Indígenas de Ecuador denuncian que se “criminaliza” a opositores a minera canadiense

Quito, 18 mar (EFE).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció este lunes una presunta trama de “criminalización” de la protesta de comunidades campesinas contra la instalación de una minera canadiense en el centro andino del país. La Conaie, además, denunció la presencia de cientos de militares y policías en la zona conocida como Palo Quemado y Las Pampas, de la provincia andina de Cotopaxi (centro) donde se realizan procesos de consulta para tramitar los permisos de desarrollo del proyecto minero La Plata, concesionado a la canadiense Atico Minning. “Se ha iniciado un nuevo proceso de criminalización de la protesta social. La Fiscalía del Estado ha acusado a 70 comuneros de las parroquias Palo Quemado y Las Pampas, del cantón (municipio) Sigchos por el presunto delito de ‘terrorismo'”, afirmó la Conaie en un comunicado. La acción fiscal “surge como respuesta a la resistencia de la población durante el proceso de falsa consulta ambiental iniciada por el Ministerio de Ambiente, en un contexto de violencia promovido por el Gobierno del presidente Daniel Noboa y las mineras” que pretenden asentarse en zonas de alto valor hidrológico para el país, agregó la Confederación. Asimismo avisó que este lunes ha llegado a Palo Quemado y Las Palmas un fuerte contingente de policías y militares como respuesta del Gobierno “a la resistencia pacífica de sus habitantes”. “La imposición de una consulta ambiental mediante la fuerza militar no solo ignora, sino que viola los derechos fundamentales de los pobladores, quienes legítimamente defienden los territorios”, añadió la Conaie. Afirmó que “se ha reportado el intento de ingreso de más de 500 militares, generando un clima de tensión y preocupación en la región” También el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC, integrante de la Conaie) y el Frente Nacional Antiminero han ratificado la denuncia sobre la “criminalización” de campesinos opuestos a que el Gobierno lleve adelante un modelo de consulta a las comunidades involucradas en dicha concesión minera. “La falta de información adecuada y accesible, la exclusión de las voces disidentes, la manipulación de los datos, la represión policial y militar y la omisión de estándares internacionales, convierten a este proceso en un mero trámite burocrático para justificar decisiones que ya están tomadas en los despachos de las empresas mineras y de los políticos corruptos”, agregó. Los campesinos condenaron la actitud del Gobierno que pretende, aparentemente, justificar la intervención de las fuerzas de seguridad sin investigar hechos ni circunstancias, y desviar la atención sobre las maniobras de las mineras para controlar los territorios entregados en concesión. “Hacemos un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo como ente veedor de esta grave violación de derechos humanos”, añadió la fuente y recordó al Gobierno ya ha suscrito el llamado Acuerdo de Escazú sobre la protección a los defensores de la naturaleza y la responsabilidad internacional que supone incumplir ese precepto. También pidió a la comunidad internacional mantener la vigilancia sobre las “macabras intenciones del Gobierno, que busca silenciar a los defensores de la naturaleza, tachándoles de terroristas” y así poder militarizar “territorios estratégicos” para las mineras foráneas. Sobre el proceso minero en Palo Quemado y Las Palmas, en noviembre pasado la Corte Constitucional declaró como “inconstitucional” una consulta minera efectuada por el Ministerio del Ambiente, amparada en un decreto que emitió el entonces mandatario del país, el conservador Guillermo Lasso. La Corte incluso dio razón a la Conaie por invocar regulaciones internacionales sobre el procedimiento “consulta previa, libre e informada” a las comunidades, en protección de sus territorios y culturas. Ese proceso de consulta del anterior Gobierno, que también fue rechazado por el movimiento indígena, estuvo salpicado por enfrentamientos entre manifestantes antimineros y la fuerza pública. De su lado, el Gobierno del actual presiente Daniel Noboa, que ha insistido en la consulta, ha denunciado y rechazado supuestos hechos de violencia por parte de los campesinos contra funcionarios de su administración. El Ministerio del Ambiente ha confirmado su intención de llevar adelante el proceso de consulta en el área de la concesión minera La Plata, donde se prevé existe un yacimiento de oro, plata y cobre. “Se han coordinado acciones de seguridad con las instituciones correspondientes a fin de que el derecho de las comunidades de la zona de influencia directa a ser informadas y consultadas, sea respetado”, informó la semana pasada esa cartera de Estado. EFE fa/fgg/rrt