Indígenas y colectivos piden al Gobierno de Perú que no promulgue la polémica ley de ONG

Lima, 5 abr (EFE).- Organizaciones indígenas, colectivos de la sociedad civil y políticos de izquierda pidieron al Gobierno de Perú que devuelva al Congreso sin promulgar una modificación de la ley que regula a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), lo que ha generado gran polémica en el país y el rechazo de organismos nacionales e internacionales.

Representantes indígenas, sociales y políticos alertaron que la nueva norma «perjudicaría el apoyo a las poblaciones más pobres y limitaría el trabajo de organizaciones que denuncian abusos y defienden a comunidades vulnerables».

Aseguraron que el dictamen, que fue aprobado el pasado 12 de marzo por el Congreso, pero aún debe ser promulgado por el Ejecutivo, plantea «un control excesivo» al uso de fondos de la cooperación internacional, lo que afecta «crucialmente el apoyo en temas como medio ambiente, inclusión social, salud y gestión de riesgo de desastres».

La organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) señaló este sábado a EFE que un punto cuestionado es que toda la actividad financiada con cooperación internacional deberá contar con la aprobación previa del APCI, lo que puede abrir la puerta «a una discrecionalidad abusiva» en la ejecución de los fondos.

«Muchos financistas podrían decidir pausar o cancelar su cooperación, derivando sus recursos a otros países», comentó al respecto Hugo Che Piu, director ejecutivo de DAR.

Che Piu consideró que las nuevas reglas también pueden «limitar seriamente» la participación de los ciudadanos en temas ambientales y «esta no sería una norma contra las ONG, sino contra todos los que aspiran a un ambiente sano y equilibrado y a un desarrollo sostenible».

La integrante del consejo directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) Teresita Antazú manifestó la preocupación de las comunidades indígenas porque los cambios legales forman parte de una serie de normas que debilitan los derechos de sus pueblos.

Recordó que sin el respaldo de organizaciones internacionales casos emblemáticos que los afectaron no habrían tenido asesoría jurídica y adelantó que se preparan para presentar acciones legales y denunciar la situación a nivel nacional e internacional.

El proyecto de ley aprobado plantea fiscalizar los recursos de la cooperación internacional que reciben las organizaciones no gubernamentales en el país y ya desde el año pasado generó gran polémica tras ser considerado un intento de restringir las actividades de la sociedad civil en Perú.

Según sus promotores, la norma plantea una regulación similar a la de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aunque también introduce «la figura de organizaciones o entidades que realicen el activismo político».

Ante esto, organizaciones como Amnistía Internacional Perú denunciaron que se restringe «indebidamente los derechos de asociación, libertad de expresión y acceso a la justicia», mientras que la relatora especial de la Naciones Unidas en Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, expresó su «extrema preocupación» e instó al Gobierno peruano a no promulgar la ley.

Además, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) repudiaron la ley, por considerar que «impone un sistema de control, censura y persecución contra las organizaciones de sociedad civil». EFE

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