HRW y AI denuncian las condenas con «motivación política» contra Suu Kyi

Bangkok, 30 dic (EFE).- Los grupos defensores de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) denunciaron este viernes que la nueva condena a siete años de cárcel de la depuesta líder birmana Aung San Suu Kyi tiene «motivación política» para que pase el resto de su vida entre rejas.

«El ridículo y totalmente injusto desfile de cargos y condenas contra Aug San Suu Kyi es un castigo de motivación política diseñado para mantenerla entre rejas para el resto de su vida», afirmó en un comunicado Phil Robertson, subdirector de HRW en Asia.

Para Robertson, estas condenas, que con los 7 años decretados hoy suman 33 años de prisión por casi una veintena de delitos imputados tras el golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021, intentan «marginar permanentemente» a Suu Kyi y negar la victoria de su partido en las elecciones de noviembre de 2020, cuyos resultados la junta militar declaró fraudulentos.

«Un juicio libre y justo nunca fue remotamente posible bajo las circunstancias de la persecución política en su contra. Dado que Suu Kyi tiene 77 años, estos 33 años de penas acumuladas equivalen a una cadena perpetua en su contra», criticó.

Robertson atribuyó la fecha elegida para pronunciar la sentencia, el penúltimo día del año, a un intento de que «la comunidad internacional se pierda la noticia y haya poca publicidad global» y reclamó una respuesta internacional fuerte «con sanciones significativas que apunten a los ingresos por petróleo y gas» de la junta militar.

Por su parte, Meg de Ronde, directora de AI en la región del Sudeste Asiático declaró que los casos contra Suu Kyi han sido «motivados políticamente, injustos y con una falta completa de nada que se parezca a la transparencia», al igual que los casos contra miles de opositores «que se pudren entre rejas» en las cárceles y centros de interrogación birmanos.

De Ronde criticó que desde que la junta se hizo con el poder hace casi dos años «ha convertido los tribunales y el sistema penitenciario en un infierno de derechos humanos en el que periodistas, activistas, políticos, médicos, manifestantes y muchos otros están encarcelados por nada más que expresar pacíficamente su disenso».

Al menos 2.682 personas han muerto por la brutal represión ejercida de parte de las fuerzas de seguridad, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, y más de 13.100 permanecen detenidas, según datos de la oenegé birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).

La responsable de AI también llamó a una fuerte respuesta internacional y pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que imponga un embargo de armas integral, que incluya el combustible para aviación, y sanciones dirigidas a líderes militares.

«La comunidad internacional puede y debe hacer más para apoyar a la población birmana», dijo. EFE

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