críticos y opositores, según ese informe.

En noviembre pasado -indica HRW-, Ortega propuso una reforma constitucional que amplía los poderes presidenciales y limitará los derechos fundamentales.

Esos cambios establecerán una «copresidencia» con Murillo y les otorgarían el poder de “coordinar” los demás poderes del Estado.

Esa enmienda, según HRW, parece diseñada para brindar cobertura legal a muchas de las violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del gobierno, como privar de la nacionalidad nicaragüenses a los llamados «traidores a la patria», y censurar a la prensa.

Esta semana la Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas, comenzó a aprobar en segunda votación y definitiva esa reforma.

Más de 450 nicaragüenses privados de su nacionalidad

El informe de HRW recuerda que en septiembre pasado el gobierno sandinista expulsó a 135 presos políticos a Guatemala y los despojó de su nacionalidad y de sus bienes, «violando el derecho internacional».

Más de 450 personas han sido privadas de la nacionalidad nicaragüense desde febrero de 2023 y muchas han quedado apátridas, según ese organismo.

Otros 46 opositores políticos siguen encarcelados, incluidos algunos líderes indígenas como los exdiputados Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Henríquez, así como el exasesor presidencial sobre asuntos indígenas Steadman Fagoth.

Asimismo, el informe alerta de que una reforma al Código Penal permite procesar a los nicaragüenses que están en el extranjero y que sean acusados de cometer delitos de «criminalidad organiazada» en Nicaragua.

Esa ley, apunta HRW, podría abrir la puerta para procesar a críticos en el exilio, incluidos aquellos que el gobierno ha expulsado.

La campaña contra la Iglesia

Sobre la libertad de religión, señala el informe, el Gobierno ha intensificado su campaña contra las instituciones religiosas, especialmente la Iglesia católica.

Desde octubre de 2023, Nicaragua ha obligado a exiliarse a más de 200 figuras religiosas, las ha deportado o ha prohibido su regreso al país.

Destaca el caso del obispo Rolando Álvarez, un crítico abierto del gobierno, que había sido detenido arbitrariamente desde agosto de 2022 y sentenciado a 26 años de prisión sin el debido proceso, y que fue enviado al Vaticano en enero de 2024 junto a 19 miembros del clero católico.

En total, las autoridades han detenido y posteriormente expulsado a 46 sacerdotes y obispos desde 2018.

La represión religiosa alcanzó a grupos protestantes y evangélicos. En agosto, las autoridades liberaron y expulsaron a 11 pastores de una iglesia evangélica que estaban encarcelados desde diciembre de 2023.

Defensores de DD.HH. y periodistas son «blanco» de amenazas

En su informe, HRW advierte además que los defensores de derechos humanos, periodistas y críticos son blanco de amenazas de muerte, agresiones, intimidación, acoso, vigilancia, campañas de difamación en línea, detención arbitraria, procesamiento, privación de la nacionalidad, expulsión y denegación de entrada a Nicaragua.

El Gobierno ha cerrado más de 5.600 ONG, de las cuales 1.500 cerraron en un solo día de agosto. Estas representan casi el 80 % las ONG que operan en Nicaragua, según las últimas cifras disponibles de 2018.

También ha cerrado al menos 58 medios de comunicación desde 2018, y entre enero y junio de 2024, 26 periodistas huyeron del país, con lo que el número total de trabajadores de medios que han huido de Nicaragua desde 2018 asciende a 263, según el reporte.

En tanto, los líderes indígenas y afrodescendientes enfrentan campañas de difamación, vigilancia, acoso, detenciones arbitrarias, procesamientos por motivos políticos y prohibiciones de entrada a Nicaragua.

En octubre de 2023, el Consejo Supremo Electoral despojó de su personalidad jurídica al partido político indígena YATAMA. Días antes, la policía detuvo a dos de los principales líderes, Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua, establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2022, documentó 67 incidentes violentos contra pueblos indígenas en los territorios miskitu y mayangna desde abril de 2018 hasta marzo de 2024, incluidos asesinatos, lesiones, violencia sexual y secuestros.

El informe también señala que Nicaragua se ha convertido en un importante punto de tránsito para migrantes y solicitantes de asilo que se dirigen a Estados Unidos.EFE

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