Indígenas de Guatemala indican que masacre de Embajada de España sigue impune

Guatemala, 31 ene (EFE).- Decenas de indígenas, campesinos y activistas de derechos humanos conmemoraron este domingo que hace 41 años 37 personas murieron calcinadas en la Embajada de España en Guatemala, e indicaron que hay responsables del crimen que aún «siguen impunes».

Según las principales organizaciones sociales y campesinas que rememoraron la masacre en la antigua sede de la misión diplomática, el caso aún cuenta con «responsables» que «siguen impunes», por lo que «se hace más necesaria en estos días» reafirmar «la lucha por la justicia y contra la impunidad».

Si bien en 2015 fue sentenciado a 90 años de cárcel Pedro García Arredondo, jefe del Comando Seis de la Policía Nacional que ejecutó el operativo, aún la justicia no ha alcanzado a todos los participantes del crimen, como el prófugo exdirector policial Donaldo Álvarez Ruiz o el fallecido expresidente Romeo Lucas García (1978-1982).

El Comité de Unidad Campesina (CUC), la Asociación Estudiantil Universitaria (AEU) o la Fundación Rigoberta Menchú Tum -de la Premio Nobel de la Paz 1992-, subrayaron en un comunicado que la masacre de la Embajada de España, del 31 de enero de 1980, «vino a significar un parteaguas en la historia moderna de Guatemala, que evidenció la voluntad de imponer a sangre y fuego una política contrainsurgente».

Esa decisión del Gobierno, en medio de un conflicto armado contra los grupos guerrilleros entre 1960 y 1996, incluyó «a la población civil como un objetivo militar y provocó el asesinato indiscriminado de más de 200.000 personas», además de una política de «tierra arrasada» en las comunidades que arrasó a «más de 400 aldeas», señalaron.

En enero de 1980, un grupo de campesinos e indígenas habían tomado la misión española para protestar por las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el norte del país y las frágiles condiciones de vida en la costa sur, principalmente en los cañaverales.

La mañana de ese 31 de enero de 1980, los campesinos colocaron una manta que no cayó en gracia del Gobierno, por lo que la Policía Nacional de la época envió a un contingente a retirar a los intrusos y durante la operación la sede diplomática se incendió.

Durante el juicio de 2015, la Fiscalía demostró que García Arredondo ordenó que ninguna de las personas que estaban en el interior de la embajada, ocupada por un grupo de campesinos y estudiantes para denunciar la represión militar en el departamento noroccidental del Quiché, saliera con vida.

Entre las víctimas mortales de la masacre figuraron el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Cáceres Lehnhoff y el excanciller Adolfo Molina Orantes, quienes se encontraban de visita en la sección consular.

También el cónsul español Jaime Ruíz del Árbol y otros dos españoles, Luis Felipe Sanz y María Teresa Villa, fallecieron ese día.

Únicamente sobrevivieron el embajador español Máximo Cajal, quien consiguió escapar del lugar, y uno de los manifestantes: Gregorio Yujá Xoná, llevado a un hospital. Allí fue secuestrado y asesinado para convertirse en la víctima 38 del siniestro.

El cuerpo de Gregorio Yujá Xoná apareció el día siguiente en la Universidad de San Carlos (pública, autónoma), con un mensaje de amenaza a los simpatizantes del movimiento estudiantil y en general a todo el que apoyara a la lucha contra el Gobierno.

A 41 años de la masacre, perpetrada por la Policía para acallar las peticiones de los campesinos e indígenas, «nuevamente se persigue, hostiga, criminaliza, ataca y asesina a dirigentes y líderes indígenas y campesinos y a quienes luchan por defender el territorio y los derechos colectivos», esgrimieron las organizaciones este domingo

La memoria histórica, concluyeron, «es fundamental para promover la movilización social y la unidad para la defensa de los derechos humanos y garantías constitucionales», con el fin de frenar el «avance de la agende de impunidad que promueve el pacto de corruptos», un grupo de congresistas, políticos y empresarios señalados de minar la lucha anticorrupción y la justicia en Guatemala. EFE

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