HRW: Militarización de calles y cárceles causó «serias violaciones» de DD.HH. en Ecuador

Quito, 16 ene (EFE).- Los diferentes estados de excepción contra el crimen organizado decretados en Ecuador por su presidente, Daniel Noboa, en los que ordenó el despliegue de militares en calles y cárceles, produjeron «serias violaciones de los derechos jumanos» por parte de las fuerzas de seguridad, según el informe anual de la organización internacional Human Rights Watch (HRW).

Este estudio concluyó que las medidas del Gobierno ecuatoriano para aplacar la ola de violencia criminal, entre ellas la declaración de un «conflicto armado interno» en el país, se realizaron «sin aportar información suficiente que justifique la existencia de uno o más conflictos armados no internacionales», como argumentó el Tribunal Constitucional de Ecuador.

La presidenta de HWR para las Américas, Juanita Goebertus, explicó a EFE que «los informes de la propia Fiscalía hablan de más de 200 casos denunciados por excesos en el uso de la fuerza, 80 casos de tortura, por lo menos 8 casos de desapariciones forzadas y 15 ejecuciones extrajudiciales».

El documento apunta que «los militares mantienen incomunicados a muchos detenidos durante largos periodos, obstruyendo el acceso a abogados y atención médica» además de «palizas, uso indebido de gases lacrimógenos, descargas eléctricas, violencia sexual y homicidios».

Estos casos levantaron la preocupación de jueces y organizaciones en defensa de derechos humanos como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que expresó su inquietud por «las condiciones inhumanas de los reclusos, incluida la escasez de comida».

En febrero, según reseña HRW, un magistrado dictaminó que los militares ponían en riesgo a los detenidos y que las autoridades penitenciarias incumplieron sus obligaciones, por lo que ordenó atención médica y una investigación sobre tortura.

Transparencia democrática

La organización también alerta de la fragilidad del sistema judicial y del número de denuncias de corrupción que soporta, así como de su escasa capacidad y seguridad para combatir la impunidad y el crimen organizado.

«Jueces y fiscales corren peligro y carecen de protección adecuada. Al menos 15 han sido asesinados desde 2022», recordó HRW, entre los que se encuentra el fiscal César Suárez, quien indagaba sobre el asalto de una banda criminal al canal TC Televisión durante una emisión en directo.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU y grupos de la sociedad civil expresaron su preocupación por el proceso de selección de jueces, incluido el de la Corte Nacional, al considerar que carecían de transparencia y de participación ciudadana, lo que planteaba dudas sobre su imparcialidad.

Asimismo, incidió en que el presidente Noboa tachara de «antipatriotas» a las organizaciones que denuncian las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad bajo el «conflicto armado interno», con el que el Gobierno pasó a catalogar a las bandas criminales como «terroristas».

Suspensión a la vicepresidenta

El estudio de HRW también reprocha la actuación de Gobierno por no proporcionar una base legal para suspender a la vicepresidenta Verónica Abad pocas semanas antes de que le tocase asumir las funciones presidenciales durante la campaña electoral, algo que Noboa no ha hecho, al no pedir licencia y nombrar por decreto a una «vicepresidenta encargada» que asuma dichos poderes temporalmente.

La organización cuestionó igualmente el proceder del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que inhabilitó al candidato presidencial Jan Topic en base a «pruebas confidenciales».

Por otra parte, HRW reportó 160 ataques perpetrados por agentes estatales y del crimen organizado contra la libertad de expresión y de prensa, incluidos discursos estigmatizadores, obstáculos al acceso a la información y agresiones verbales contra periodistas.

Cierre de explotación petrolera postergado

Respecto al proceso de cierre del Bloque 43-ITT, explotación petrolera ubicada dentro del Parque Nacional Yasuní sobre la que los ecuatorianos votaron desmantelar en un histórico plebiscito celebrado en 2023, HRW incidió en que el Gobierno ha incumplido el plazo de un año dispuesto por la Corte Constitucional para poner un margen de unos cinco años en completar el proceso.

En cuanto al derecho de identidad, la organización anotó que, pese a que el Gobierno actual promulgó un reglamento para el reconocimiento de género para las personas trans, el poder legislativo no ha revisado las disposiciones sobre el matrimonio civil de parejas del mismo sexo o la reproducción asistida.

Tampoco ha permitido aún que las parejas del mismo sexo puedan registrar a niños con sus mismos apellidos o que puedan optar a la adopción. EFE

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