Indígenas reclaman justicia un año después de vertido en Amazonía de Ecuador

Quito, 7 abr (EFE).- Centenares de miembros de comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana se dieron cita este miércoles frente a la sede de la Judicatura en la norteña ciudad de Francisco de Orellana, para reclamar justicia por los daños provocados por un vertido de crudo ocurrido hace hoy un año.

«Este es uno de los peores derrames del siglo. Ya hemos sufrido tres, y los responsables son la empresa OCP y Petroecuador, que no han respondido», aseguró Carlos Jipa, presidente de la federación indígena Kichwa, FCUNAE.

Hace un año el vertido de más de 15.800 barriles de crudo, según los denunciantes, se desperdigó por los ríos amazónicos Coca y Napo afectando a unas 27.000 personas y 105 comunas habitadas principalmente por nacionalidades indígenas.

Los dirigentes y activistas de organizaciones ecologistas lo consideraron como el mayor vertido de los últimos 15 años y solicitaron una acción de protección con medidas cautelares contra las empresas petroleras responsables del crudo.

Sin embargo, en septiembre un tribunal provincial de Ecuador negó la acción presentada por asociaciones civiles y víctimas, al no considerarse competente, y desde entonces los afectados han recurrido sin éxito en varias instancias.

Las empresas petroleras aseguran haber asistido a los perjudicados poco después de conocerse el derrame, aunque Jipa valoró hoy las medidas como insuficientes: «Eso no es así, cada vez que llenamos el balde de agua, tenemos que esperar a que se asiente la suciedad para consumir», denunció en la convocatoria difundida por redes.

Centenares de familias recorrieron en una marcha reivindicativa las calles de Francisco de Orellana, conocida localmente como «El Coca», entre el edificio de la Judicatura y la sede de la Fiscalía.

«Las nacionalidades de Orellana estamos cansadas de tanto atropello, continuaremos con esta lucha hasta las últimas consecuencias», advirtió el dirigente de FCUNAE.

En la convocatoria también intervino el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), Marlon Vargas, quien quiso expresar su «apoyo absoluto a toda esta lucha desde las bases de la Amazonía norte».

«Durante años, -abundó- la explotación petrolera solamente ha dejado contaminaciones, daños ambientales, pobreza dentro de los territorios de las nacionalidades», y lamentó que «los jueces no hayan reconocido los daños del crudo que hubo hace un año».

El 7 de abril de 2020 se produjo la rotura de tres conductos de dos oleoductos que van desde la Amazonía, hasta la costa ecuatoriana, como consecuencia de un corrimiento de tierra en una región altamente sísmica y erosionada entre las provincias de Orellana y Sucumbíos.

Las empresas demandadas fueron las operadoras del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), además de los Ministerios de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Ambiente y Salud Pública y a la Procuraduría del Estado.

Responsables de los oleoductos aseguraron que cerraron las tuberías tan pronto como supieron de su rotura, y que el combustible derramado es la cantidad remanente desde las válvulas. También documentaron la entrega de agua y kits alimentarios a las poblaciones afectadas.

Asimismo, adujeron que el deslizamiento fue una situación de ‘causa mayor’, si bien los demandantes alegaron que se trató de un hecho previsible y que, en todo caso, el código ambiental obliga a la adopción de medidas tecnológicas por parte de la industria petrolera para minimizar los riesgos y daños. EFE

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